Tegucigalpa.- Familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas de la década de los 80, exigieron hoy a la fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público se reactiven las investigaciones penales de la desaparición de sus parientes, en un acto en el que actuó como testigo de honor la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
La denuncia la han realizado los familiares en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Victimas de la Desaparición Forzada, que se conmemora hoy 30 de agosto.
En la presentación de la denuncia participaron la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva; el embajador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera Ulloa; la esposa del costarricense Eduardo Aníbal Blanco, desaparecido en noviembre de 1981, Gabriela Jiménez; familiares de Enrique López Hernández y de Samuel Pérez Borjas, desaparecidos en enero de 1984; la hija de Jorge Maldonado desaparecido en 1983, entre otros.
La denuncia la recibió el Fiscal Especial de los Derechos Humanos, Ricardo Matute y la segunda en jefe de esta oficina, Gabriela Matute, actuando como testigo Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
En el documento presentado, los familiares hacen siete peticiones al Ministerio Público y lamentan el contexto de impunidad que se encuentra los casos.
Entre sus peticiones están que se reactiven las investigaciones penales en todos los casos en los que no hayan agotado las investigaciones de campo.
También demandan que se reactiven la búsqueda de los casos en los que se denunció la desaparición forzada de personas y que se encuentran paralizadas la búsqueda de su destino final.
Otras de las peticiones que hacen al Ministerio Público es que se aceleren los procesos judiciales que se encuentra desde hace 27 años y en los que no se observa impulsos procesales.
Asimismo solicitan se ubiquen los restos óseos exhumados desde 1994 hasta 2004, a los cuales no se tienen acceso, y que se le aplique análisis forenses conforme a la evolución de la ciencia genética.
También le exigen al Ministerio Público que tanto a los familiares como a sus representantes se les debe garantizar en las investigaciones y en las etapas procesales y que se les aseguren reciban información oportunas de los resultados de las diligencias emprendidas.
La coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de este comité, señaló que con esta nueva denuncia le están recordando al Ministerio Público que es una cuenta no saldada, que es una cuenta pendiente, que mientras no se conozca la verdad, no se podrá construir un estado democrático y de derecho en el país.
“Esa verdad negada es la que tenemos que luchar cada vez que podamos, que se inicie y que se cumpla”, sostuvo Oliva.
Indicó que en la lucha por la verdad y la justicia para los detenidos desaparecidos, “nos vamos a convertir en el manantial de este país hasta saciar la sed de justicia”.
Por su parte Gabriela Jiménez, esposa de Eduardo Aníbal Blanco, desaparecido en noviembre de 1981, y quien tenía 20 años cuando su esposo fue secuestrado y desaparecidos por las autoridades hondureñas y su hijo tres meses de nacido, señaló que quiere saber la verdad y que pasó con su esposo.
