Por: Sandra Rodríguez
Una década después de haber sido señalado por el delito de usurpación, fue capturado el campesino y pescador Julio César Canales Torres, la mañana del sábado mientras se disponía a embarcarse para ir a visitar a su mamá en la Península de Zacate Grande, ahora mantiene medidas sustitutivas a la prisión y deberá comparecer ante el Tribunal de Justicia el 01 de junio próximo.
En el año 2007, un grupo de pescadores de La Brea, Nacaome, en el departamento de Valle, construyeron una borda para la producción de camarones y sal, en esa ocasión fueron desalojados y no hubo seguimiento por el juzgado.
Julio Cesar Canales de 58 años, es hermano de Pedro Canales, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), quien denunció el arresto sin mostrar una orden judicial, sino un texto leído por el policía a cargo, desde su teléfono móvil.
Pedro Canales, expresó que el 2007 el grupo de campesinos enfrentó una demanda interpuesta por la pareja de esposos Pilar Maldonado y Carmela Pineda, pero el proceso solo se lo pusieron a Julio Cesar Canales Torres.
Posteriormente, ante la persecución y viendo las complicaciones en la lucha por el acceso a la tierra, el grupo de desintegró, algunas personas se apartaron del todo y otros que se quedaron favor de la familia, en cuenta mi hermano, declaró a defensoresenlinea.com, el líder comunitario.
Agregó que, “no le presentaron orden de captura, y aunque dicen que sí había una, pero de ya tiempos y no estaba allí”.
Julio César permaneció por siete horas en la de la estación policial de Nacaome, hasta que, por mediaciones de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que sostuvieron diálogos con la Policía y Ministerio Público, se realizó la audiencia de presentación de imputado a las cinco de la tarde, donde le ordenaron ir a firmar el libro de registro de imputados cada lunes.
La familia del criminalizado, debió buscar un defensor privado, temiendo a que la defensa pública no hiciera bien su trabajo, ya que, según sus hijos, “notaron que querían que quedara preso, no había intención de que quedara libre. Los hijos notaron que lo trataban de una forma muy rara, incluso como tirando indirectas de que esos delitos era para cárcel y que no había audiencia”, afirmó el presidente de ADEPZA.
Julio Cesar Canales, es miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de su brazo político el partido Libertad y Refundación (LIBRE), además es de conocimiento público su parentesco con Pedro, también criminalizado en varias ocasiones por su acción social en defensa de la tierra y playas en la Península de Zacate Grande.
En la región sur del país, la criminalización campesina es constante. Desde el 2010, cuando se inició con la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, siete personas fueron procesadas por el delito de usurpación del predio donde está la cabina radial, en ese caso está aún judicializado Pedro Canales. También 27 campesinos fueron señalados de usurpadores en la región, y recibieron sobreseimiento por prescripción del término, en diciembre del 2016.
Otro proceso por usurpación en la comunidad de Playa Blanca, es el que enfrenta Abel Pérez, Santos Hernández y Tomas Cruz, son tres campesinos, miembros dela ADEPZA, Abel también es parte de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que acompaña el COFADEH. Hace unas semanas finalizó el juicio oral y público y están a la espera de la resolución.
Cabe señalar que el fiscal que estaba participando en la audiencia contra Julio Cesar, es el mismo que ha estado en el caso de Santos, Tomás y Abel, él siempre anda buscando como afectar a la gente, afirmó Pedro.
En Honduras más de 5,200 personas han sido criminalizadas por el acceso a la tierra y mas de 300 mil familias campesinas carecen de predios para sus cultivos.
Julio Cesar Canales, deberá comparecer en audiencia inicial el jueves uno de junio en el Juzgado de Nacaome, mientras deberá cumplir con medidas sustitutivas a la prisión, debido a una orden de captura que lo incrimina por el supuesto delito de usurpación desde el año 2007.
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