Santa María, La Paz
Por Sandra Rodríguez
Con la finalidad de hablar sobre el respeto a los territorios indígenas y la imposición de un catastro municipal, el Consejo Indígena de la Comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, La Paz, al centro occidente del Honduras, convocó a una asamblea a autoridades locales, edilicias, gubernamentales y judiciales para encontrar solución al conflicto que se ha enmarcado en un proyecto de electrificación, pero que realmente es político.
Así lo denunció Felipe Benítez, coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH, del cual forma parte del Consejo Indígena de Simpinula que representa Víctor Vásquez.
La problemática se ha hecho más evidente desde que en la comunidad se interrumpió el servicio de energía eléctrica, el cual, manifestó una pobladora, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, lo tenía en periodo de prueba. Pero es que para su instalación es necesaria una clave catastral y tener en cada vivienda el medidor de consumo de dicho servicio básico.
Y es que al aceptar el catastro municipal, las tierras serán lotificadas y los impuestos serán para la alcaldía, además se individualizaran los predios que tienen carácter de comunitario, incluso la zona que está en proceso de recuperación, y del cual se muestra como dueña a Sandra Elizabeth Morales, quien vive en otra ciudad. Asimismo hay otras personas que se presentaron como dueños de algunos predios, por lo que el Consejo Indígena mostrará los documentos que muestran su pertenecía.
Ante la necesidad de tener el servicio de electricidad, se conformó un patronato comunal, con personas que están a favor de la medición catastral y manifiestas que los indígenas organizados están usurpando la propiedad privada que pertenece a la señora Morales, por lo que ellos no quieren problemas, únicamente que se vuelva a instalar la luz.
El alcalde, Gabino Argueta, expresó que él no tiene ningún interés más que el problema se resuelva, porque debe primar el amor al prójimo, “este conflicto lo debe arreglar los vecinos de la comunidad, con el acompañamiento de observadores, verdores y conciliadores, en eso me apunto”.
Argueta expresó que a él solo le queda el próximo año de gestión, por lo que este problema del catastro lo tiene sin cuidado. Mientras tanto ofreció a la persona encargada de hacer las mediciones correspondientes, sin que los pobladores paguen, y que obtengan su clave, así mismo conozcan detalles de sus tierras.
“Lo de catastro me tiene sin cuidado, el otro año me voy y no voy a estar en estos problemas. Les he ofrecido enviar a alguien que les venga a medir, sin que vayan a pagar algo, pero que sepan cuanto miden su terreno y que tipo de tierra tienen. Que les den su clave catastral y que pongan su electricidad”.
Pero los miembros del Consejo Indígena no se fían de las autoridades, ya que son víctimas de persecución y ataques debido a la lucha de la defensa de los bienes comunes.
A la asamblea, también asistió Nahúm Bulnes Salinas, representante del Instituto Nacional Agrario. INA, quien espera que no haya conflicto y que se llegue a acuerdo entre los pobladores.
Patricia Izaguirre, en representación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños, será la que coordine la mesa de diálogo, expresando que el interés principal es que no haya más altercado entre la población, ni amenazas y ataques, dejando entre ver que ha habido acciones violentas en la comunidad por las diferencias entre ellos.
Asimismo expresó que a mediados de octubre irá a la comunidad, donde estarán estudiando el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el cual es importante que conozcan, manejen y sea bien aplicado.
Por su parte, Yisvi Villalobos, representante de la fiscalía de las Etnias, solicitó respeto entre las partes, que haya acciones conjuntas para el bien de todos y que sobresalga la aplicación de los derechos del pueblo.
También asistió Vicente Salguero del Instituto de la Propiedad, y el gran ausente fue el representante de la ENEE, y si no asiste a la próxima reunión, se le notificará de forma legal, pues el problema creado es por la falta se servicio que está presta.
El Gobernador del departamento de La Paz, René Melgar, expresó que el mismo gobierno está interesado en que haya justicia para todos. Además que es difícil entender como el Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario, Cehprodec, está llegando a dividir en las comunidades. (CEHPRODEC es una organización no gubernamental que da acompañamiento a MILPAH, hace dos meses apoyó la realización de una consulta sobre si la población del municipio de Santa Elena está a favor o no de las concesiones mineras y catastro en su comunidad).
“Hay que hacer lo que nos corresponde, que no se vengan extraños a solucionar nuestros problemas. Tenemos que buscar que haya paz en la comunidad, generar paz en los demás”, agregó.
Agregó que “Hay un Patronato comunal, no nos podemos llamar comunidad indígena si aparecen golpeados y macheteados, no queremos estar en tierras ajenas, no podemos estar en conflicto”.
A las autoridades gubernamentales les preocupa que si no se soluciona el conflicto en Simpinula, se corre peligro que el caso se vaya a instancias internacionales hasta Costa Rica, donde ya existen 10 casos, lo que demuestra ingobernabilidad.
Felipe Benítez, rechazó las declaraciones del gobernador departamental sobre el desprestigio de CEHPRODEC. Asimismo expresó que “la mejor arma es el diálogo, nuestros enemigos son las transnacionales y las mineras”, por lo que se van a mantener firmes en la defensa de los bienes naturales y el territorio.
Debido a las constantes amenazas que tienen las y los dirigentes de MILPAH, entre ellos Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena de Simpinula, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares el 24 de noviembre de 2015 en favor de al menos 12 miembros.
A los indígenas defensores de los bienes comunes, los llamas “usurpadores” y el alcalde dice que los títulos ancestrales o comunitarios no tienen valor, sin embargo los indígenas Lencas, aseguran poseer un título comunitario de Simpinula.
La Corte Interamericana ha insistido en que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica”.
La situación es preocupante de forma generalizada, pues solo en el 2015 se denunció el asesinato de más de 20 indígenas lencas en el departamento de La Paz, y muchos son criminalizados desde las autoridades locales, hay indígenas presos o con medidas sustitutivas acusados de usurpadores de la tierra donde viven desde hace muchas generaciones.
Más de cinco mil campesinos e indígenas tienen procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, Incluso niños y niñas de seis a trece años deben ir a firmar a los juzgados, denunció la semana pasada la dirigente campesina Yazmin López. Al menos 12 defensores del derecho a la tierra guardan prisión a nivel nacional; y el departamento de La Paz, desde el año pasado ha reportado mayores incidentes hasta de abortos provocados por los desalojos o encarcelamientos.
