La Coalición Contra la Impunidad, conformada por 53 organizaciones hondureñas que trabajan en los diferentes ámbitos de la defensa de los derechos humanos, entregó en tiempo sus informes al mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU), que evaluará el 8 de mayo al Estado de Honduras en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Debemos decir que la voz de la sociedad organizada en ese foro es de contraste; no puede ser a favor ni en contra. Nuestro papel es de monitoreo, acompañamiento de las víctimas y de promoción de políticas públicas para fortalecer el Estado Democrático de Derecho. Y ese es, podríamos decir, un papel de resistencia moral, ética y jurídica desde la perspectiva de la sociedad.
El EPU es la instancia universal en la cual el Estado de Honduras, igual que los demás Estados parte, deben responder la verdad y solamente la verdad sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones del Consejo hechas durante el anterior Examen. El Estado podrá decir lo que quiera y «normalizar» lo que pueda, pero ahí estaremos para aportar la otra verdad, que se oculta, de fiscalizadores legítimos.
En base a experiencias anteriores, las organizaciones comparecientes deseamos evitar enfrentamientos cara a cara con funcionarios de gobierno — ya sean representantes permanentes ante las instancias oficiales en Ginebra o turistas gubernamentales de ocasión llegados desde Tegucigalpa–, pues esa dinámica pendenciera sólo busca alejar la atención pública de los incumplimientos fundamentales del Estado y representarnos a nosotros como «apátridas» en la narrativa mediática controlada por lobistas de la Marca País en Europa.
Nuestros ocho informes particulares, el texto consolidado y nuestras vocerías personales hoy, tienen mensajes claros sobre las acciones jurídicas, legislativas, administrativas y políticas que las instituciones del Estado tomaron en los últimos cinco años, y tenemos nuestras valoraciones críticas en cada una de las temáticas específicas que tocan la vida de las y los hondureños: como el aumento de casos de tortura, los derechos de los mígrantes, la desigualdad social, el fuero militar denominado tribunales de jurisdicción nacional y el combate a la corrupción.
Desapariciones forzadas y el contexto de impunidad que les rodea. La necesidad que se investiguen todas las acusaciones, se castigue a los responsables y se emita una Ley para el registro nacional de personas desaparecidas forzadas por razones políticas que obliga al Gobierno.
De modo general, podemos afirmar que Honduras vive una emergencia nacional en materia de derechos humanos con la militarización absoluta de la seguridad ciudadana, y la administración Agraria mediante la emisión del Decreto inconstitucional PCMOSZ-2019, la adecuación de la ley a un modelo ocultista, proteccionista del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, y un estilo de gerencia pública vertical que arrasa con las libertades públicas, los derechos individuales y colectivos, y privilegia la impunidad.
En los últimos cinco años la sociedad organizada hizo enormes esfuerzos por ejercer el derecho a la libre expresión en sus diversas manifestaciones pero recibió casi siempre criminalización por ejercerla, de lo cual testificamos las organizaciones campesinas, de mujeres, que denunciamos el incremento de los feminicidios, desigualdad, violencia de género y discriminación de la mujer, especialmente de las indígenas, de la diversidad LGTBI,
defensoras del territorio y los bienes comunes, y las organizaciones sociales en general que defendemos y promovemos la vida y la libertad.: y que como respuesta tenemos 184
personas criminalizadas por razones políticas a nivel nacional.
En conclusión, el 8 de mayo Honduras asiste al EPU 2020 sin la estructura de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, sin la gerencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sin un sistema judicial capaz de juzgar en el territorio a sus delincuentes criminales, sin una reforma política que cierre la continuidad de la crisis constitucional y sin los instrumentos suficientes que detengan el éxodo masivo de la población hacia el Norte de América y Europa.
Estamos aquí de frente a la prensa, funcionarios públicos, representantes diplomáticos, representantes de partidos políticos, organizaciones internacionales y nacionales para ampliar nuestra mirada crítica a las recomendaciones incumplidas y ofrecernos a la sociedad con ánimo de propuesta, con el deseo profundo de contribuir a cambiar esta situación que carboniza el presente del país.
Coalición Contra la Impunidad. Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo de 2020
