Comayagua, Honduras.- Con dos horas de retraso se inició el juicio oral y público contra el líder indígena Víctor Vásquez y el líder campesino José Santos Vijil, acusados por el Ministerio Público del delito de desplazamiento forzado.
Victor Vásquez y José Santos Vijil desde hace años acompañan la lucha por la defensa del territorio y la recuperación de la tierra en el departamento de La Paz.
En diciembre del año 2020 fueron detenidos y privados de libertad, tras ser acusados por terratenientes y el Ministerio Público del delito de desplazamiento forzado.
Este martes en el edificio Judicial de Comayagua se ha dado inicio al juicio oral y público, donde los dos líderes confían que se hará justicia a su favor.
Previo al inicio del juicio oral y público, Víctor Vásquez manifestó
que el proceso que enfrenta es parte de la lucha social y una manera de criminalizarlos, para que no sigan en la defensa de sus territorios.
«No queremos que nos sigan criminalizando. Confiamos que se hará justicia», manifestó Vásquez.
«Estar privado de libertad no nos va a limitar para seguir en la lucha», ha manifestado el líder campesino de La Paz, José Santos Vijil.
En los Tribunales de Justicia Comayagua se vivió una escena muy conmovedora, cuando José Santos Vijil abrazó a sus cuatro pequeños hijos, los cuales no veía desde diciembre del año anterior, cuando fue detenido y privado de libertad.
El encuentro se realizó gracias a las gestiones del personal del COFADEH y la intervención de la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Pobladores indígenas del departamento de La Paz han llegado hasta el edificio Judicial de Comayagua para exigir la libertad del líder indígena Víctor Vásquez y del líder campesino José Santo Vijil, privados de libertad desde hace diez meses.
Representes de organizaciones de derechos humanos del país, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participan como observadores del juicio.
El Tribunal solo permitió el ingreso a la sala de juicio a la representante de la Oficina del Alto Comisionado y no a la de las organizaciones nacionales de derechos humanos.
