PRONUNCIAMIENTO
Nosotros y nosotras integrantes de la Red Nacional de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT), reunidos esta semana en la ciudad de Tegucigalpa con el fin de capacitarnos y fortalecer conocimientos en la defensa de derechos humanos y los bienes comunes de la naturaleza, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y el Concejo Indígena Lenca de La Paz- Honduras (CILAH), nos pronunciamos ante los siguientes problemas que están afectando los departamentos de La Paz y Santa Bárbara, ubicados al centro y occidente del país:
Nos preocupa lo que sucede con nuestras fuentes de agua, que están siendo concesionadas a empresas transnacionales para la construcción de represas hidroeléctricas, provocando la muerte de las quebradas, riachuelos y ríos como ser: río Blanco, Tapalapa, Chiquila, Cuyamel, Listón, Chamelecón, Jicatuyo, Gualcarque, Ulúa y Cesecapa en Santa Bárbara; y los ríos Cimarrón, León, La Piñas, Palagua, La Máscara, Yarumela, Aguacatal y Caracol, en el departamento de La Paz.
Denunciamos que no existe una regulación para la tala moderada del bosque. Si un campesino corta un árbol para uso doméstico (aunque esté seco) corre el riesgo de ser multado o privado de libertad; en cambio, los empresarios madereros cortan a gran escala, sacando a diario en camiones cientos de postes, causando la erosión de la tierra, aumentando la temperatura climática, derrumbes, asolvamientos, deslaves y secando las fuentes de agua.
Las concesiones mineras nos están destruyendo los bienes comunes de la naturaleza. Donde están los proyectos extractivistas talaron el bosque, se secaron las fuentes de agua o se han contaminado con cianuro, causando enfermedades en la población. El suelo está removido por la explotación con dinamita para sacar los minerales. Y en la medida extrema, causan desplazamiento poblacional forzado, generalmente a las grandes ciudades o al extranjero, las personas exponen sus vidas ante cualquier inseguridad física y alimentaria.
Por generaciones hemos habitado en nuestras tierras, en ellas mantenemos la diversidad de cultivos -según la temporada- maíz, frijoles, plátano, café, naranjas, toronjas, limones, yuca, ayote, malanga, papaya, piña, pataste, sandia, tomate, chile, mostaza, mora, berro, mango, aguacates, choros, camote, nance, verengena, guanábana, chilacayote, guineos, chinapopos y demás frutas, verduras, hortalizas de consumo diario y plantas medicinales (llantén, manzanilla, ruda, orégano, flor de muerto, valeriana, epazote, jengibre, insulina, tostón, hiervabuena, zacate de limón, culantro, moringa, loroco, noni, zábila, liquidánbar, quina, canela, juniapa, hoja blanca, guayabo agrio, sucunango, eucalipto, maporan, etc).
Pero, nos enfrentamos al monstruo del monocultivo, especialmente la siembra de caña de azúcar a gran escala, por empresas transnacionales que no se preocupan por el ambiente, sus empleados y la población que es víctima directa por el uso de agroquímicos y desechos contaminantes en zonas donde hay ríos. No hay un control de calidad ni tratamiento de desechos sólidos, incluso de ha denunciado daños a la salud de personas que transitan por los caminos contaminados. Este problema conlleva al acaparamiento del agua, que ellos utilizan para la irrigación de las plantaciones y uso industrial en fábricas.
Denunciamos la constante criminalización contra defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes campesinos e indígenas, de la diversidad sexual, mujeres trabajadoras de las maquilas y niños, que son víctimas de difamación, violencia física y sicológica, vigilancia, persecución judicial, asesinatos en la impunidad como ser los casos en Quimistán, Santa Bárbara: Erick Aléxander Gómez (14 de agosto del 2019) y Gilberto Lara (elecciones generales del 2013) ambos del grupo campesino «Laguneta», dos miembros de la base campesina «Unión La Victoria»; y nueve compañeros campesinos del grupo «Concepción Barranca , asesinados en la última década en » en Nueva Arcadia, Copán. No olvidamos el crimen contra Raúl Martínez Pérez, indígena lenca de Opatoro, La Paz, quien se oponía a la tala del bosque y era comisionado ambiental municipal en el 2007.
Exigimos tratos humanos conforme a leyes establecidas, desde la Constitución de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, debido al uso excesivo de la fuerza por parte de policía y militares, abuso de poder y autoridad de alcaldes, diputados, jueces y fiscales, y la falta de protocolos para ejecutar desalojos que en su mayoría son violentos y destruyen nuestros cultivos, parcelas y viviendas.
Los desalojos violentos y criminalización por defender la tierra y el territorio causa daños físicos, emocionales, económicos, desintegración familiar, miedo y migración forzada. Denunciamos el acaparamiento de tierras de parte de terratenientes nacionales y extranjeros: ganaderos, empresarios del monocultivo, madereros y extractivistas con el aval de quienes gobiernan el país, sin importarles que más de 300 mil familia de vocación campesina -entre las nuestras- no tenemos acceso a cultivar ni siquiera, nuestros alimentos.
Apelamos a convenios nacionales e internacionales que establecen la consulta libre, previa e informada ante la implementación de proyectos de desarrollo en territorios indígenas; y, sobre el cuidado y protección que el Estado debe brindarnos como ciudadanos, campesinos y campesinas, defensores y defensoras de derechos humanos de la tierra y el territorio.
Afirmamos que elacceso a la tierra es un derecho humano que constituye la base para el acceso a la alimentación, la vivienda y el desarrollo y, sin acceso a la tierra, muchos pueblos se encuentran en una situación de gran inseguridad económica.
Tegucigalpa, La Paz y Santa Bárbara, viernes 18 de octubre del 2019
