Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
Un grupo de participantes en el taller de transparencia y acceso a la información pública que impartió el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) constató a través ejercicios virtuales, que muchas instituciones estatales están en deuda a la hora de rendir cuentas en el manejo de los fondos del Estado.
El Área de Divulgación y Prensa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) impartió el Taller sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 30 defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas lencas, sindicalistas, pedagogas, maestros, ambientalistas y defensoras de la tierra.
La actividad está enmarcada en el proyecto ¨Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz¨ con el apoyo de Diakonia- Unión Europea, y se desarrolló en esta capital el 8 y 9 de marzo de este año.
Al inicio de la jornada la abogada Gabriela Lozano de la Gerencia de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), brindó a los presentes las generalidades contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lozano explicó que dicha ley es una herramienta de consulta a la cual tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas.
La servidora pública señaló que, con la ley se busca la rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias , además de ser una herramienta de lucha contra la corrupción.
Del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), estuvo presente Margarita Pineda quien expresó a www.defensoresenlinea.com que el taller le ayudó a conocer la ley para aplicarla en su municipio de San José, en el departamento de La Paz.
¨Esto me va a ayudar a realizar el trabajo que la sociedad civil me ha encomendado como integrante de la Comisión ciudadana de Transparencia (CCT) en la municipalidad de San José¨, señaló.
La defensora de derechos humanos se quejó que autoridades de dicha alcaldía se burlan del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que contempla los derechos de las comunidades indígenas y establece un trato diferenciado que las autoridades deben aplicar con los pueblos originarios.
A pesar que la ley de acceso a la información es una herramienta importante, Pineda dijo que no se puede ignorar que ahora se han creado otras leyes que vienen a deslegitimar algunos artículos, lo que implica que hay contradicciones en torno al acceso a la información pública.
Las participantes y los participantes realizaron trabajos prácticos ingresando al sitio de internet que pone a disposición de la ciudadanía el IAIP que se llama: portalunico.iaip.gob.hn, en donde se encontraron con que algunas instituciones como la Secretaría del Ambiente, no cuenta con información actualizada de sus ejecutorias.
Otras personas consultaron información relacionada con la municipalidades para constatar si está publicada información relacionada a proyectos sociales y planillas de pago, entre otros temas. Cabe señalar que sí hay información, pero no actualizada como es el caso de la alcaldía de Santa Ana, Francisco Morazán, o en su defecto no hay ningún dato como expresó el presidente de MILPAH, Felipe Benítez, sobre la municipalidad de Santa Elena, La Paz.
Algunos se quejaron que no aparecen publicados los salarios de los alcaldes y de otros altos funcionarios y consideraron que los datos publicados son insuficientes, por lo que se deduce que el propio Estado no está cumpliendo con la ley.
