Tegucigalpa, Honduras.- Los potreros, túneles y cunetas fueron los refugios de cientos de manifestantes en la carretera CA-5 desvío al departamento de La Paz, centro del país, atendiendo el paro nacional en defensa a los derechos de la salud y educación.
Los ataques de parte de las fuerzas represoras del Estado, con órdenes del régimen de Juan Orlando Hernández, para disuadir las acciones de protesta, dejaron a varios docentes golpeados y fracturados, además de muchas personas afectadas por los gases lacrimógenos.
Según testimonios de manifestantes, en su mayoría de pueblos indígenas, hay muchos compañeros y compañeras golpeadas, que lograron salvar sus vidas al tirarse entre el monte o debajo del puente que intercepta en el kilómetro 64 del corredor central, los departamentos de La Paz con el municipio de la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.
Se denunció que habían personas detenidas y con paradero incierto, por lo que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó acciones correspondientes, sin obtener mayor información.
Cabe señalar que, si bien hubo personas capturadas, fueron puestas en libertad, aunque en horas de la noche la dirigencia magisterial de La Paz y Comayagua continúan corroborando que todos sus agremiados estén bien y en lugares seguros.
Víctimas de la represión
Al menos dos maestros golpeados fueron identificados como Óscar López, director del Centro de Educación Básica de la aldea San José, Guajiquiro; a quien le fracturaron el brazo izquierdo y por ello presentó denuncia ante el Ministerio Público; y el profesor Franklin (se desconoce el apellido) posiblemente del municipio de San Marcos, tiene golpes en la espalda.
A más de un mes de protestas sociales pacíficas por la derogación de los decretos Presidenciales en Consejo de Ministros (PCM) 2019-26 y 2019-27 encaminados a privatizar los derechos a la salud y educación, este Comité ha documentado más ataques a derechos humanos a nivel nacional, y dos personas muertas.
Un médico que participaba en la toma de carretera, denunció que llegaron unos seis comandos, doce patrullas y unos dos carros militares paila larga, en total unos 300 a 400 efectivos armados, que sin mediar palabras, atacaron a los maestros, doctores, estudiantes y demás pueblo en lucha.
Los policías y militares corrían tras los y las manifestantes, disparando balas de goma, gases lacrimógenos y piedras con huleras.
El pasado 30 de mayo, una bala policial impactó el abdomen del profesor indígena lenca de Intibucá, Claros González, en Siguatepeque, y como consecuencia perdió su riñón derecho.
En el Bajo Aguán, al menos ocho campesinos y defensores de derechos humanos, niños y ancianos fueron golpeados y heridos por militares.
Pese al anuncio del régimen Hernández, sobre la supuesta derogación de los PCM, la Plataforma ha desmentida este hecho y sigue firme en la convocatoria a la movilización social, para que se respete el derecho del pueblo.
