Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la siguiente manera:
PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
