Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas que representan al Estado y voceros y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.
Resulta preocupante que ningún funcionario o funcionaria estatal haya hecho una declaración pública que demuestre un compromiso de dar una respuesta constructiva al informe, reconociendo los riesgos que afectan las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en el país y la necesidad de proteger sus vidas.
Al contrario, voceros y voceras del sector empresarial y funcionarios de los más altos niveles – entre ellos el Presidente Hernández, la Diputada Gladis López y el Secretario de Estado Miambiente – han criticado y cuestionado fuertemente el informe, sin condenar los asesinatos de 123 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente ni explicar cómo pretenden prevenir ataques futuros.
Reiteramos que nuestro informe se basa en una investigación rigurosa llevada a cabo a lo largo de más de dos años, que incluyó visitas a todas las comunidades nombradas en el informe y entrevistas con una diversa gama de actores. El informe refiere a documentos oficiales y se enmarca en el derecho tanto hondureño como internacional desde una óptica de los derechos humanos. Se fundamenta en 250 referencias (muchas de ellas provenientes de documentos del mismo gobierno hondureño) y cada persona acusada de ser asociada con un delito tuvo la oportunidad de dar sus comentarios sobre la acusación; cualquier respuesta recibida fue incluida en la publicación.
Algunas figuras públicas han dicho que nuestro objetivo es desprestigiar a Honduras y frenar el desarrollo. La verdad es todo lo contrario: nuestra meta es solidarizarnos con las y los hondureños, quienes se empeñan por un país libre de corrupción, una vida sin abusos y por la libertad de expresión. Elaboramos nuestro informe con el fin de aportar a un cambio positivo en el país, a través del cual las y los defensores de la tierra y el medio ambiente serían protegidos para poder llevar a cabo su trabajo y su defensa legítima de los derechos de todos los hondureños.
Respaldamos el llamado de muchas organizaciones de la sociedad civil hondureña – expresado el jueves mediante una manifestación interpuesta en las oficinas del Fiscal General – a que el Ministerio Público investigue los hechos narrados en nuestro informe para que haya justicia en los casos de abusos documentados, muchos de los cuales ya cuentan con denuncias interpuestas ante las entidades de justicia hondureñas.
Finalmente, exigimos que el Estado implemente su obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. En este clima de discursos agresivos y de cuestionamiento de su labor legítima, resulta más importante que nunca que el Estado demuestre de forma contundente su compromiso absoluto con poner en marcha las políticas y medidas que quienes defienden los derechos humanos consideren como adecuadas para su seguridad.
La semana pasada, fuimos nuevamente inspirados por las y los líderes comunitarios, las mujeres y hombres defensores de derechos humanos, las y los integrantes de ONG y las y los líderes indígenas. Son heroínas y héroes. Si el gobierno está realmente comprometido con una mejor Honduras, garantizaría su seguridad y escucharía sus voces.
