La Articulación 611 que reúne a organizaciones de derechos humanos de cara a la reanudación de las sesiones en el Congreso Nacional para continuar con la aprobación del proyecto de Nuevo Código Penal, especialmente en lo que se refiere a la Parte Especial que contiene los delitos y las penas, a la comunidad nacional e internacional manifiesta:
1. Nuestra inconformidad con el actual proceso de aprobación del nuevo Código Penal, especialmente por la falta de transparencia y la secretividad que ha caracterizado su discusion. Esta práctica resulta incongruente con el carácter público que debería concedérsele a la aprobación de una ley penal que tiene como finalidad regular las relaciones en la sociedad para evitar agresiones, y en caso de que se produzcan sancionarlas conforme a sus disposiciones.
2. Es preocupante que se le hayan dispensado dos debates y que no se abran espacios o canales para la participación de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general. Un Código Penal reviste una importancia de primer orden para la sociedad, tanto por la protección de bienes jurídicos ante posibles amenazas o puesta en peligro, como por la defensa o resguardo de los valores ético-sociales que implican los bienes que decidimos proteger. Por ello, resulta inexplicable que la discusión del mismo se haga a espaldas de la sociedad.
3. Por otro lado, el carácter restrictivo que recogen buena parte de los tipos penales, especialmente en lo que respecta a la protesta social, nos hace constatar que el nuevo Código Penal se enmarca en una concepción autoritaria y antidemocrática, que incluso transgrede varias de las recomendaciones y observaciones que desde instancias internacionales se han realizado al Estado hondureño.
4. Un país que se enmarque en la institucionalidad democrática, lo menos que puede hacer es dar a conocer a la ciudadanía el proyecto de ley de Código Penal que se está aprobando, e instalar mesas de discusión con todos los sectores sociales para sacar de ellas insumos y directrices para la redacción de las normas penales. Desafortunadamente, en nuestro país este proceso de diálogo y de participación ha sido inexistente.
5. En estas circunstancias, nos llama poderosamente la atención el apoyo técnico que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea han venido aportando para el proceso de elaboración y aprobación de este nuevo Código Penal, con lo cual tanto estas instituciones como los gobiernos que representan estarían dando un apoyo tácito al proceso de aprobación de esta normativa y sus contenidos violatorios de derechos humanos.
En el marco de estas consideraciones, la Articulación 611 demanda:
I. Que se suspenda el proceso de aprobación del nuevo Código Penal y que se convoque a las organizaciones de derechos humanos y de distintos sectores sociales a integrar mesas de trabajo para discutir y hacer propuestas sobre esta normativa
II. A las instancias de cooperación internacional involucradas en este proceso, que promuevan que la normativa que finalmente se apruebe no contenga tipos penales que quebranten los estándares internacionales en Derechos Humanos, especialmente en lo atinente a la protesta social y derechos de las mujeres, de igual modo que contribuyan a fomentar un espacio de diálogo y de participación entre el sector gubernamental y las organizaciones de sociedad civil para la aprobación de este nuevo Código Penal.
Tegucigalpa-San Pedro Sula, 24 de octubre de 2016
