Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- Incertidumbre, persecución política, criminalizados y presos políticos son algunas de las situaciones por las que está atravesando la población del municipio de Las Vegas al norte del departamento de Santa Barbará, todo esto a raíz de la crisis post electoral de 2017, donde se desencadenó una persecución a la posición política por no estar de acuerdo con el fraude electoral.
Para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos por parte de las personas que están en el poder, un grupo de pobladores del municipio de Las Vegas se unió para defender y velar por los derechos humanos de la población que se encontraba desamparada, pero ni ellos se han salvado por ser defensores de derechos humanos, también fueron criminalizados y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se trasladó a la zona para reunirse con las personas que han sido criminalizadas y con los defensores que fueron privados de su libertad por varios días, para verificar la situación de las violaciones a los derechos humanos en ese municipio y conocer la situación jurídica de sus casos.
El defensor de derechos humanos, Ovidio Enamorado Guillen, expresó “que nosotros hemos andado defendiendo a las personas para que no se cometa abuso de autoridad por parte de las autoridades locales, que no se les violente el derecho a subsistir y a un montón más que tienen las personas, ya que dicen que el primer derecho que tienen las personas es el derecho a la vida y en eso nos hemos enfocado a velar por las personas que se les respete la vida”.
Ovidio asegura que es una persona que siempre ha estado en contra de los sistemas que se han implantado en el país, “desde hace tiempo yo estoy en contra de estos sistemas espurios que nos han gobernado por décadas en este país; me crie en esa condición así que yo llegué al punto de tener la mayoría de edad y me resistí a votar, porque no creía en el sistema que nos han gobernado y ni en este último sistema que se ha implantado, que ya lleva más de una década”.
“He estado en contra y es donde más me ha indignado por la forma que nos siguen tratando, como le digo estoy siempre en contra de cualquier sistema que se imponga en nuestro país y esté en contra de los derechos de las personas y estamos peleando siempre por eso, y no vamos a dejar de pelear porque nos ha pasado y no vamos a dejar de pelear, no importa si nos matan, no nos interesa eso, lo que importa es que cambie esta forma de vida en este país”, afirmó.
Ovidio asegura que no dejará de velar por los derechos de las personas, porque la necesidad que había de muchas violaciones a los derechos humanos en el municipio, decidieron junto a otras personas crear una comisión que velara por los derechos humanos, y que aunque ahora no pueda hacerlo por la criminalización que existe en su contra, no va a dejar de pelear y de luchar.
Aunque ahorita sea yo un preso político pero eso no me afecta porque eso algún día va a pasar y vamos a seguir más adelante con esta lucha que nos hemos propuesto, porque el objetivo de ellos, desde el principio, fue como dice el dicho, divide y vencerás.
Agregó el defensor que “nosotros hemos encontrado el apoyo a nivel nacional de varios organizaciones como el COFADEH y nosotros ahora nos sentimos más protegidos que como estábamos antes; ahora tenemos un reconocimiento a nivel nacional e internacional porque nosotros hemos estado en los espacios que ha estado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido a este país para verificar la situación de derechos humanos, nosotros hemos estado allí discutiendo la situación de este pueblo y a nivel nacional también”, finalizó.
Por su parte Nelson Álvarez, quien también fue criminalizado, asegura que la situación se ha tornado difícil ya que tiene la libertad restringida por un proceso injusto del cual no son culpables.
“Es complicado porque directamente uno no tiene una libertad como la que tenía antes, después de haber salido de El Pozo (cárcel de máxima seguridad) me pusieron medidas cautelares, como no andar en establecimientos públicos, no salir del país, no andar en reuniones políticas, todo eso nos prohibieron, y aparte de eso estanos siendo reprimidos en el pueblo, no tenemos oportunidad de empleo porque ven que tenemos un mal record en los antecedente penales”.
“Ahorita para hablarle de lo económico le digo que estamos viviendo una vida alimenticia mala, al menos yo tenía una propiedad en Roatán que por la situación de criminalización me tocó venderla para subsistir y por medio de allí me estoy sosteniendo, mientras se soluciona este problema”, señaló.
Asimismo añadió que “luego voy a tener que migrar a otro lugar porque aquí no hay oportunidades de empleo, soy padre soltero y no voy a permitir que mi hija viva en esta situación que estamos viviendo en este país”.
Tanto Ovidio Enamorado Guillen y Nelson Álvarez, junto con 29 personas más de la comunidad, fueron acusadas de la quema de la Alcaldía, hecho ocurrido el 18 de julio de 2018, y se dictó orden de captura pese a no tener ninguna prueba de su participación en el hecho.
Las primeras capturas se dieron el jueves 30 de agosto de 2018, donde 12 personas fueron detenidas, de las que tres de ellas (mujeres) se les dio medidas distintas a la prisión, es decir que se pueden defender en libertad. Los nueve restantes (hombres) fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, donde permanecieron alrededor de cuatro meses y ahora tiene las mismas medidas que las tres mujeres.
Aunque estas personas están en libertad aún pesa sobre ellos un proceso judicial en su contra, por lo que pasan a la lista de criminalizados y de presos políticos durante la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017.
