Se demanda la investigación independiente de casos de violaciones a DDHH post electoral

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Por: Sandra Rodríguez

Tegucigalpa.- Tras la presentación del informe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), sobre violaciones a derechos humanos en el proceso, la Convergencia contra el Continuismo demandó este día la creación de una Comisión Investigadora Independiente con el fin de garantizar su independencia, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes.

“Basados en dicho informe, demandamos la creación de una Comisión Investigadora Independiente integrada por miembros de organismos defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad desvinculadas de la llamada sociedad civil oficialista con el fin de garantizar su independencia, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes” expresa el comunicado compartido este día, en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Al preguntar sobre a que se refieren con la llamada sociedad civil oficialista, Bertha Oliva, integrante de la Convergencia y coordinadora general del COFADEH, se refirió a la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), por mencionar algunas.

Además, afirmó que el informe de la OACNUDH presentando el pasado 12 de marzo, no es cualquier informe, sino que habla con claridad lo que sucedió antes y después del proceso electoral, además que las recomendaciones son importantes.

Mario Membreño, integrante de la Convergencia contra el Continuismo, reafirma su lucha contra el régimen y dictadura implementada en el país, y reafirmada ilegalmente tras las elecciones del 26 de noviembre del 2017, las cuales son nulas.

En la conferencia de prensa estuvo María Soledad Pazo, representante para Honduras de la OACNUDH, se refirió sobre el tema una mesa de investigar en base al informe de la siguiente manera “estoy muy complacida en que realmente la sociedad civil lo haya acogido de una manera positiva”

La OACNUDH registra 23 víctimas mortales, mientras el COFADEH hasta el 30 de diciembre registró 30 casos, la Coalición Contra la Impunidad 33, así mimos el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su informe de monitoreo post electotal regitró 59 agresiones a la libertad de expresión, hasta el mes de enero.

IMG_20180319_110904[1]Pazo expresó que “no tenemos números que son diferentes, trabajamos de la mano desde un principio, lo que pasa es que tenemos metodologías a veces diferentes con la fecha de corte y hemos podido a partir de triangulación de fuentes, llegar a ciertas conclusiones, pero eso no significa que sea sólo 23 los casos, sino que hay casos que continúan siendo investigados en el contexto de la protesta y el de activistas que han sido denunciados por sociedad civil desde el 24 de diciembre al 27 de enero que son seis, que responderían a otro patrón que no tiene que ver con protestas sino muertes selectivas muy presuntamente ligadas a la actividad política u organización de protestas que esta gente ha tenido”.

La Convergencia Contra el Continuismos reconoce que el Informe de la OACNUDH contribuye a develar la política de terrorismo preventivo de Estado; a romper con la impunidad de quienes dirigen el actual régimen; a proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a periodistas, a abogados defensores y a los diversos sectores opositores al fraude electoral fundamentalmente a jóvenes estudiantes. De igual manera, ratifica la responsabilidad del régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el asesinato de personas, torturas, capturas y judicialización de compatriotas por haber participado en las manifestaciones públicas en defensa del Estado de Derecho y la Democracia.

Resalta que la OACNUDH manifiesta el uso de la fuerza excesiva por parte de la Seguridad del Estado de Honduras, que provocó muerte y heridas a manifestantes y personas judicializadas.

Al mismo tiempo en el Ministerio Público, el Comité por la Liberación de Presos Políticos, realizó un plantón para exigir que se respete los derechos de los 21 presos y una presa, en diferentes centros penales de máxima seguridad a nivel nacional, por lo que también se pidió a la comunidad nacional e internacional el acompañamiento permanente, y que no permanezca indiferente porque las violaciones graves a los Derechos Humanos.