Por: Sandra Rodríguez
Gracias, Lempira– Hoy se formalizó acusación contra los policías Alfonzo Sánchez López, Lázaro Portillo Amaya, Nahún Moisés Nolasco Ventura, Salatiel Rodríguez Amaya, Osman Olvani Raudales Arguijo, y los miembros del ejército sargento Omar Gómez Martínez y el soldado Fredy Silvino Amaya Ramos.
A ellos se les supone responsables de los delitos de vejámenes, allanamiento de morada, abuso de autoridad y violaciones de los deberes de los funcionarios en perjuicio de Máximo Ramos Díaz, Anastasio Melchor Mejía, habitantes del municipio de Piraera, al sur del departamento de Lempira, occidente de Honduras.
La audiencia preliminar tuvo cita en los tribunales de justicia de la ciudad de Gracias, Lempiras, donde acudieron los representantes legales, el Fiscal del Ministerio Publico la ya jueza que conoce la causa, respectivamente.
En la audiencia inicial, hubo testigos en favor del policía José Antonio Ferman, quien estaría el día de ataque fuera del municipio, por lo que el representante del Ministerio Público (MP), solicitó su sobreseimiento. Mientras que la abogada del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas, actuando como representante de Ramos, discrepó, apoyándose en que el MP tiene cinco años para aportar pruebas, formalizando acusación contra este último también, siendo en total seis policías y dos militares los acusados.
La víctima Máximo Ramos, ha denunciado públicamente que después de los ataques que sufrió de parte de policías y militares, ha continuado siendo objeto de amenazas y seguimiento, aclarando que no tiene enemistades, por lo que teme sean represalias por haber denunciado el hecho ocurrido el 27 de agosto del año pasado.
Las violaciones recibidas por policías y militares de los municipios de Gualcinse y apoyados por los del vecino municipio de Piraera, se dieron cuando Ramos y Mejía departían en su casa de habitación. Máximo había ingerido bebidas alcohólicas e hizo unos disparos al suelo, en su vivienda, por lo que la policía acudió al lugar.
El trato de los uniformados fue deshumanizado, allanaron la vivienda y no tomaron en cuenta que había menores de edad y la esposa de Ramos, quien dio su testimonio en la audiencia anterior, donde identificó algunos de los imputados.
Ese día además le quitaron el arma debidamente registrada, manifestándole que la remitirían a la jefatura de Gracias, pero no se la devolvieron. También le sustrajeron veinte mil 500 lempiras y una cadena de oro valorada en unos 20 mil lempiras, pero de eso no tiene respuesta.
Por su parte los abogados defensores han catalogado el relato de la víctima como “hechos novelescos” así mismo aseguraron que no hubo detención ilegal.
Las torturas a las que fue sometido Máximo Ramos esa noche, le dejaron como secuelas ansiedad, temor y debió salir de la zona porque su vida corre peligro. Fue evaluado psicológicamente, determinándolo sin problemas emocionales, pero con un post trauma, después de la detención.
Aunque hay procedimientos de captura, no se aplicó en este caso, declaró Cárdenas, porque Ramos fue sometido a la impotencia y además amenazaron a su compañero Mejía, que si veía lo que hacían, matarían a Máximo. Y lo dejaron casi inocente -según detalló la victima-, en la celda. La policía no lo auxilió.
También se denunció que todos estos policías fueron separados o depurados, por esta denuncia, y es otra causa que acrecentar el temor de Máximo Ramos, quien es padre de familia y teme por la integridad de sus hijos, hijas y esposa.