Ocurrió hace 27 años en Tegucigalpa, durante el mandato de Rafael Callejas, en 1991. Los militares venían saliendo de una década de atrocidades contra la disidencia social hondureña, y de buenos negocios para los generales y coroneles leales a los gringos invasores; la fracasada contra revolución sandinista inventada por Washington los había dejado enriquecidos. Para entonces todavía estaba vigente el servicio militar obligatorio, pero crecía en el pueblo hondureño un espíritu antichafa de este a oeste, y de norte a sur.
Riccy Mabel Martínez Sevilla, ceibeña, estudiante de segundo año en la Normal Pedro Nufio de la capital, antes de cumplir 18 años calló en las garras de los sátrapas uniformados mientras pedía la liberación de su novio Rubén Hurtado Padilla. Era la tarde del sábado 13 de julio de 1991. Todo ocurrió en el Batallón de Comunicaciones de Las Tapias, al oeste de Tegucigalpa.
La adolescente fue drogada, víctima de violación masiva y luego, asesinada cruelmente al estilo del batallón de la muerte 3-16; su cuerpo fue abandonado en la salida de Tegucigalpa hacia Olancho, sobre el cause de la quebrada El Sapo.
Los militares responsables del crimen, acogidos al espíritu de cuerpo, se protegieron entre sí, y usaron todos los medios posibles para desviar la atención de la poderosa opinión pública. Pero no pudieron.
Las juventudes de todo el país organizaron manifestaciones, vigilias, plantones, caminatas, jornadas artísticas y religiosas, de todo, exigiendo verdad y justicia.
Los militares buscaron sus aliados en todos los estamentos, periódicos, iglesias, gremios lamebotas y, por supuesto, buscaron a sus forenses y jueces corruptos que relentizaban el proceso penal.
Pero la presión ciudadana fue más fuerte, persistente y legítima, hasta lograr que los uniformados quedaran solos frente a las cuerdas de la opinión pública. Toda la institución, no sólo Maradiaga y el chofer criminal del batallón.
Ante la determinación colectiva antichafa, la embajada de Estados Unidos se vio obligada a pedir al FBI una investigación paralela contra todos los oficiales de aquella noche y fue entonces cuando Crecencio Arcos hizo una declaración célebre a un destacado periodista de Radio América. El diplomático dijo que “en Honduras la justucia es como una víbora que muerde sólo a los de pies descalzos, pero no a los que calzan botas”.
El peso de la ciudadanía empujó a los uniformes ante los tribunales y aunque los procesos y las sentencias no fueron coherentes con la atrocidad cometida, empezó algo inédito que no fue revertido sino hasta el golpe de estado de 2009.
La ciudadanía organizada fue capaz de obligar al Congreso Nacional a eliminar el servicio militar obligatorio en 1995, y luego suprimir la policía criminal, eliminar el cargo de jefe de las fuerzas armadas, borrar el consejo superior de los chafas y eliminar el fuero militar para juzgar delitos comunes. Y abrimos tumbas clandestinas y junto al Ministerio Público acusamos policías y chafas por delitos de lesa humanidad, cuyas causas siguen abiertas.
El secuestro, violación y asesinato de Riccy Mabel Martínez inauguró una era de explosión ciudadana, que dejó a los militares al borde de la desaparición por inútiles, caros y violentos.
Pero en junio de 2009 el Pentágono vino a rescatarlos. Los utilizó para dar el golpe de Estado junto a los religiosos, los medios tradicionales y los empresarios lavadores de activos de la corrupción y el narcotráfico.
El militarismo recuperó el terreno ganado por la civilidad, y volvieron a tener con los golpistas del Partido Nacional y el Partido Liberal tanto o más poder que en la década triste de los años 80s.
Actualmente los militares sostienen la dictadura fraudulenta que les da el mayor presupuesto de todos los tiempos. Son ellos con armas israelitas, entrenamiento colombiano y terrorismo criminal, los más beneficiados del golpismo narco.
Pero el pueblo está vivo. No han podido ni podrán matar su espíritu persistente. Serán muchos los hondureños y hondureñas que se marcharán, desesperados y tristes, y serán muchos Honduras tus muertos, pero el pueblo seguirá aquí sin olvidar nada, sin perdonar a nadie que haya causado dolor y lágrimas.
Y cuando vuelva el turno de los ofendidos, los granujas uniformados huirán como hicieron en los 90s y en los 2000s, hacia Europa y Estados Unidos, buscando la acogida de sus amos. Pero éstos no los reconocerán. Y les quitarán la visa. Y los expulsarán como a los Discua, los Joya, los Caballero y otros perseguidos de la noche.
Para entonces, nosotros y nosotras las de entonces, estaremos aquí para recordarles que la justicia del pueblo tarda pero no se olvida. Canallas, con ustedes y sus amos es que hablamos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 14 de julio 2018
