Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- “Cuando vimos que en la comunidad de Guapinol que el agua se empezó a ensuciar y no se podía hacer nada con ella, teníamos que comprar el botellón que cuesta 20 lempiras, entonces no hallábamos que hacer, el agua parecía como que habían batido un poco de lodo espeso, y cuando llevábamos el agua a la pila, ya empezaba ese mal olor”.
Fue allí cuando nos unimos para hacerle frente a la situación y defender el río, expresó María Victoria del Cid del Comité Municipal de Defensora de los Bienes Comunes en el Bajo Aguán.
En un evento dirigido por la Coalición Contra la Impunidad y realizado en un hotel capitalino, doña María, llevó su testimonio que ha vivido en carne propia desde que decidió defender el río junto a unas mujeres valientes y unos cuatro varones que se animaron, según lo expresó ante los defensores y defensoras que estaban presentes en la sala y que acompañan la lucha de Guapinol.
“Pero por quien estamos así, se preguntó, digamos el alcalde y la corporación de Tocoa y el presidente también, porque ellos son los que vendieron y no les importó que nosotros quedemos sin agua. Nosotros estamos haciendo mucho, no solo por nosotros, si no por los jóvenes y por los niños, por los animales, porque va a llegar el momento que ni un pez va a ver en el agua porque el agua se va a secar”, añadió del Cid.
Por su parte Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes dijo que «la finalidad de este evento es dar a conocer la serie de ilegalidades y de irregularidades en todo el proceso de concesión minera que se ha otorgado, en este caso actualmente la representa la Familia Facussé, el señor Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, y que ahora se llama Inversiones Los Pinares”.
Agregó que es todo un proceso de ilegalidades desde el estado, desde instituciones que debieron inscribir una zona especial que se llama parque Nacional Montaña de Botaderos, que hoy también, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lleva el nombre de Carlos Escaleras.
Para la coordinadora de COPA «el estado es el culpable de el conflicto en El Aguán, en los niveles que correspondan, desde las instituciones del estado, del poder ejecutivo, el mismo Congreso Nacional a través de los diputados y además la corporación municipal en el municipio de Tocoa».
A dicho evento también se hizo presente el abogado Carlos Jiménez, quien se preguntó ¿Quiénes son los culpables del conflicto? Así como las Irregularidades e ilegalidades que están alrededor de la concesión minera.
«Para empezar vamos a hablar sobre la aprobación nacional sobre el Parque Montaña de Botaderos, el parque fue creado en el 2012 bajo el decreto127 -2012, como área protegida, que su fin es preservar y conservar los recursos naturales, uno de los objetivos generales establecidos en el decreto”.
A través de la protección es estimular la protección de los ecosistemas, generar alternativas sostenibles para las comunidades.
Continuó diciendo que » vamos a ver que este es un tema recurrente y que tanto en el decreto y en el plan de manejo del parque se hace mención a que es siempre en beneficio de las comunidades a favor de las poblaciones locales”.
«El parque, según el decreto de su creación cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo que es la zona más importante, la zona de mayor protección y 7,1531.7 corresponden a la zona de amortiguamiento que es la encargada de mitigar los efectos de la actividad humana alrededor del parque, para que no alcance precisamente la zona núcleo”, añadió.
Según Jiménez «a pesar de que en el decreto de su creación en el artículo 8 se establece que el parque debe ser inscrito en el catalogo de patrimonio forestal inalienable, esto es como un registro especial de bienes del estado, entonces desde este año 2012 este Parque Nacional debió haber sido inscrito en dicho catalogo».
«La ley de minería prohíbe otorgar derechos mineros en aéreas protegidas declaradas e inscritas en este catalogo por lo que el parque es una zona de exclusión minera.
Desde el 2012 las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) que son las encargadas de este catalogo tenían la obligación de proceder a esta inscripción, ya estamos en el 2019 y eso no ha pasado todavía».
«El parque no ha sido inscrito al catalogo bajo el alegato que el proceso, aunque es indispensable, es costoso y lleva tiempo para realizarse, entonces por eso justifican que todavía no se considere zona de exclusión minera; sin embargo en el decreto de su creación ya queda una clausula donde a partir de su publicación en La Gaceta se prohíbe cualquier titulación favor de particulares en el área protegida».
«Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros, como procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto. También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riegos».
Cabe señalar que Después del evento se trasladaron hasta el Ministerio Público a poner la denuncia.
Y como lo expresó Elsy Banegas «el acceso para dicha denuncia ha sido la Fiscalía de Defensores de Derechos Humanos, que creemos que es a quien tenemos nosotros la obligación de presionar y exigirle que nos defienda, porque en este caso el comité está integrado por defensores y defensoras de derechos humanos y ambiente.
Añadió que somos las víctimas y los afectados y en general todo el municipio que tal vez una parte que tenga un sentimiento a favor de la minera por desconocimiento, por desinformación y porque han coaptado casi todos los medios de comunicación en la zona, pero en general es un derecho al agua y a la vida.
