En el marco del 30 de Agosto DÍA NACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO, establecido así en el Decreto Legislativo 284-2002, nosotros y nosotras defensores/as de Derechos Humanos organizados en redes formadas y acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), hacemos público el siguiente pronunciamiento:
Los Detenidos Desaparecidos eran compañeros y compañeras que nos antecedieron en la lucha por la defensa de los derechos humanos, jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes, campesinos, ambientalistas, indígenas, maestros, sindicalistas, líderes religiosos de la iglesia del pueblo, hijos, esposas, padres y hermanos que dieron hasta su vida por una patria digna, libre de injerencia militar, con educación para todos y todas, a ellos y ella los honramos cada día con nuestra labor, y hoy especialmente lo hacemos en la plaza central de Tegucigalpa, uno de los sitios de la Ruta de la Memoria Histórica, testigo que grita a voces silenciosas ¿Dónde están? ¿Vivos se los llevaron, vivos los queremos?
Por lo tanto, insistimos en la denuncia ante la problemática que enfrentamos como campesinos y campesinas defensoras de la tierra y el territorio, que nos traza un camino de intimidación, persecución, hostigamiento, abuso de autoridad y poder, violación a los derechos humanos, criminalización y judicialización por la tenencia y defensa de recursos naturales, incluyendo compañeros detenidos y desaparecidos en la década de los 80 bajo la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, figura que reaparece en el golpe de Estado del 2009, y avanza en la desmovilización social.
Repudiamos la criminalización y judicialización política que, a lo largo de los años ataca a quienes defendemos los derechos humanos, tomando en consideración que nuestra labor es en campo, mediante acompañamiento en movilizaciones sociales y ante instancias legales como ser la Dirección Policial de Investigación (DPI) y dependencias del Ministerio Público, a víctimas de lesa humanidad, incluyendo compañeros nuestros, asumiendo el riesgo que nos perfilan y muchas nos atacados en la calle, como sucedió con el compañero Marlon García, a quien la policía le disparó una bala de goma cuando transmitía por redes sociales un desalojo violento, en Nacaome, Valle, el 25 de junio del 2019.
Condenamos la persecución política que existe por parte de los entes gubernamentales, policías y militares contra los y las jóvenes que defienden sus derechos. Este narco-estado nos ha robado los sueños, motivaciones, el derecho a un trabajo y un futuro prometedor. Obligando a muchos de nuestros compañeros y compañeras a huir del país mediante la migración forzada, y de alguna manera atacando directamente a nuestras redes y Comité que desde hace un par de años nos forma en derechos humanos. Lo único que recibimos es desesperanza, violencia y muerte.
Ante la crisis generalizada en nuestro país, exigimos que se apruebe la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género y Soberanía Alimentaria, engavetada en el Congreso Nacional desde el 09 de abril del 2014. Y no acciones que solventan por un momento lo que realmente es grave, como el derecho a la tierra, al agua y a la alimentación.
Exigimos seguridad para los y las defensoras del medio ambiente y territorio, víctimas de desplazamiento forzado de las comunidades por las empresas extractivistas, que se adueñan de nuestra tierra.
Hoy, manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras criminalizados y encarcelados por la defensa del Río Guapinol y Río San Pedro. Condenamos el asesinato de Roberto Argueta, este 28 de agosto, él era uno de los 32 ambientalistas requeridos en Tocoa, en cuya lista aparece el nombre de Antonio Martínez, fallecido en 2015 y acusado en 2018, por lo que exigimos se aplique justamente la ley, y no se revictimice a quienes luchan por la tierra.
Nos pronunciamos ante la represión y persecución que estamos recibiendo por parte de militares y autoridades políticas en temas como la defensa de los derechos a la salud, educación, defensa de tierra y territorio.
Exigimos se nos respete el derechos que prevalece en el artículos 30 de la Declaración de Naciones Unidas; los artículos 18 y 346 de la Constitución de la República, artículo 165 de la Ley de Municipalidades y el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el respeto a la independencia de las comunidades indígenas. Como defensores y defensoras de derechos humanos hemos sido perfilados, perseguidos y criminalizados en la lucha que se ha estado haciendo con las organizaciones campesinas y Concejos Indígenas.
Exigimos que se desmilitarice el país, y la no injerencia de las fuerzas represoras del Estado donde hacemos incidencia.
Reiteramos y recordaremos hasta que sea necesario, que el Estado pague la deuda histórica que tiene con nuestros héroes detenidos desparecidos que eran incomodos para la oligarquía hondureña.
Honduras, 30 de agosto de 2019
Día Nacional del Detenido Desaparecido en Honduras
Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR)
Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso (Red-Oriente)
Defensores Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH)
Red de Defensores/as de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira)
Red de Defensores/as de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz)
Red Nacional de Defensores/as de la Tierra y el Territorio (RENADETT)
