Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
Organizaciones articuladas en la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), preparan un encuentro con el estado de Honduras, para que éste cumpla eficazmente lo dictado por el organismo continental en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por el Sistema Interamericano está por cumplir 2 años desde su creación en julio de 2015. El espacio está conformado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, Caritas, La Pastoral Penitenciaria de la iglesia Católica, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Casa Alianza-Honduras.
La abogada Florencia Quezada que trabaja en el área de derechos humanos y prevención de violencia contra las mujeres de Caritas dijo a www.defensoresenlinea.com que se está consolidando un esfuerzo coordinado, en el cual, colectivamente se busca interpelar al Estado de acuerdo a los parámetros que ya establece la ley y de acuerdo a las responsabilidades que le han sido adjudicadas al Estado, en las diferentes sentencias que están representadas en la mesa de seguimiento .
“Es evidente que de todas esas 10 sentencias que hasta este momento tiene el Estado de Honduras, en todas, de alguna a otra manera, el estado ha incumplido; primero ha incumplido en su parte indemnizatoria, en el cumplimiento de los daños morales o no materiales, así como en los daños materiales, y también ha incumplido en aquellos cambios estructurales respecto de las sentencias”, explicó Quezada.
La procuradora de derechos humanos indicó que el estado debe poner en práctica un efectivo mecanismo de protección de defensoría, implementar los cambios estructurales en el sistema penitenciario y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos al momento de sus detenciones ilegales, entre otros aspectos.
“Entonces hemos visto que hay incumplimiento en casos que tienen que ver con las víctimas directas que pueden ser las personas o familiares y con aquellas medidas sociales, económicas y culturales que beneficiarían a la ciudadanía en el sentido de respetar, en un sentido amplio, los derechos humanos”, recalcó Florencia Quezada.
CARITAS llevó el caso ante el sistema interamericano junto al ERIC, cuando 107 privados de libertad murieron calcinado a raíz de un pavoroso incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004, en el centro Penal de san Pedro Sula.
Este hecho ha sido considerado como el segundo peor incendio en centros penales de Honduras en toda la historia, después del Granja penal de Comayagua acontecido en 2012.
En 2012, el gobierno hondureño fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el presidente Porfirio Lobo Sosa admitió que el gobierno había tenido culpabilidad en este incendio debido a la falta de infraestructura e inversión económica.
El 5 de abril de 2003, unos 66 reclusos y tres mujeres, incluida una menor de edad, que visitaban familiares en la Granja Penal de El Porvenir, cercana a la caribeña ciudad de La Ceiba, murieron en una matanza que se produjo entre reos miembros de pandillas y otros presos comunes.
César Luna: “La muerte de mi papá no solo fue el crimen de un ambientalista, sino que también fue un crimen contra la democracia”
Otro de los casos emblemáticos que se abordan en el seno de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por el Sistema Interamericano, es el que corresponde a Carlos Luna López.
Carlos Luna fue electo en 1998 como regidor de Catacamas, en el departamento de Olancho. Su liderazgo y honestidad hicieron de Luna, un líder ambientalista de mucha credibilidad. Durante su desempeño como edil de Catacamas, en el vasto departamento de Olancho, denunció actos de corrupción de la Corporación Municipal, relacionados a la concesión de permisos madereros y casos de presunta tala ilegal.
El regidor manifestó públicamente en varias ocasiones que había recibido amenazas de diferentes sectores, incluidos algunos funcionarios públicos e incluso presentó una denuncia por una amenaza de muerte y luego fue asesinado el 18 de mayo de 1998.
César Luna, hijo del ambientalista, aseguró que en el 2013 él y su familia recibieron varias amenazas de muerte por insistir en que se investigaran los hechos, por eso tuvieron que mudarse de su pueblo por temor, lo que terminó por desintegrar su familia.
El 10 de Octubre del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) declaró que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la violación del deber de la garantía del derecho a la vida del ambientalista.
El ingeniero agrónomo, ambientalista y regidor de la municipalidad de Catacamas, Carlos Antonio Luna fue asesinado con arma de fuego el 18 de mayo de 1998 al salir de una reunión de la Corporación Municipal.
César Luna quien ha participado de las reuniones de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), dijo a www.defensoresenlinea.com que “nos sentimos satisfechos por el trabajo nuestro, pero no por el trabajo de las instituciones del estado de Honduras, y hasta cierto punto el incumplimiento por parte de la Corte- IDH, porque siento que es un sistema muy flojo, muy débil en cuanto a obligar al estado a que cumpla”.
Luna señaló que “mi papá va a cumplir 20 años de muerto y el estado al día de hoy, le debe una verdad a nosotros como familia, a nosotros como compañeros en la lucha de mi papá, al pueblo de Catacamas y a la nación entera; porque hoy a la luz de la justicia hondureña no se sabe quiénes son los autores inmateriales del asesinato de mi papá ni sabe cuál fue la verdad que rodeó su asesinato; entonces hoy a nosotros como víctimas y ahora que estamos involucrados en un proyecto político, tenemos que decirle la verdad a los amigos, pero es la verdad nuestra, porque el estado le debe esa verdad al pueblo”.
La muerte de mi papá no solo fue el crimen de un ambientalista, sino que también fue un crimen contra la democracia, porque se asesinó a un regidor municipal, a un hombre que estaba haciendo verdaderas transformaciones en el municipio más grande de Honduras, y más rico forestalmente y en recursos naturales.
“Entonces el daño fue inmenso para su vida, para nosotros como compañeros en su lucha, para nosotros como hijos y para la ciudadanía en general, después de 20 años me hacía esa pregunta: ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo proyecto político, si tenemos que vincularnos a esa verdad que hay que decírsela al pueblo, porque es una deuda histórica que tiene el estado con la verdad”, comentó César Luna.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), realiza los preparativos de este encuentro con autoridades del Estado de honduras, previsto para el mes de septiembre de 2017, como un punto de partida para asegurar el cumplimiento irrestricto de al menos 10 sentencias relacionadas a casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del estado hondureño en perjuicio de ambientalistas, defensores de derechos humanos, juristas, garífunas, jóvenes y privados de libertad.
