Tegucigalpa.- Con la participación de expertos internacionales, se realizó vía virtual el Foro “La protesta Social y la Criminalización de los Oponentes Políticos en Honduras”, con el objetivo de mantener en la agenda pública la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas y la lucha por la defensa de los bienes naturales y públicos como uno de los mecanismos de denuncia sobre la obstaculización en el acceso a la justicia efectiva e imparcial.
La jornada, en la que participaron representantes de Amnistia Internacional, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, víctimas de la crisis post electoral y de la defensa de los bienes Comunes y Públicos, fue organizado por el Comité por la liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el continuismo.
El derecho a protestar se encuentra amparado constitucionalmente, así mismo la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 13, garantiza las manifestaciones públicas y el ejercicio de la libertad de expresión como elementos centrales de las protestas.
En Honduras, el Estado lejos de proteger las manifestaciones y protestas, ha implementado operaciones de represión, dispersión y restricción del ejercicio de estos derechos en el espacio público, fruto de una lectura desafortunada que considera a la reunión ciudadana como una forma de alteración del orden público o como un chantaje a la estabilidad de las instituciones.
“El uso excesivo de las fuerza y las violaciones a los derechos humanos ha sido la constante para silenciar voces que desde el ejercicio de la libertad de expresión también han tenido que enfrentarse a la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, manifestó en su intervención Erika Guevara Rosas, Directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Añadió que las personas que protestan son criminalizas para enviar un mensaje al pueblo que protestar no es permitido, todo lo contrario, protestar se ha convertido en un delito bajo los ojos del actual gobierno y de las autoridades hondureñas, violentando totalmente los derechos a la libertades de expresión y a la asamblea pacífica.
Durante estos años, después del golpe de estado de 2009, Amnistía Internacional ha documentado muchos casos de violación a la libertad de expresión y al derecho de defender los derechos humanos, los que son indispensable poner en relieve en el contexto en las violaciones a las libertades de expresión y de asambleas pacíficas.
En el gobierno de Juan Orlando Hernández, indicó la Directora de Amnistía Internacional para las Américas, hemos visto cómo la intolerancia de las autoridades hondureñas ante la crítica, ha habido una respuesta visiblemente represiva en contra a cualquier forma de crítica a las políticas de gobierno o cualquier forma de rendición de cuentas y esto no solo se ha dado en términos de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, que intencionalmente son utilizadas como un instrumento de castigo y silenciador contra las voces que demandan rendición de cuentas.
Por su parte Ricardo Neves, coordinador de la Unidad de Espacio Cívico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresó que la protesta social es uno de los elementos más importante de la vida pública en una sociedad democrática y plural, porque alimenta el debate público y permite la expresión de ideas y constituye una de las formas de participación en los asuntos públicos, especialmente para los grupos en condición de vulnerabilidad.
“La protesta social sirve como vehículo para exigir el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de las autoridades”, señaló Neves.
Agregó que los estados están obligados a no interferir en una reunión pacífica sin justificación legitima para ello y también están obligados a no sancionar a los participantes u organizadores solo por ejercer el derecho a la libertad de reunión, así como a no descalificar a la protesta pacífica a pesar que el mensaje o contenido no sea aceptado por las autoridades.
En Honduras desde hace doce años está en juego la democracia, donde no se observa unos tribunales de justicia imparciales que garanticen a las personas, que son judicializadas, el debido proceso, manifestó Mery Agurcia del comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Agregó que en los últimos años se acentuado el clima de criminalización de la protesta social, es decir que las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones están tendiendo cada vez más las consecuencias de que un integrante de una organización social sea acusado de algún delito y llevado a la cárcel para enfrentar uno o varios procesos legales.
Asimismo señaló que el estado de Honduras comenzó a criminalizar a la oposición colocando cámaras de alta resolución en las calles y plazas donde normalmente se manifiestan, lo que le permitió generar un banco de perfiles de los liderazgos operativos, posteriormente los criminalizas, aun cuando no estaban en la protesta, tal es el caso de Eduardo Urbina.
En el 2009, cuando se dio el golpe de estado, se criminalizó a 108 personas, de esas al menos cinco permanecieron presas durante tres años y otros continúan en el exilio. Y entre el 2017 y el 2021 el Ministerio Público formalizó 31 procesos judiciales que implicó en algunos casos la condena de las personas judicializadas como actores de actos delictivos, recordó Mery Agurcia.
Asimismo denunció que a los presos políticos no se les garantizó en los centros penales su integridad y en los centros penales de alta seguridad fueron expuestos a agresiones físicas y en riesgo su vida.
“Los presos políticos, con raras excepciones, han tenido acceso han jueces independientes e imparciales, la noción de plazos razonables, el derecho de defensa o protección judicial y otros, no están debidamente garantizados. El estado de Honduras no tiene justicia”, señaló la defensora de los derechos humanos.
Lourdes Gómez, criminalizada por el Gobierno desde diciembre de 2017 y que permaneció en prisión junto a su esposo y hermano seis meses, residente en el municipio de Pimienta, Cortés, recordó que ella estuvo privada de libertad den el centro penal de Tela, Atlántida, y que su esposo, su hermano y ocho personas más, fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
“Mi hermano, mi esposo y los demás que trasladaron a Ilama, lastimosamente ahí adentro sufrieron en carne propia lo que era meterse con el Gobierno, fueron aislados en un cuarto donde los policías y militares los torturaron, les raparon su cabeza, haciéndolos como que eran de un grupo de una mara contraria a donde ellos los mandaron; los tuvieron desnudos y sin comer por varios días”, denunció Lourdes Gómez.
Indicó que una vez que cobraron la libertad, vinieron a enfrentar la dura realidad, porque quedaron marcados con antecedentes penales, donde su hermano y varios de ellos, siguen con persecución de la policía, y en el caso de ella que tenía un negocio, perdió todo, la policía le llevó 60 mil lempiras que tenía para pagar los créditos de los productos que vendía.
De acuerdo a los hechos, el día de la quema de la posta de Pimienta entre 10 y 11 de la noche, y al día siguiente llegaron dos camiones y dos carros de militares con policías cobras encapuchados, se tiraron de los vehículos, le apuntaron a ella y a su niño dentro del negocio, después metieron a los clientes al interior del mismo.
Los encapuchados le allanaron el negocio, rodearon la casa y toda la cuadra. Esto fue el día de navidad y dijeron que era un registro de rutina en todos los negocios.
A Lourdes se le acusó por los delitos de incendio de la posta policial de Pimienta y robo agravado, junto a 10 hombres, quienes fueron señalados como miembros de grupos delictivos.
Lourdes Gómez fue clara al manifestar que están en contra de lo que está pasando en el país, “nos duele ver nuestra tierra, nuestra patria destruida en manos de gobernantes que se benefician a favor de ellos y no del pueblo, y esa es la paga que recibimos por levantar la voz en contra de los corruptos”.
Otro de los sectores que ha sido criminalizado por estar en la defensa de la tierra, territorio y agua, son los pueblos ancestrales, donde también han sido víctimas de crímenes, los que siguen en la impunidad.
Para Felipe Benítez, miembro del Consejo Indígena Lenca de Santa Elena, Coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, el golpe de estado de 2009 vino a quebrantar el derecho a la tierra y al oponerse ellos a las concesiones mineras y a las hidroeléctricas la criminalización aumentó aún más contra la población indígena que se opone a esos proyectos.
Indicó que en la lucha por no permitir que en el municipio de Santa Elena se construya una represa propiedad de Gladis Aurora López, diputada actual del Congreso Nacional, dos líderes fueron asesinados y dichos crímenes están en la impunidad.
También denunció que otro de los problemas que enfrentan en el departamento de La Paz son con los jueces, ya que estos al indígena lo discriminan y para ellos el Convenio 169 no vale porque no entienden eso del derecho de los indígenas.
El líder campesino señaló que el estado los está sacando de circulación, lo cual lo está logrando con la criminalización, al ponerlos presos o mandándolos a firmar a los juzgados por años y años, o los mandan a asesinar.
Finalmente lamentó que en Honduras ser indígena es un crimen.
Felipe lucha contra los grandes negocios para preservar sus tierras ancestrales de la minería, la tala, el turismo y otros megaproyectos. Es además sobreviviente del régimen de tortura, desapariciones forzadas y muerte de la década de los años ochenta.
Juan López, pedagogo de profesión y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, señaló que en Honduras solo existe un poder y ese es el de las familias más ricas por el país.
Manifestó que en el “teatro del Congreso Nacional” crearon las condiciones tribales para darles vientos a las concesiones, a la entrega de los territorios, y luego el ejecutivo le dio carta de ejecución a los proyectos, poniendo a las comunidades en enorme riesgos.
Asimismo indicó que el estado completo tiene las manos metidas en el riesgo que corren las comunidades que están en lucha por la defensa de la tierra y territorio.
Juan López es del criterio que el estado es el garrote con que los ricos golpean a los pobres.
