Tegucigalpa.
En un hotel capitalino se realiza el Conversatorio Poder Legislativo y Libertad de Expresión: Oportunidades y desafíos, con el apoyo de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los DDHH, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Estas organizaciones han venido trabajando y sistematizando información, estudiando estos temas que están surgiendo desde los temas tradicionales como los delitos contra el honor, pasando por el nuevo delito de apología al terrorismo, la Ley de Secretos Oficiales y las restricciones que se quieren implementar para la difusión de información en Internet.
En primera instancia se reflexionó la reforma Penal y las obligaciones internacionales de los estados en materia de protección de la libertad de expresión, sobre el trabajo de incidencia legislativa.
Asimismo se discutió sobre las reformas legislativas recientes y proyectos todavía en debate en el Congreso Nacional que pudieran ampliar o afectar la protección del derecho a la libertad de expresión en materia penal.
En el 2017 se aprobó un nuevo Código Penal en la que se incluyen muchas figuras que criminaliza el ejercicio periodístico y los diversos ejercicios quehacer la población a través de redes sociales reivindicando y ejerciendo este derecho.
El director de C-Libre, Edy Tábora, indicó que este es un espacio para discutir sobre las nuevas posibilidades de difundir información y las situaciones que se pueden dar para restringir la libertad de expresión en Internet.
«Cuáles son los desafíos de una Ley de Secretos Oficiales que obstruye el acceso a la información pública y el abordaje del interés público, entre ellos los de administración pública y un tema importante como lo es el internet y la libertad de expresión», sostuvo Tábora.
En su intervención María Soledad Pazo, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la libertad de expresión es clave en un estado democrático, porque detrás de esta se promueve el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.
Asimismo indicó que este ejercicio debe ser una tarea protegida y ampliamente permitida por el estado y los particulares, porque las restricciones a este derecho afectan a toda la ciudadanía y de manera aún más desproporcionada afecta a las personas que ejercen la labor de derechos humanos, comunicadores sociales y periodistas que quieren informar sobre los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, la protesta ciudadana etc.
Ana Flores, Abogada de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), indicó que los estados como Honduras que forman parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, están obligados a adecuar su legislación interna con estos estándares.
Durante el Conversatorio, se analizó también las reformas legislativas recientes o proyectos en debate en el Poder Legislativo concernientes a ampliar o afectar la protección del derecho de acceso a la información pública.
Asimismo las tendencias regionales en materia de legislación en materia de Internet y derechos humanos.
