Tegucigalpa, Honduras.- El “año jubilar martirial” declarado por la Iglesia Católica salvadoreña para recordar los martirios de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y otros religiosos asesinados en el marco del conflicto armado, ha iniciado junto a la cuarentena por la emergencia sanitaria mundial provocada por el COVID 19 o Coronavirus.
El 24 de marzo de 1980 se ejecutó a manos de militares, el asesinato del líder católico que denunció la desigualdad social y poder armamentista en El Salvador, a finales de la década de 1970 e inicio de 1980. Aunque la iglesia lo proclamó –oficialmente- santo, poco es el interés estatal para que se haga justicia ante los tribunales, aunque se conozca la verdad.
El 12 de marzo se cumplieron 43 años del martirio del Padre Rutilio Grande; el 24 de marzo se conmemoró el aniversario del martirio de San Romero, y el 14 de junio será el 40 Aniversario del martirio del Padre Cosme Spessotto, hombres que desde su credo optaron por la justicia social y exigieron el cese armamentista.
Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, San Miguel, en una familia sencilla, al final de su vida se dedicó al acompañamiento de la lucha campesina enfrentada a un poder desmedido desde el gobierno con el poder militar. Incluso el día de su sepelio, el pueblo fue atacado por las fuerzas represoras, arrebatando más vidas en el marco del conflicto armado interno que suma unas 75 mil víctimas, según datos de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.
75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado interno en El Salvador entre 1980 y 1992.
El ejército de El Salvador fue responsable de un alto número de masacres en comunidades acusadas de apoyar a grupos de la guerrilla. Los grupos de oposición armada también cometieron, por su parte, crímenes de derecho internacional y abusos de derechos humanos.
Cinco días después de que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas publicara sus recomendaciones en 1993, las autoridades de El Salvador aprobaron una Ley de Amnistía que contraviene las obligaciones del país bajo el derecho internacional, y que constituye una afrenta a las miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias.
Para exigir el derecho de las víctimas, en memoria del martirio de Monseñor Romero y Galdámez, se conmemora el 24 de Marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, decisión tomada el 21 de diciembre de 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El derecho a la verdad en el contexto de las violaciones, comprende a las víctimas y familiares de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, desapariciones, o secuestro de menores, a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación.
Romero exigía el cese de la represión armada contra el pueblo campesino desde el altar y a través de la radio YSAX y su mensaje en el periódico Orientación. Fue ejecutado mientras oficiaba una Eucaristía por los enfermos en la capilla del Hospital Divina Providencia, de la capital salvadoreña.
Aunque el planeta está en silencio por la cuarentena mundial, no pasó por alto la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; y rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño.
Y como modelo a seguir es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por su importante y valiosa labor y los valores en la promoción y protección de los derechos humanos en su país y reconocido a nivel internacional a través de sus mensajes como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida.
Militares impunes
En el 2015, Romero fue declarado Beato de la Iglesia, posteriormente se reabrió la causa para investigar su crimen, es así que la población empezó acciones públicas para que en el caso se aplique la justicia, y suceda igual para las miles de víctimas que pesan –además- sobre el gobierno de los Estados Unidos.
El obispo que creía no merecer la gracia del martirio, fue elevado a los altares en octubre del 2018, por el Papa Francisco, ambos sacerdotes jesuitas. Pero sus sicarios siguen amparados en la impunidad.
En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al gobierno de El Salvador por la falta de acciones para esclarecer el asesinato de san Óscar Romero y por no garantizar la reparación de las víctimas de la guerra a través de un proceso judicial adecuado.
El informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en 1993 (creada por los acuerdos del proceso de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador) responsabilizó a los escuadrones de la muerte que dirigía el coronel, Roberto D´Aubuisson, quién murió en 1992, de cáncer en la lengua, líder de la inteligencia política y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernaría el país durante dos décadas.
Señalaban también a los militares: los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros, que fueron protegidos por la ley de amnistía de 1993, la que fue declarada inconstitucional y derogada ocho meses más tarde. A inicios de 2004, volvía la esperanza para la familia Romero.
Cabe señalar que, entre las 184 víctimas de Detenidos-Desaparecidos que registra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y en la sala de Memorias Vivas de esta organización, figuran los nombres de personas cercanas a Monseñor Romero, como ser sus sobrinas (religiosas), secretaría y su esposo.
El único condenado por el asesinato de Romero, es el ex capitán Saravia, pero se dio a la fuga y sigue en la clandestinidad. Se presume que más de 30 personas estuvieron involucradas, desde intelectuales hasta materiales, pero nadie ha pagado legalmente.
Con intentos fallidos, el presidente Mauricio Funes (FMLN), acató la orden de la CIDH, nueve años después, pero fue hasta el 2017, que el caso volvió a sonar en los tribunales, con el permiso de la familia, la organización Tutela Legal se constituyó como querellante, y se espera respuesta del juez.
Fragmento de la homilía de Monseñor Romero, en la Catedral (donde está una cripta con parte de sus restos), un día antes del martirio:
“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.
En Honduras, las víctimas de violaciones a lesa humanidad se incrementó en el marco del golpe de estado del 2009, la Comisión de Verdad, recibió cerca de dos mil testimonios para su informe. Y en el marco del fraude electoral, el COFADEH registró más de 1200 víctimas de detención ilegal, 172 presos políticos, 34 asesinatos políticos y un Detenido-Desaparecido. Para este año se tiene programado el juicio oral y público en algunos casos donde están involucrados policías y militares torturadores.
El aumento de las víctimas continuó con el fraude electoral de noviembre de 2017 que mantiene ilegalmente el poder la dictadura de Juan Orlando Hernández. Y recientemente entre abril y junio del 2019, cuando la plataforma en defensa de la salud y educación encabezó manifestaciones sociales exigiendo mejores condiciones en estos campos, para la población hondureña. Al menos 24 víctimas de las protestas son responsabilidad de la Policía Militar del Orden Público creada por Hernández, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
