Washington D.C., – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos del periodista hondureño Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas del canal 45 de La Ceiba, Honduras. En un contexto de crisis de violencia contra la prensa, insta al Estado a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial la autoría material e intelectual de estos crímenes y su vínculo con la actividad periodística.
De acuerdo con la información disponible, el miércoles 1º, los comunicadores Vallecillo y Posas fueron interceptados por un vehículo desde el que desconocidos les dispararon numerosas veces con armas de fuego produciendo la muerte inmediata de ambos. De acuerdo a la información disponible, las cámaras de seguridad de la zona muestran que los sicaros los esperaban en forma deliberada en la zona Residencial El Naranjal de la ciudad de La Ceiba.
Vallecillo, de 41 años y Posas, de 27 años, trabajaban para el Canal 45 de TV de La Ceiba, departamento de Atlántida. Según señalaron medios locales, Vallecillo se dirigía a una reunión familiar porque ese día era su cumpleaños. Con posterioridad a los hechos, el Estado informó que la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones desplegaron una serie de diligencias en forma inmediata.
La oficina de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras informó a esta oficina que la causa está siendo instruida por la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, con sede en San Pedro Sula. Según señalan las autoridades, se estaría siguiendo la línea de investigación determinada por la labor periodística de las víctimas. Asimismo, indicaron que se logró recabar importante información que habría permitido la identificación de testigos y ubicación de dos presuntos responsables del homicidio de ambos comunicadores, respecto a los cuales se habría presentado requerimiento de la Fiscalía.
Esta Oficina ha advertido en forma reiterada sobre la persistencia de la violencia contra periodistas y medios de comunicación en Honduras. En 2019 al menos seis periodistas fueron asesinados por motivos que podrían estar vinculados con el ejercicio de la actividad periodística. Asimismo, en el reciente “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras” la CIDH recordó que, pese a los esfuerzos por parte del Estado —por ejemplo, las reformas al marco legislativo e institucional en materia de prevención, protección y procuración de justicia— persisten altos niveles de violencia en el país, que afectan particularmente a periodistas y trabajadores de la comunicación. También se señala que la mayor parte de los casos de asesinatos o amenazas denunciados permanecen impunes.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, recordó que entre 2001 y 2020 se registraron más de 80 asesinatos de trabajadores de medios, de los cuales la mayoría continúa impune. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron esta semana que una decena de estos asesinatos de comunicadores ocurrieron en el departamento de Altántida, una zona de particular riesgo en el interior del país.
«Siguen sucediendo casos alarmantes de periodistas asesinados en Honduras y no observamos que cambie la tendencia de años anteriores; hacemos un llamado urgente para que el Estado refuerce la Fiscalía de los Delitos contra la Vida, que concentra este tipo de investigaciones”, indicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.
“En paralelo, se deben adoptar medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos; es imperioso que se realice una inmediata evaluación de la situación de riesgo de regiones especialmente peligrosas para ejercer el periodismo y se adopten las medidas de protección correspondientes», agregó el Relator Especial.
El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura. Los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes «mediante la acción decisiva para castigar a quienes resulten responsables. La CIDH recordó al Estado de Honduras en recientes informes que tiene la obligación de investigar y sancionar penalmente a todos los partícipes de delitos contra periodistas, incluidos los autores intelectuales, colaboradores y los eventuales encubridores; además de investigar las estructuras de ejecución de los crímenes o estructuras criminales a las que pertenezcan los agresores.
La Relatoría reitera que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
