Los periodistas, en el mundo, son instrumentos de los propietarios de las empresas de comunicación, de lo cual algunos son más o menos conscientes, otros no lo saben, y a muchos parece no importarles demasiado.
La influencia de ese factor sobre la vida de las personas, de los colectivos y de las sociedades no es un asunto que les importe analizar. Por eso van quedando atrás, superados a grandes zancadas por los medios ciudadanos.
La opinión pública va avanzando en paralelo a sus políticas desinformativas, y sin embargo no reflexionan. Perdieron las elecciones en Honduras y perdieron la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa.
Los ejércitos de los medios, los soldados de los medios, los empleados de los tubos atómicos de la mentira, han disparado estas dos últimas semanas más pólvora envenenada que todos los militares confrontados en el campo de batalla.
Las tóxicas empresas mediáticas del grupo Prisa en Europa, de las familias judías en Estados Unidos o las corporaciones de los Villeda Toledo, Canahuatis, Facussés, Rosentales y Asfuras en Honduras, han sido denunciadas por ser enjambres de esa guerra manipulada.
Manuel López Obrador, entre otros líderes políticos del mundo occidental, lo ha denunciado con valentía y con variados ejemplos, de frente a las elites ponzoñosas de México.
Este aparato propagandístico de los rancios valores de la tradición enmohecida anclados en religiones carcomidas y en ideas políticas de siglos pasados ha insistido sin éxito en imponerse sobre la conciencia colectiva con manipulaciones.
Decimos sin éxito porque en 12 años de dictadura no pudieron imponerse en Honduras. Emisoras Unidas, Televicentro, el grupo OPSA, Publinsa, canal 11, HCH y los periódicos de la nota roja criminal no pudieron contra el periodismo ciudadano, que los superó en movilización, en conciencia crítica y en votos.
Es oportuno repetir esta noche lo que revelamos en otra oportunidad reciente: entre 2009 y 2010 fueron las voces sensatas de dirigentes sociales como Carlos H Reyes, Rafael Alegría, Juan Barahona y Bertha Oliva que salvaron de la hoguera las instalaciones de esos medios.
En repetidas ocasiones, los provocadores, los infiltrados y también la militancia harta de esos medios, gritaban fuego, fuego! Pero la prudencia se impuso. No compañeros, no podemos responder a estos canallas de la misma manera. Sigamos adelante con lo nuestro.
El pueblo en resistencia sabía perfectamente qué medios y qué periodistas estaban al servicio del golpe, quienes siguen estando al lado de los golpistas y quienes se han beneficiado de la dictadura narcótica. El pueblo es sabio. A pesar de haber sido tantas miles de veces ninguneado, supo respetar la integridad de esos mercenarios y de los tubos privados.
En el actual contexto del nuevo gobierno de Xiomara Castro, esos aparatos ideológicos del crimen organizado insisten en combatir al pueblo con falsas noticias, con mentiras vulgares y con agendas paralelas.
Por ejemplo, ante la determinación del nuevo gobierno de reconciliar el país fraccionado por los narcotraficantes liberales y nacionalistas, los medios de esa calaña con su reo ahí en la escala de los Cobras insisten en asociar el perdón estatal de la amnistía a los políticos del gobierno de Manuel Zelaya y no a las luchadoras y a los luchadores sociales de la resistencia post golpista.
Como aclara la abogada Reina Rivera Joya en su muro de facebook, los juicios a ex funcionarios fueron falsos positivos, porque los fiscales y los policías los inventaron después de cometido el delito del golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Lo hicieron para masacrar jurídicamente a los vencidos.
“Los juicios fueron selectivos porque solo se iniciaron contra los más cercanos colaboradores al presidente depuesto, excluyendo a algunos ministros que se quedaron del lado del golpismo como Jorge Rodas Gamero que fue quien realmente autorizó los retiros de fondos de la Secretaría de Seguridad para la Cuarta Urna”, escribe la defensora Rivera que retomaremos más adelante.
Antes de proseguir, debemos admitir que existen algunos hechos de difícil comprensión en este proceso de aplicación de la amnistía. Hay, por ejemplo, un prejuicio bien profundo de la élite golpista hacia los ex funcionarios del gobierno liberal de 2005-2009, un sentimiento de odio real que afecta la aplicación del perdón. Eso es evidente, y no podemos ignorarlo.
En cuanto al rol del Comité de familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras dentro del proceso de ejecución del decreto de Amnistía también podemos decir que no es fácil precisarlo ante el gran público aún sediento de venganza. El Cofadeh certifica pero no autoriza a personas criminalizadas. ¿Qué es esto?
¿Qué es certificar a una persona? Es sólo emitir un papel de militancia, firmado y sellado, verificando que ella fue activa en el contexto de la participación de la lucha social después del golpe de Estado y que padeció estos y aquellos vejámenes penales por parte de la dictadura?
Y qué es hacer constar? ¿Qué es una constancia? En realidad estos son conceptos de profesionales jurídicos a veces con la manía de complejizar lo simple. Esto para decir otra vez que el Cofadeh, responsable de estas voces contra el olvido, no extiende constancias pero extiende certificaciones… de la persecución criminal de las víctimas.
El periodista Renato Álvarez, de TN5, con quien el Cofadeh tuvo una relación de admiración y respeto durante muchos años, se valió de los términos ambiguos para mezclarnos en el terreno de los políticos perseguidos políticamente por otros políticos.
Álvarez, convertido en punta de lanza de la familia Flores-Villeda-Ferrari, no es capaz de ocultar su fobia hacia el ex presidente Zelaya y sus ex funcionarios ni hacia los parientes de la desaparición forzada. Sus entrevistas lo confirman.
En ese juego identitario, el periodista resaltó el caso de Enrique Flores Lanza y de Marcelo Chimirri, ambos políticos ex funcionarios de la administración Zelaya, perseguidos por supuestos delitos comunes.
En el caso de Flores Lanza, en realidad, el Cofadeh certificó que antes de 2005 él fue defensor de derechos humanos, luchador contra la corrupción y promotor de la libertad de expresión y de la transparencia, pero no emitió una constancia al portador.
En el caso de Chimirri, la organización humanitaria no emitió ninguna certificación porque nunca tuvo con él ninguna relación de trabajo afin, nunca, pero el canal 5 presentó su liberación como resultado de la colaboración del Cofadeh.
En reacción oportuna, la coordinadora de la organización Bertha Oliva pidió a Renato Álvarez que muestre el documento que avale su afirmación al respecto; es decir, lo emplazó. Pero hasta la fecha no respondió de modo directo.
En este juego de intereses, por más que la organización aclare el ámbito de esos dos conceptos de certificación y constancia, no es posible hacerlo de modo racional. Las élites mediáticas y políticas tienen un enfoque insalubre contra los ex empleados del ex presidente Zelaya, que no permite aclaraciones comprensibles. Están ciegos.
“En el caso de Honduras – escribe la abogada Joya — el golpe de Estado de 2009 no solo fue la separación violenta y expulsión del país del presidente Zelaya y la canciller Patricia Rodas, así como la persecución desde la madrugada de ese violento día de todo su gabinete. Ése mismo día inició una tenaz persecución policial, militar y judicial, a la que le siguió el montaje de procesos judiciales viciados”.
Joya recuerda que ante la rápida separación de Honduras de las asambleas de la OEA y de la ONU, el usurpador Roberto Micheleti y los denominados blanquitos apoyados por el Poder Judicial y el Ministerio Público procedieron a fabricar un juicio ex post contra el depuesto presidente Zelaya, todo para justificar la mal llamada “sucesión constitucional”.
Dos días después del golpe, el Ministerio Público y el Poder Judicial aparecieron con juicios contra el expresidente, mismos que no habían ni siquiera mencionado el domingo 28 de junio, ni el lunes 29, eran juicios con fecha en el pasado.
El propósito de fabricar esos juicios – afirma la abogada Joya – era decirle a la comunidad internacional que el Golpe de Estado estaba justificado en un juicio (falso positivo) y en una orden de captura (igualmente fraudulenta) y así la OEA y la ONU deberían retornar a Honduras a sus asambleas de Estados.
En la estrategia del Ministerio Público la criminalización por delitos no políticos impediría al gabinete de Secretarios de Estado el retorno del exilio y cualquier amnistía futura, además daba carta libre para desacreditar y destruir políticamente a las personas con amplias campañas de difamación y odio.
Por eso ahora el desafío es hacer la conexión de la motivación política con los delitos políticos que de forma alevosa nunca se incluyeron en los procesos, recomienda Reina Joya quien insiste en llamar a estos montajes “falsos positivos judiciales”, haciendo alusión a acciones penales que persiguen intereses políticos del grupo que detenta el poder.
Gilberto Ríos, dirigente de la organización política Los Necios, ha publicado recientemente que el decreto de amnistía es para 7 mil campesinas y campesinos, 170 estudiantes criminalizados, 72 sindicalistas perseguidos, 3000 luchadores sociales de base criminalizados en todo el país, 145 ambientalistas ferozmente atacados y casi 100 profesoras y profesores asediados penalmente por la dictadura.
Confirmadas o no esas cifras, lo cierto es que los medios de las familias Villeda-Rosenthal-Canahuati-Flores y Ferrari se concentran únicamente en Quique Flores, Chimirri, Patricia Rodas y otros a quienes odian en lo profundo de sus seres. Esa es su herida mortal y ese es su problema a resolver con sus conciencias.
En cuanto a los sicarios asalariados del sistema mediático del golpismo, algunos de los cuales fueron nuestros aliados en el tiempo, no vamos a pelearnos con ellos. Están ciegos.
Además, estamos claras que no podemos gastar saliva con quienes salieron de nuestras esferas de estima, de consideración y de respeto. Ahí les dejamos en su piscina del desamor.
En cuanto a los militares, ellos se auto perdonaron con la ayuda de Micheleti y de joh por haber asesinado personas después del golpe, pero ellos están sujetos a juicios penales, por ser criminales.
En cuanto a la amnistía para las víctimas del golpe, esta es la verdadera reconciliación nacional con perdón y olvido de los delitos cometidos en el contexto de la crisis general. Por eso estamos luchando.
Lamentablemente no existe, como lo dicen las expertas del derecho penal, una figura legal general que restablezca por ahora a un colectivo su estado de inocencia frente a la persecución basada en el derecho penal del enemigo y del quebrantamiento del orden democrático. Y debemos seguir un tiempo más con la obsoleta figura de la amnistía, mientras el Congreso prepara una nueva legislación.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 5 de maro de 2022
