Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Con el objetivo es contribuir a las reformas con diálogos democráticos y participativos, abogando por medidas favorables al respeto de a los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, en Honduras desarrolla el “La Simposio Nacional Derechos Humanos y Normas Penales”, donde participan expertos nacionales e internacionales en temas de libertad de expresión, asociación pacífica y derechos sexuales y reproductivos.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, James Cavallaro, expresó que no se puede considerar el derecho de reunión como sinónimo de desorden público, es un derecho de participación política de la ciudadanía en las calles y espacios públicos.
Lo anterior lo expresó durante su participación en el panel “Las garantías fundamentales en la lucha contra el terrorismo y los delitos de orden público”, que se realiza el 15 y 16 de febrero en Tegucigalpa.
La criminalización contra defensores y defensoras de ddhh en Honduras, es un tema que preocupa a la CIDH, además que es uno de los países de sonde más de reciben denuncias.
Por otra parte, también ha manifestó la preocupación de la entidad que representa, ante la falta de cumplimiento del Estado hondureño, en cuanto a las medidas cautelares que desde allí se otorgan, para la protección inmediata de defensores y defensoras de derechos humanos.
En Honduras, más de una decena de beneficiarios de medidas cautelares han sido asesinados. Otros son actualmente son perseguidos, hostigados y criminalizado por ejercer la labor de defensoría de DDHH.
Cavallaro expresó que las reformas protegen de diversas maneras los ddhh a través de leyes, elementos de la Constitución pero también a través de la práctica de cada actor del Estado ya sea policía, ejército, Congreso, jueces, control de la convencionalidad y cada vez que se aplique la ley deben entender cuáles son las obligaciones internacionales, cómo se aplica y ejerce la función pública, respetando siempre los derechos humanos.
“Las medidas cautelares es una medida urgente, nos preocupa cada medida cautelar, cuando en un país hay muchas Medidas nos preocupa más y cuando hay medidas que no se cumplen y una personas beneficiaria es atacada es más preocupante”.
De parte de Honduras, la CIDH ha registrado un alto número de casos de defensores y defensoras de derechos humanos que han recibido ataques, amenazas, homicidios, cada muerte de uno defensor es algo muy serio para la defensa de los ddhh, por lo tanto es importante que el Estado asuma su obligación de proteger a los defensores de ddhh, afirmó Cavallaro.
Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta de OACNUDH-Honduras, expresó que las reformas del Código Penal, en cuanto al terrorismo, que habla afectación a la ciudadanía, no específica que tipo de daños, bienes, servicios, afectación emocional, etc.
Y es que un delito debe afectar a la ciudadanía, y en las reformas que se pretenden, se estaría criminalizando la protesta social, como delito de terrorismo, término que no está especificado. La iniciativa está encaminada a agregar dos párrafos al artículo 335 del Código Penal con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población.
A criterio de Lavagnoli, las reformas al Código Penal son temas de DDHH que deben debatirse, pero no deben ser temas con tintes políticos.
Por su parte María Soledad Pozo, Representante Residente de la OACNUDH, manifestó que dicha oficina a inicios de enero, remitió sus observaciones al gobierno, el cual fue considerado y que algunas han sido tomadas en cuenta, sin embargo, la figura de terrorismos, cree que aún no ha sido claro, hasta cuánto se considere el delito.
También hay temas que se deben analizar un poco más con detenimiento, como ser los relacionados con el sistema penitenciario y las escuchas telefónicas, estos deben estar enmarcados en los estándares de internacionales.
Este es parte del documento remitido al gobierno en tormo a las reformas que s epretende hacer al Código Penal “La Oficina de igual manera, a la luz del conjunto de estándares internacionales relacionados en el presente apartado invita a la revisión de las reformas propuestas en el siguiente sentido. – Reclusos con trastornos mentales graves víctimas del sistema penal y la adecuada aplicación de las medidas alternativas a la prisión – Términos para las evaluaciones del nivel de seguridad adecuado en función del riesgo – Tratamiento de prisioneros de máxima seguridad – Equilibrio entre la seguridad y los programas de integración social – Condiciones para la intervención, vigilancia y grabación de llamadas”
Conclusiones y propuestas
* Resaltar la importancia de crear espacios de participación ciudadana para que la sociedad hondureña sea parte de este significativo esfuerzo gubernamental para combatir la criminalidad que afecta diversos derechos humanos de la población; a través, por ejemplo de jornadas de socialización y la creación de foros nacionales donde confluyan las diversas experiencias y puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil, academia, operadores jurídicos, funcionariado público e instancias internacionales como lo es la OACNUDH, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías y los Comités del Sistema de Naciones Unidas. El aporte y la visión comparada de estas reformas con los diferentes actores ayudarán a enriquecer significativamente la legislación hondureña facilitando la incorporación de buenas prácticas así como la armonización de la legislación doméstica con el sistema legal universal y regional.
* Considerar la posibilidad y pertinencia de elaborar una ruta crítica de trabajo con enfoque de derechos humanos sobre las acciones a realizar por parte del poder ejecutivo. Como positivamente lo ha señalado el Ejecutivo en diversos considerandos de su iniciativa, las medidas que buscan implementarse en Honduras afectan al Estado así como en mismo grado a los individuos. Es por ello que para su formulación es un factor clave contemplar las obligaciones vinculantes recogidas en los tratados internacionales firmados y ratificados por Honduras, como la jurisprudencia internacional y regional interamericana. De la misma manera la integración de un enfoque de derechos humanos en la formulación de reformas al marco normativo contribuye de manera significativa legitimar las 12 propuestas planteadas así como de igual manera contribuye a fortalecer el régimen de Derechos Humanos en el país.
* Finalmente complementar, en la lucha contra el crimen, las reformas relativas a medidas coercitivas de la normativa penal con la implementación y fortalecimiento de las políticas sociales y de prevención que aborden de manera integral la mitigación de los problemas estructurales que generan conflictividad en la sociedad en el país. Los problemas estructurales, tales como la pobreza y la marginación, constituyen factores que sin un abordaje efectivo basado en el desarrollo equitativo y el fortalecimiento de las instituciones estatales difícilmente ayudarán a una disminución drástica en los índices delictivos.
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