Tegucigalpa, Honduras. (defensoresenlinea.com)- La Corte de Apelaciones revocó la libertad definitiva en favor de cinco agentes policiales que capturaron y torturaron a 24 manifestantes, comunicadores sociales y transeúntes en el marco de movilizaciones sociales contra el Golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Los hechos ocurridos el 12 de agosto del 2009, cuando concluía una movilización social en defensa de la Constitucionalidad, ha llevado un largo proceso legal en búsqueda de justicia, dónde a las víctimas se le trató cómo delincuentes desde el momento que fueron arbitrariamente detenidos en el entorno del Congreso Nacional. Después llevados a la cárcel clandestina del Comando Cobras, que en ese entonces estaba dirigido por el -ya fallecido- comisionado Elder Madrid Guerra.
Los imputados son:
José Ventura Ramos
Carlos Isaías Polanco
Suyapa Marina Elvir
Juana María Alvarado
Esther Esperanza Ramos (única en servicio)
Las víctimas de los ataques y furia policial son: Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, no pueden olvidar lo que vivieron esos días, por lo que relatar los hechos ante un juez, es con el objetivo que se haga justicia y se responsabilice a los culpables.
Desde ese día la vida les cambio, para algunos era imposible encontrar empleo porque quedaron con antecedentes policiales, otros perdieron su trabajo ya que tenían que cumplir con medidas sustitutivas a la prisión, así mismo hubo repercusiones físicas, psicológicas y emocionales, debido a las torturas sufridas. Por lo que se procedió contra estos cinco policías y Madrid Guerra, quien murió amparado en la impunidad.
Pero el 12 de diciembre del 2013, el juez Víctor Meza firmó carta de libertad definitiva en favor de los uniformados, pero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que es parte de la acusación junto al Ministerio Público, apeló dicha decisión, detalló la abogada Karol Cárdenas.
Y hoy la juez 16 del Juzgado de Letras de Francisco Morazán leyó la notificación, de la revocación, quedando los y las acusadas por vejámenes, como única medida cautelar, bajo cuidado y vigilancia de sus representantes. Agregó la procuradora de derechos humanos del COFADEH, organización que acompaña a las víctimas desde el momento de la captura.
Cabe señalar que Cárdenas y el Ministerio Público, solicitaron medidas sustitutivas a la prisión, como ir a firmar el libro de registro en Los Juzgados, no salir del país, no tener comunicación con las víctimas y en el caso de los aun activos en la Policía, que sean removidos de su cargo, pero la jueza acató la petición de la defensa, quedar bajo su tutela presentando un informe mensual.
La audiencia preliminar será el 24 de octubre del 2018, para formalizar la acusación previo a Juicio Oral y Público. De no llegar a una conciliación, como lo presumieron los representantes de las y los policías en este caso de violaciones a los derechos humanos en el marco del Golpe de Estado del 2009, podría ser el segundo caso elevado a esta instancia, después del que sigue la profesora Agustina Flores, detenida y torturada el 22 de septiembre de ese mismo año y que el lunes 24 se pospuso para junio del 2019. Ambos casos son acompañados y representados legalmente por este Comité.
Entre dichos, y por revertir la libertad de los entonces policías activos, uno de los abogados expresó que “alguno de los de arriba es resistencia”, refiriéndose a los opositores al Golpe de Estado. Por su parte las víctimas que son de diferentes partes del país, continúan este proceso en búsqueda de justicia y no repetición de los hechos.
Testimonios brindados por las víctimas a lo largo de este proceso:
José Natividad Pérez Lorenzo, (La Paz) “Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
Mabel López, (Choluteca) desde aquel 12 de agosto del 2009, la vida le cambió, se siente temor, e incluso impotencia al ver policías y militares que en lugar de proteger a la población, más bien los agreden.
Justo Pastor Maradiaga, (Comayagua), lo detuvieron porque le dijo a los policías que dejaran de golpear a un niño, entonces los uniformados lo trataron mal y lo empezaron a golpear, uniéndolo al grupo que nueve años después no encuentra justcia.
Alba Ochoa (Tegucigalpa), es un proceso largo, donde lo que buscan es cansarlos, pero no lo van a lograr, no es fácil estar recordando todo lo que vivieron, pero es parte de este camino, en el que, cuando se enfrenta a los policías acusados, sin uniformes, armas, ni toletes, “no pueden sostener la mirada”.
