Relatora Especial exhorta al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas

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Tegucigalpa.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz ha emitido observaciones adicionales sobre el proceso de regulación de la consulta previa en Honduras. Estas observaciones forman parte de la asistencia técnica que la Relatora Especial ha brindado, a solicitud del Gobierno de Honduras, en relación con el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley sobre consulta previa. A raíz de esta solicitud, la Relatora Especial publicó en diciembre de 2016 sus Comentarios sobre el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños en los que identificó problemas relacionados con el contenido sustantivo y la metodología empleada para elaborar y socializar el Anteproyecto.

A invitación del Gobierno de Honduras, la Relatora Especial realizó una visita de trabajo a Honduras del 17 a 20 de abril de 2017 para dar seguimiento a las recomendaciones hechas en sus Comentarios y entrevistarse con representantes del Gobierno, pueblos y organizaciones indígenas, la empresa privada, sindicatos, sociedad civil, la comunidad internacional, el Sistema de Naciones Unidas, y otras partes interesadas en esta iniciativa sobre consulta previa. Durante la visita de trabajo, la Relatora Especial pudo constatar que sus recomendaciones anteriores aún no habían sido implementadas.

En las presentes observaciones adicionales, la Relatora Especial profundiza sobre diversos temas que surgieron durante su visita de trabajo que deberían abordarse para que el proceso de discusión y elaboración de un instrumento jurídico sobre consulta previa garantice los derechos de los pueblos indígenas bajo los estándares internacionales. Entre otros temas, la Relatora Especial se refiere a la necesidad de asegurar una mayor participación de las distintas estructuras representativas de los pueblos indígenas y la capacitación y preparación de los pueblos indígenas, funcionarios estatales y otros actores; a la necesidad de generar la confianza necesaria abordando las preocupaciones centrales de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos; a las presiones de tiempo para la aprobación de una ley de consulta; y a su preocupación por la interpretación restringida del marco conceptual jurídico de la consulta previa.

La Relatora Especial exhorta a todas las partes a evaluar si existen las debidas condiciones para la rápida aprobación de una ley de consulta previa, dados los problemas de procedimiento y fondo que ha señalado. Considera que el proceso de elaboración, discusión y consulta de este tipo de iniciativa requiere del tiempo y la preparación necesarios para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas se reconocen y protegen de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Dicho proceso debe servir para el empoderamiento de los pueblos indígenas, brindando el espacio necesario para que planteen sus propias propuestas sobre el derecho a la consulta y consentimiento desde sus propias perspectivas culturales y comunitarias.

La Relatora Especial espera que en Honduras se pueda llevar a cabo un proceso inclusivo de diálogo y discusión sobre la regulación de la consulta previa que goce del mayor grado de legitimidad y consenso entre los pueblos indígenas. Espera que el Estado, la comunidad internacional y los organismos internacionales, incluyendo el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, y en particular la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, colaboren con los pueblos indígenas para la realización de los diálogos necesarios para el desarrollo de este tipo de iniciativa.