Choluteca, Honduras.- En una reciente gira por la zona sur del país, procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), defensoras de derechos humanos compartieron su experiencia en la atención comunitaria y promoción de la salud.
Uno de los casos que enfrentan las defensoras en zonas rurales del departamento de Choluteca, es la prevención de embarazos en adolescentes y enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, que cobró 180 víctimas mortales el año 2019.
La defensora de derechos humanos, Patricia Riera, afirmó que, pese a vivir en una de las zonas más olvidadas del país, también es la que se mantiene en resistencia –especialmente después del fraude electoral de noviembre de 2017- por que es el Estado es el máximo violador de derechos humanos.
Sin embargo, estos ataques de parte de las fuerzas de seguridad pública, ha provocado un sinnúmero de criminalizados, perseguidos y presos políticos, y demuestra que hay un retroceso en materia de derechos humanos, así que “toca acompañar procesos de denuncia”.
Los años de defensoría de Patricia, le ha permitido conocer las necesidades básicas de la población ¡pero no parece importarle al Estado! Reflexionó. Por ejemplo, en el sistema educativo, piden una lista de útiles con cosas que no se requieren, y los centros de salud están desabastecidos de medicamentos, por lo que seguirá denunciando y acompañando a las víctimas.
Ser defensora de derechos humanos conlleva el riesgo de ser criminalizada, pese a que el Estado debe proteger a los defensores y defensoras, y procurar el buen ejercicio de la defensoría “al Estado no le interesa que la población aprenda sobre derechos humanos”, lamentó Patricia.
La tarde de la reunión, Georgina Espino, volvía de las aldeas en el municipio de El Corpus, estuvo visitando hogares y conversando con jóvenes. Comentó que cuando evidencia abusos contra menores, que generalmente los violadores son familiares cercanos, se deben denunciar inmediatamente ante el Ministerio Público.
La defensoría de derechos humanos, debe empezar desde la casa, es un compromiso pero no es imposible velar por los demás, hay que aprender a dialogar y enseñarle a los demás, aconsejó la promotora de salud.
Martha Herrera, afirmó que “el cambio en los habitos de cultura depende de cada persona, a nosotros solo nos corresponde instruir y servir con calidad y calidez”, ella forma a las personas en prevención de enfermedades virales. Agregó que, la enfermedad que está haciendo bulla en la actualidad en el covid-19 (corona virus), por lo que ya están enseñando medidas de prevención.
Hay disposición de parte de nosotras para seguir apoyando a las demás personas, la lucha no solo es en las calles, también es desde las casas, en las comunidades y eso es lo importante, puntualizó la defensora.
Patricia, Gergina y Martha, realizan una labor de defensoría desde el interior de las comunidades en la región sur, entre la pobreza y despojo de los bienes comunes de la naturaleza. Por lo que existe la disposición para formarse en derechos humanos y ejercer otras actividades de manera organizada para que la incidencia llegue a las personas oportunas.
Con ellas, dialogaron Lorena Rubí y Claudia Amaya, procuradoras de derechos humanos del COFADEH, quienes les explicaron a las defensoras sobre el accionar del Comité y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la zona Sur (REDEHSUR), que tiene presencia en Francisco Morazán, Valle y Choluteca, desde el año 2012, logrando el reconocimiento de las autoridades civiles y de seguridad estatal.
Los y las integrantes de la REDEHSUR, realizan la labor de defensoría en sus localidaes ubicadas en los municipios de Santa Ana, Ojojona y Alubarén (Francisco Morazán); Nacaome, Amapala y San Antonio de Guarumas (Valle); Pespire, Orocuina, Morolica y Choluteca (Choluteca).
Además de los problemas expuestos por las defensoras, en al región sur del país, la REDEHSUR acompaña, documenta y denuncia ante las autoridades civiles y militares-policiales problemas ambientales, calentamiento global, desempleo, migración, olvido gubernamental, destierro y acceso a la tierra y playas. Militarización, persecución judicial, amenazas contra la vida, hostigamiento y vigilancia permanente.
