Siguatepeque, Honduras. – El lunes 27 de septiembre se emitirá el fallo en juicio Oral y Público contra los campesinos José Dolores Aguilar y Enrique Rivera, acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de «Escombro agravado en zona de vocación forestal», desde marzo de 2014.
La defensa a cargo de Karol Cárdenas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), durante el juicio Oral y Público, presentó de septiembre a dos testigos que expusieron la situación de la comunidad Los Llanos, cuando se dieron los hechos por los que son acusados.
En escuetas palabras los testigos comentaron que ellos están en predios nacionales por la necesidad de cultivar sus alimentos y llevar comida a sus familias. Sin embargo, la apatía de las autoridades locales y estatales los llevan a estados de criminalización y encarcelamiento.
El 52% de la población es campesina, en su mayoría sin acceso a tierra para producirla, por lo que el Estado tiene la obligación de proveerles los necesario para la subsistencia.
Los líderes campesinos de la EAC «12 de septiembre» están criminalizados desde el año 2014 y en 2015 fueron privados de libertad por seis meses. Siete años después, esperan que se aplique la justicia.
COFADEH asumió la representación legal de los dos campesinos previo a la etapa de juicio Oral y Público, siendo un caso más de judicialización contra defensores de la tierra y el territorio como ha sucedido con las empresas campesinas “8 de febrero” de Tutule, La Paz, y “12 de marzo” de Siguatepque, Comayagua.
Pese a que el grupo campesino había iniciado trámites ante el Instituto Nacional Agrario (INA), fueron acusados por el Ministerio Público, sin tomar en cuenta que es el único medio para trabajar que tienen los campesinos Dolores Vásquez, Enrique Rivera y demás compañeros oriundos de la comunidad, declaró Cárdenas, al concluir la audiencia de juicio oral y público.
El Tribunal debe ser objetivo en cuanto a realidad de campesinos en Honduras
Desde el área de Acceso a la Justicia del COFADEH, hemos documentado un gran número de violaciones a los derechos humanos de los campesinos en el centro del país, en este caso esperamos una resolución favorable y que el tribunal actúe de manera objetiva absolviendo a nuestros representados, agregó la abogada.
El fiscal del ambiente del Ministerio Público, Maximiliano Rubí no logró acreditar la participación de los imputados en lo que se les acusa, tampoco individualizó la acción, pese a que presentó estudios y pericias.
El Tribunal debe valorar la realidad del campesinado en Honduras, donde el 60 por ciento de la población hondureña es rural y el 70 por ciento de esa población vive en extrema pobreza, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) o más conocida como (FAO), argumentó la defensora en el juicio.
Mientras se continúa la criminalización contra defensores de la tierra, el país se vende a pedazos a inversionistas y extractivistas, de lo que el régimen de Juan Orlando Hernández se jacta como “inversión”. Mas de siete mil personas campesinas e indígenas en Honduras han sido criminalizadas, según información de La Via Campesina- Honduras (LVC-H).
Mas de 300 mil manzanas de tierra están en juego, cuándo ya se tiene registro jurídico que son ejidales y nacionales, pero se están se están destinando para concesionarlas, programas o proyectos extractivos, monocultivos y lo más terrible para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), denunció Franklin Almendares, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), de la cual es miembro la EAC “12 de septiembre”.
