El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Regional Latinoamericana de la (UITA / Rel-UITA), la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), Convergencia Contra el Continuismo (CCC), y familiares de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, al cumplirse seis meses de su crimen, en custodia de la Policía Nacional, comparecemos públicamente para exponer lo siguiente:
Nos encontramos en escenarios de Honduras, España, Costa Rica y Estados Unidos, mediante platones, acciones populares y virtuales, accediendo a todos los medios de comunicación posibles para denunciar la impunidad y persecución de la que, como familia, somos objeto.
El hecho ocurrió el 7 de febrero de 2021, y se ha enmarcado como un caso emblemático de lesa humanidad. Este acto criminal en contra de la vida de la estudiante de enfermería sucedió bajo un Decreto de “toque de queda” que suspende las Garantías Constitucionales a nivel nacional con la excusa de controlar la propagación de Covid-19, aunque esté va cada día en aumento.
En este contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández, emitió el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, sucesivo al decreto PCM #021-2020 que nos mantiene sin Normas Fundamentales desde marzo del 2020. Y fue en esta circunstancia que a Keyla Martínez la privaron de libertad en las celdas de la Unidad Departamental de Policía #10 (UDEP #10), La Esperanza, Intibucá la noche entre el 6 y 7 de febrero.
A seis meses de buscar justicia, el Estado continúa revictimizando, persiguiendo, acosando e intimidando a la familia Martínez-Rodríguez, hechos que hemos denunciado constantemente en diferentes instancias públicas y privadas.
Para el caso, recientemente personas desconocidas nos perfilan mediante toma de fotografías cuando realizamos gestiones personales, hacen vigilancia en nuestras casas y zonas laborales. Adherido a todo el montaje policial-militar que exhiben para intimidarnos con sus armas, vehículos, patrullas y desinterés e inexistencia a nuestra petición de justicia.
Ante el proceder casi inexistente de los Operadores de Justicia, cada día lamentamos que la Verdad como derecho humano, está lejos de nosotros, apenas hay un policía de escala básica, Jarol Perdomo, en prisión preventiva, (medida que está cumpliendo en el Cuartel del Comando COBRAS), pese a que suspendió de sus cargos a dos policías por relacionarlos a este crimen, pero eran unos 18 agentes asignados a la UDEP #10 en febrero pasado, incluyendo al jefe sub comisario Melvin Alvarenga; además, el doctor Edgar José Orellana, quien fue capturado junto a Keyla, pero liberado horas después, según declaraciones públicas de Alvarenga.
No nos cansamos de exigir una investigación imparcial, pronta y absoluta que nos diga ¿Por qué mataron a Keyla? ¿Por qué la acusaron de suicidio? ¿Por qué acabar con la vida de una joven que servía a la sociedad desde su vocación y formación profesional? ¿Por qué la acusaron de escandalo en la vía pública? y ¿Por qué atacar a la familia? Que lo único que hacemos es pedir que se haga justicia.
¡Ya basta de manipulación! En lugar de perseguir y atacar a la familia de Keyla, exigimos al Ministerio Público que haga su labor como se lo demanda la patria.
Queremos que los involucrados en este crimen sean castigados y caiga sobre ellos todo el peso de la Ley, la cual debe ser en favor de quienes demandan justicia.
Apelamos a que no se pretenda ocultar la verdad maquillando los delitos. Que no se oculte el nombre ni el rostro de los responsables. Que no victimicen a los asesinos ni ataque a las víctimas.
Nuestro llamado es permanente y urgente a la Comunidad Nacional e Internacional y las voces defensoras de la vida a que nos acompañen hasta lograr que la vida de Keyla Rodríguez obtenga justicia, y su crimen sea una línea para evitar la no repetición de estas violaciones de lesa humanidad. Porque si bien, no vamos a recuperar su vida, podemos salvar muchas aun, pero solo será posible si los violadores pagan sus fechorías.
¡De los hechos y los hechores ni olvido ni perdón!
Tegucigalpa 5 de agosto de 2021
