Por Giorgio Trucchi
Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), fue ultimado de quince disparos el 18 de marzo del año pasado, en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre. Un año y medio después, las autoridades quieren archivar el caso.
Rojas, que también era miembro del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW), gozaba de medidas cautelares otorgadas en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las que se le ordenaba al Estado de Costa Rica garantizar su integridad física y su vida.
Después de 19 meses sin avances sustantivos en la línea de investigación, el pasado 24 de septiembre el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
Una decisión que se enmarca en un contexto de total impunidad de los delitos cometidos contra miembros de los pueblos indígenas, que luchan en defensa y por la recuperación de territorios ancestrales.
El caso más reciente es el asesinato del líder indígena brörán, Jehry Rivera, ultimado por terratenientes en febrero pasado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba.
“La sombra de impunidad es enorme. Todas las denuncias que llegan al poder judicial son archivadas y esto contribuye a que haya más violencia.
El hecho de que el Estado no haya avanzado en el reordenamiento y saneamiento territorial, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación más expuestas a ataques mortales de parte de los terratenientes”, dijo Lesner Figueroa, coordinador del CDIAW.
Durante el conversatorio “¡Contra la impunidad, contra el olvido! El homicidio de Sergio Rojas y la violencia simbólica del Estado”, Oscar Retana, apoderado legal de la familia del dirigente indígena asesinado, acusó a las autoridades costarricenses de inacción.
“Costa Rica no sólo ha firmado diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que ha aprobado una ley que regula y garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Pero la realidad es otra. Somos una sociedad democrática sólo en papel, porque lo que hay es un incumplimiento sistemático de estas exigencias”, advirtió el abogado
Retana recordó también que cuando se trata de territorios indígenas, la justicia en Costa Rica es de doble vía.
“Tanto Sergio como otros miembros de organizaciones indígenas han sido repetidamente criminalizados y hasta judicializados. Pero cuando se trata de terratenientes violentos y usurpadores la impunidad es absoluta”, dijo.
Para Álvaro Paniagua, funcionario de la Defensoría de los Habitantes, el Estado, por su incapacidad, displicencia y omisión, es corresponsable del asesinato de Sergio Rojas.
“Nunca acató las medidas cautelares de la CIDH, ni ha respetado los acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas para el reordenamiento territorial, que incluía rectificación de límites, sistema de distribución de tierras y mecanismos de recuperación”, recordó.
Un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso, Naciones Unidas instó al Estado de Costa Rica a continuar con las investigaciones y evitar que el crimen quede en la impunidad.
Asimismo, pidió seguir impulsando acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.
“Vamos a recurrir la decisión de la Fiscalía para que la investigación continúe y el caso no quede impune”, concluyó el apoderado legal de la familia de Rojas.
