Por Sobeyda Lovo
Tegucigalpa.- En estos últimos meses, la defensora de derechos humanos Juana Esquivel e integrantes de la Fundación San Alonso Rodríguez, han sido objeto de campañas de desprestigio en la prensa y en las redes sociales, según un comunicado emitido por la organización Front Line Defenders.
Esquivel y miembros de la fundación San Alonso Rodríguez, han acompañado las luchas de los pueblos en defensa de sus territorios y los bienes comunes.-
La organizacion Front Line Defenders está profundamente preocupada por la campaña de desprestigio en contra de Juana Esquivel, la cual se presenta como un intento por deslegitimar su trabajo en favor de la protección a los derechos ambientales y el derecho al acceso al agua en la región de Colón. En tal sentido se teme que esta campaña de desprestigio pueda llevar a un aumento en la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
La causa de todos los conflictos en Tocoa Colón, han sido las violaciones a los derechos al acceso a la tierra, comida y agua y es que debido a la ejecución del proyecto hidroeléctrico, gestionado por la Empresa Minera Inversiones Los Pinares, el cual inicio en el 2014, la contaminación de agua del río Guapinol, ha dado como resultado la muerte de animales y en enfermedades entre las y los habitantes del área, según un comunicado emitido por la organización defensora de derechos humanos internacional, Front Line Defenders.
Esquivel, como directora de la Fundación San Alonso Rodríguez, colabora en el acompañamiento y legitimación de iniciativas y luchas pacíficas de derechos humanos, en relación al caso del campamento Guapinol y es por esta razón que fue reconocida como su portavoz. La organización aconseja, acompaña y comparte información acerca de los casos de criminalización en contra de 18 de los integrantes del campamento.
La protesta que lleva más de tres meses, nombrada “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida” empezó el 1 de agosto de 2018, cuando cientos de habitantes de la comunidad Guapinol ocuparon los márgenes de una carretera que lleva a la Empresa Minera Inversiones Los Pinares, alegando que existen numerosas irregularidades en la licencia del proyecto y su implementación.
El acoso y las campañas de desprestigio por parte de los medios de comunicación, Radio Cadena Voces, Mundovisión y Redes Sociales, en contra de la fundación, la directora y los activistas del campamento Guapinol, han sido constantes, a tal grado que se les ha estigmatizado como los “Opositores del Progreso y Creadores de conflictos”, según destaca el comunicado de la organización internacional.
Relator Especial de ONU recomendó a Honduras adoptar medidas de protección para los defensores y defensoras de DDHH
El 13 de septiembre de 2018, un tribunal hondureño especializado en crimen organizado emitió una orden de detención en contra 18 de los integrantes del campamento. En seguida, el 27 de octubre de 2018, una represión policial y militar fue organizada en contra del grupo. El ataque utilizó municiones y bombas de gas lacrimógeno, y resultó en el asesinato del activista Levin Alexander Bonilla y otros dos militares. Desde entonces, las fuerzas de seguridad estatales siguen en la región.
El comunicado indica además, que la minería también estuvo involucrada en los ataques e intimidaciones en contra de los integrantes del campamento Guapinol, como el secuestro de su líder Irma Serrano y sus dos hijas por más de 20 horas.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el Relator Interamericano sobre Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez, expreso que el Gobierno de Honduras «debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”.
En su visita oficial el 28 de julio de 2017, el asistente del Secretario General de Naciones Unidas, Andrew Gilmour, resaltó la importancia que tiene el aumentar la protección de las y los defensores de derechos humanos en Honduras, debido a que Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para personas defensoras de derechos humanos.
De igual forma, Front Line Defenders pide a las autoridades de Honduras, se realice de forma urgente lo siguiente: Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la campaña de desprestigio en contra de Juana Esquivel y la Fundación San Alonso Rodriguez, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales.
Tomar las medidas necesarias para asegurarse que los funcionarios públicos y otras figuras públicas se abstengan de estigmatizar el trabajo legítimo de derechos humanos de la Fundación San Alonso Rodriguez y sus integrantes.
Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.
