San Pedro Sula, Honduras.- El equipo de defensa legal de nueve ambientalistas de la comunidad Guapinol, Tocoa, departamento de Colón, recusó al juez que conocería el caso en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, Cortés.
La Audiencia Inicial se pospone hasta nombrar un nuevo juez, y para resolver la recusación hay un plazo de tres días, declaró el abogado defensor Edy Tábora, en el juzgado de Jurisdicción Nacional ubicado en la zona norte del país.
Por lo que se debe esperar a más tardar el domingo 01 de septiembre, para que se reanude la audiencia donde comparecerán los defensores Antonio Martínez Ramos (fallecido el 4 de abril de 2015), Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán (ya enfrenta otro requerimiento), Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez por los supuestos delitos de asociacion ilicita, daños, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Además, Jeremías Martínez Díaz (único que fue llevado hoy a SPS), que se encuentra en prisión preventiva desde diciembre 2018 en la cárcel de La Ceiba, Atlántida, por otro requerimiento relacionado a la defensa de los ríos San Pedro y Guapinol, en Tocoa.
Según declaraciones de la defensora Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), de Tocoa, se recusó al Juez Carlos Irías de León, quien en un caso anterior y de la misma problemática de criminalización ya fue denunciado. En su momento se nombró al juez Víctor Méndez en Tegucigalpa.
Cabe señalar que esa audiencia celebrada en febrero de 2019, el juez Meza dictó sobreseimiento de todos los cargos contra 11 defensores, por falta de evidencia, y ya se incluía a don Antonio Ramos (fallecido), y sigue su nombre en los procesos judiciales. Estos ambientalistas estuvieron en prisión preventiva en Támara, a 500 kilómetros de distancia de su hogar.
Los hechos que se inculpan a un total de 32 defensores del Río Guapinol, sucedieron en agosto y septiembre de 2018, cuando las comunidades ocuparon pacíficamente las cercanías al proyecto extractivista de la Empresa Minera Inversiones Los Pinares, que inició en el 2014.
El campamento estuvo de manera pacífica, hasta que fueron brutalmente reprimidos por más de 500 efectivos policiales y militares, en octubre, donde se reportaron víctimas mortales.
De repente el agua del río Guapinol salía «cómo chocolate» según denuncias en su momento, y provocó muerte de animales y en enfermedades a sus habitantes.
La audiencia donde se juzgaría al segundo grupo de ambientalistas criminalizados de Guapinol, quienes -cabe señalar- se presentaron voluntariamente, y fueron enviados a prisión, estaba programa para esta mañana de jueves en Tegucigalpa, pero hasta ayer se anunció que sería en San Pedro Sula, Cortés.
Según trascendió a los defensores de los bienes comunes recluidos en la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto», en Támara, Francisco Morazán, sobre el kilómetro 32 de la carrera hacia San Pedro Sula, no fueron presentados en el juzgado.
Los y las criminalizadas integran el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), en Tocoa, que converge a 13 Comités Ambientales de Sector San Pedro y 14 comunidades del Comité Sector Abisinia; Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y la Parroquia San Isidro en Tocoa, de la Diócesis de Colón.
Se continúa a la espera de lo que suceda en esta audiencia y la criminalización contra los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. En muestra de solidaridad y exigencia de justicia, un grupo de pobladores y defensores de Guapinol, mantuvieron un plantón afuera del Juzgado de Jurisdicción Nacional sampedrano; y en Tegucigalpa se convocó una movilización mientras frente al Ministerio Público, desde el lunes hay un campamento permanente por la liberación de los compañeros presos.
