La semana santa nos metió en pausa de verano y nos cortó la posibilidad de levantar temas de peso en la agenda nacional, como la situación en los centros penales, el comportamiento de los operadores de la violencia, el cambiante escenario internacional y esa forma inapropiada, inamistosa y falta de cortesía con que el gobierno de Honduras retiró la candidatura del abogado Joaquín Mejía propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No vamos a especular en este espacio si las razones de retirar el perfil del doctor Mejía obedecen a consideraciones políticas de independencia y subjetividad, o a sensibles razones de libertad de expresión. Pero sí deseamos subrayar que el protocolo de retirada sin previo aviso y sin formalidades, viola las normas básicas del respeto.
Si el rol de las instancias interamericanas de derechos humanos está bajo cuestionamiento por parte de unos Estados, como consecuencia de los parámetros políticos instrumentales usados por unos contra otros, no es motivo para ignorar los modales diplomáticos de consulta y notificación oficiales, como se había hecho en la fase inicial con el candidato propuesto.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, que conoce al abogado Joaquín Mejía y con quien coincide en espacios de coordinación social, exige a la cancillería hondureña una disculpa honrosa hacia él, y una rectificación de sus modales oficiales en futuros procesos de Estado ante organismos internacionales.
A continuación, pasamos a lo siguiente: La semana santa nos ha revivido el tema de la seguridad carcelaria y el rol militar por un lado y, por otro, la visión política que asigna a la policía las cárceles, escenarios de reyertas armadas coordinadas, y a los militares la destrucción de sembradíos de cocaína y la custodia de prisioneros peligrosos en batallones.
Como eso parece una nebulosa en proceso de intervención, sin una cabal comprensión de parte de todos los actores, se impone entonces la necesidad de interrogar al Estado y al gobierno sobre el viejo tema de la desmilitarización.
El rol político lamentablemente protagónico de los militares en Honduras es un tema lastre en nuestra historia desde 1954. Es un peso financiero enorme para la sociedad y un costo demasiado grande para la democracia. Además de una deuda en materia de justicia penal largamente manipulada.
Estamos hablando del militarismo, de ese comportamiento enraizado no sólo dentro de los batallones y postas policiales, sino en la cultura patriarcal autoritaria y violenta mal enseñada de generación tras generación.
En 1954 fue Estados Unidos el que impuso un ejército a nuestro país, aprovechando el clima social efervescente de la huelga bananera contra sus compañías contaminantes y explotadoras de la fuerza laboral.
Desde aquel momento la fuerza militar, investida de poderes exclusivos y de privilegios inconstitucionales, fue entrenada para proteger los capitales de las élites sin importar si éstas eran latifundistas, especuladoras, corruptas o blanqueadoras de dinero sucio y ensangrentado, como en el presente.
El Pentágono y la Escuela de las Américas, formadores de gorilas, inventaron un enemigo interno y un enemigo externo permanentes para imponer en Honduras el servicio militar obligatorio y desatar el comercio brutal de armas. Convertirnos en su patio, en su portaviones.
Con ese propósito, la ocupación del territorio hondureño entre 1979 y 2023 ha dejado como resultado visible un grupo de generales panzones enriquecidos por el comercio ilegal de armas, una asociación de civiles drogos asaltantes de las empresas de la CONADI y un país minado, con más de 200 personas desaparecidas por razones políticas. Un golpe de Estado con nuevos ricos. Tres bases gringas permanentes, y nuevos carteles de productores y traficantes de drogas en plena operación.
Desde el gobierno de Callejas hasta nuestros días, los militares obedientes a Washington se ocupan de las compañías privadas de seguridad para imponer la fuerza en los territorios mineros, agroindustriales, energéticos y costeros, entre otros.
En este transcurrir del tiempo, desgraciadamente políticos sin talante ni talento han entregado a los hombres armados el control de las telecomunicaciones, las investigaciones criminales, las tareas de seguridad interior, la impunidad penal, y hasta el control de los bienes de la naturaleza.
Durante un período muy corto, entre 1995 y 2005, la sociedad organizada logró desplazar parcialmente a los militares de las instituciones públicas, pero con el golpe de 2009 regresaron en tropel a llenar los espacios perdidos. Y como ha quedado demostrado en el juicio a Tonny Hernández, regresaron a darle vía libre a los narcotraficantes, o a formar parte de su dinámica operacional.
Por eso hoy de nuevo estamos en problemas, porque la conducta de los militares abusivos de los años ochenta y de los militares golpistas de 2009 no fue sancionada, y no ha sido sancionada la conducta de generales y coroneles responsables de la dictadura narcotraficante que utilizó el Clan Hernández para enmierdar el país.
Las fuerzas armadas y policiales en uso de armas, municiones y uniformes que tenemos actualmente son las mismas que sostuvieron a ese barrio de 40 delincuentes recluidos en Nueva York, cuyo jefe máximo se apresta a escuchar sentencia condenatoria en septiembre próximo.
Los jefes militares a nivel de Estado Mayor y a nivel de regiones mencionados explícitamente en los juicios en Nueva York, porque extrañamente en Honduras no había poder judicial durante 14 años, no han sido requeridos todavía por la justicia neoyorquina. Y ese, indudablemente, es un cisma que está pendiente.
El asesinato del testigo Magdaleno Meza en una cárcel protegida por militares y la posterior liberación de líderes criminales que dirigieron esos hechos, son capítulos que hablan a gritos de esta deuda acumulada.
Y aquí es cuando ha surgido la primera interrogante seria al gobierno que anunció medidas contra el narcotráfico, las maras y pandillas, y el crimen organizado público y privado. El anuncio hecho público antes de las vacaciones extendidas aparentemente no incluyó prevenciones. No se previeron las reacciones de esos actores paralelos con poder: la M13, la M18, los productores de cocaína, los grupos armados estatales cómplices dentro de las escuelas del crimen, y de otros actores privados inversionistas de la extorsión y de otros rubros de crimen organizado.
El traqueteo de las cárceles, el asalto a viviendas de destacados políticos y periodistas, además de acciones de miedo a comunidades específicas, son hechos a tomar en cuenta dentro del análisis reactivo.
El anuncio de “mano dura en las cárceles” autogobernadas por maras ha llegado además acompañado de la prórroga del estado de excepción iniciado en diciembre 2021 en 123 municipios, y el traslado de reos peligrosos a batallones militares. Lo ocurrido el sábado y el domingo anteriores en 4 cárceles, de modo sincronizado, pareciera un mensaje en clave a descifrar.
Es verdad que los 12 años de criminalidad heredada no se resuelven en 12 meses de gobierno, pero en la búsqueda de soluciones al problema se deben pensar bien las acciones estratégicas, porque los enemigos están en casa, están adentro, tienen capacidad de sonar la mesa o de imponer sus criterios.
El informe reciente de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, asentada en Tegucigalpa, destacó con justicia el compromiso del Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana eliminando la FUSINA y sacando a los militares de las prisiones. Pero señaló como un obstáculo la continua presencia de la Policía Militar del Orden Público en tareas de seguridad de calle.
Una de las propuestas de la ONU es la adopción de una política integral en materia de seguridad con énfasis en la prevención e investigación, que aborde las causas profundas de la violencia en el país. Y en ese sentido destaca la instalación de una mesa interinstitucional de alto nivel de seguimiento a la implementación del estado de excepción, y el nombramiento ahora de una comisión de intervención de las cárceles.
Las Naciones Unidas han recomendado al gobierno que la desmilitarización de los centros penales sea de modo gradual, de los soldados a la policía nacional y, finalmente, al Instituto Penitenciario. Este es un proceso operativo y de cultura institucional, que necesita una visión y un liderazgo civil claros.
Remarca el informe del alto comisionado que el problema de inseguridad y violencia corresponden a una dinámica integral que debe priorizar siempre un enfoque integral de derechos humanos, de prevención, investigación y de sanción. Anteriormente este problema ha sido tratado como un tema de defensa nacional a resolver con armas, con la fuerza, con la tortura y jamás con rehabilitación.
Una sociedad que recibe llorando los cadáveres de sus migrantes quemados en Tijuana, que lucha en desigualdad contra la inflación y la desesperanza, que padece la violencia cotidiana, que se crispa escuchando liberales y nacionalistas simulando ser oposición cuando son el 80% del gobierno, es una sociedad que necesita reparación.
Somos una sociedad que necesita justicia. Que necesita la alegría de Pedro Canales, de los alegres del Sur, y de toda la Asociación de Desarrollo de la Península de Zacate Grande – la ADEPZA – que ayer celebró su 23 aniversario de lucha cantando. Saludos compitas!
