Tegucigalpa.- Este día, en las afueras de la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia, se realizó una conferencia de prensa para exigir la aplicación del decreto la amnistía establecida en el decreto 04-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, a los ex líderes estudiantiles Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla.
A los líderes estudiantiles, quienes permanecen con proceso que comenzó el 17 de julio de 2015, por una toma que se había realizado cuatro días antes, y, dos años más tarde, el 7 de junio de 2017, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia los condenó por el delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH.
Los tres ex dirigentes estudiantiles, ya egresados de la UNAH de las carreras de Trabajo Social, Periodismo y Sociología, desde que comenzó el proceso judicial en su contra, han tendido al país como cárcel, ya que han perdido un sinnúmero de oportunidades de estudio, formación y trabajo.
“El proceso a medida persiste está generando daños, no solo a nosotros de manera individual, si no que a nuestros familiares, yo ya tengo un padre muerto, alguien que dio 35 años de vida por la universidad, lo menos que puede hacer la universidad es adecentar este proceso y dejarnos en completa libertad, para seguir gozando de nuestros derechos ciudadanos”, señaló Cesario Padilla, uno de los estudiantes criminalizados por defender la educación Pública.
Manifestó que la institucionalidad debe cumplir con la aplicación del decreto de amnistía, ya que en el marco de ello fue creado, “esperamos que actúen conforme a la ley, nosotros ya tenemos las constancias que acreditan nuestra labor a nivel individual como defensores, pero como estudiantes, también como egresados de la máxima casa de estudios, y eso ya está contemplada, entonces lo que tiene que hacer el próximo viernes es darle trámite como lo establece el decreto 004-2022”.
La universidad cuenta actualmente con nueva administración, por lo que Padilla al ser consultado sobre cuál debería ser la postura de las nuevas autoridades, señaló que “en primer lugar este tipo de hechos de criminalizar estudiantes no se repitan, venimos de un proceso en que la universidad ha sido secuestrada desde hace 40 años, desde donde hubo desapariciones forzadas y asesinatos políticos, y lo que hace Julieta Castellanos cuando toma el mando de la rectoría es iniciar una escalada de persecución contra estudiantes, contra trabajadores y vemos más de 200 procesos penales en todos los centros regionales que tuvieron la participación activa de Julieta Castellanos”.
“En este momento un rector que tiene, digamos, la anuencia o aparentemente así lo muestra de hablar con la comunidad universitaria, lo menos que puede hacer es reivindicar que este acto no se repita y que por lo menos de manera pública se manifieste en contra de este tipo de hechos que dañaron la máxima casa de estudios”, añadió.
Por su parte, Moisés Cáceres, señaló que “la ex rectora Julieta Castellanos los acusó en represalias por que en aquel entonces el MEU no le quiso acompañar al Congreso Nacional con un anteproyecto de Ley para pedir una prórroga de cuatro años más de Gobierno, petición que le hizo a la dirigencia del MEU a través del vicerrector de aquel entonces, Ajax Irías.
“Porque no se le apoyó para que hubiera esa prórroga, no quiso firmar las estimaciones de este juicio en el 2015, lo cual nos libraron órdenes de captura tres años consecutivos (2015, 2016 y 2017)”.
“Y es en el 2017 que nos sentencian a tres años de prisión, como si fuéramos delincuentes, y lo único que defendíamos era la gobernabilidad de la Universidad, es decir, democratizar el gobierno universitario y defender la educación pública, ese ha sido nuestro delito en este país”, agregó.
Además, indicó que el “sistema judicial es completamente ciego ante la justicia social, donde nos criminaliza por un simple hecho, no había pruebas en contra de nosotros, jamás se presentaron pruebas en contra de nosotros, lo único que se agarró la jueza en aquel entonces (2017) fue el testimonio del abogado Roger Aguilar, que es el jefe de seguridad de la Universidad. Un testimonio falso, sin argumentos y sin pruebas”.
Sergio Rivera, delegado del Poder Popular, se solidariza con los tres ex dirigentes estudiantiles que de 2015 fueron acusados por el Ministerio Público del delito de usurpación, quienes como dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), exigían un proceso de democratización en la toma de decisiones de la UNAH, donde demandaban que al estudiante se le incluyera en la toma de decisiones para construir el proceso de IV Reforma Universitaria.
“Los compañeros que hoy están de nuevos sufriendo la persecución del Estado son los compañeros Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla; estos compañeros ya agotaron todas las instancias y a los compañeros de nuevo les reactivaron el juicio, cuando ellos ya estaban en un arreglo con las autoridades universitarias”.
“Los acusaron de usurpación, o sea ellos como que se iban llevar la universidad para la casa, un movimiento estudiantil que tuvo incorporados a cientos de estudiantes luchando por la democratización de la universidad, por ello hemos considerado que debemos de acompañar y acuerpar a estos compañeros estudiantes”.
A renglón seguido señaló que “es una tarea del movimiento estudiantil mantener viva la solidaridad, que es una tarea del movimiento popular hondureño mantener viva la solidaridad con estos tres estudiantes universitarios que fueron criminalizados, y que fueron condenados por el régimen de terror que tuvo la narco dictadura en el país, de la cual Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz formó parte”.
El actual delegado del poder popular señaló que estas acciones no son aisladas, ya que mientras reprimían a los estudiantes, en la entonces rectora, judicializo a más de 200 estudiantes.
“Algunos de ellos tuvieron que retirarse del campo estudiantil, otros tuvieron que correr por su vida y se fueron de nuestra tierra, porque al frente de la represión estaba un hombre que impunemente ostenta el cargo de jefe de seguridad en la universidad, y que impunemente levanta perfiles de estudiantes y sigue de jefe de seguridad, por eso hoy en El Poder Popular hemos decidido dar toda la solidaridad y el apoyo porque este caso debe de quedar en total justicia para Sergio Ulloa, Moisés Cáceres Y Cesario Padilla,
para que se haga justicia con ellos y se les libere de todo cargo”.
La audiencia donde se solicitará la aplicación del decreto 004-2022 será el viernes 26 de enero de 2024 en los juzgados de ejecución en Comayagüela a las 10 de la mañana.
Según registros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), más de 121 personas, entre estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, han sido beneficiados con dicho decreto.
