La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH), Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, manifestamos que es urgente se atienda la situación penitenciaria, se atiendan los riesgos a la salud e integridad de todos los presos y el personal que labora en el sistema penitenciario; se libere a los presos políticos, a las víctimas de la fabricación de delitos mediante tortura, inducción de testigos y víctimas de los montajes mediáticos; a los presos de la tercera edad, con enfermedades crónico degenerativas, inimputables y con beneficiarios de medidas de libertad anticipada; y a los que sean beneficiarios de la ley de amnistía federal y se insta a las entidades federativas que expidan las propias para el fuero común.
En la actual situación de pandemia que padecemos, el Gobierno Mexicano por el compromiso adquirido a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y el mandato que les hemos conferido, está obligado a velar por la seguridad integral de los habitantes.
En este sentido, subrayamos nuestra preocupación por los grupos más vulnerables, en particular el de las personas privadas de su libertad unas que cumplen condenas y otras en espera de las mismas, están también las personas que por su actividad política son incómodas para el Gobierno Mexicano y se encuentran criminalizados por su defensa a sus derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas, al territorio, medio ambiente, etc., y que actualmente se encuentran privados de su libertad.
Los penales en el actual contexto de pandemia pueden ser lugares propicios para la propagación de enfermedades, poniendo en peligro permanente a la población en reclusión, debido al hacinamiento en que las personas reclusas permanecen, la falta de agua, jabón, higiene, la prohibición del uso del gel antibacterial, y la entrada y salida del personal que labora en estos Penales. El número de muertos por COVID 19, tanto presos como personal penitenciario, los motines y enfrentamientos entre presos, obligan a actuar de inmediato.
Es necesaria la implementación inmediata de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido en la guía; “Preparación, prevención y control del COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención”. Subrayando que Michelle Bachelet Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ha advertido que; “El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”.
Subrayando que Michelle Bachelet Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ha advertido que; “El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”.
En este sentido, también pedimos se tome en cuenta el Informe de Orientación de la Organización Mundial Contra la Tortura OMCT para la Red SOS-Tortura y las Organizaciones Asociadas, además de las Reglas Mandela como las Reglas de Tokio y el artículo 1, 133, de nuestra Carta Magna, 1.1 , 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señala el deber que tienen los Estados parte de respetar los derechos y libertades de todas las personas privada de su libertad tienen, el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal, asimismo la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, recomienda a los Estados garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas retenidas. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es garante de los derechos de los detenidos, sin prejuzgar si son o no responsables de los delitos por los que se les tienen recluidos sobre todo en aquellos casos en que se les tiene retenidos sin recibir una sentencia, por lo que son castigados doblemente en consecuencia la falta de justicia es igual a justicia denegada
Por lo tanto en la presente situación de pandemia por el COVID 19, es menester que el Estado garantice la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, o en su defecto al carecer de tales garantías que brinda el estado sean puestas en libertad,
Solicitamos la liberación de todas y todos los presos políticos del país, y en particular la liberación de los presos y presas que estas organizaciones vienen acompañando y son: Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; l@s policías comunitarios, Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo, Bernardo Xavier Cabrera Moreno.
Así como Luis Salvador Escartín González, Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía, los hermanos Jessica y José de Jesús VÁZQUEZ FONSECA, Araceli Cinthya Cantú Muñoz, los hermanos Sergio y Efrén Méndez Martínez, Joel Mendieta Jiménez, Abrahán Christopher Arellano Rayo.
ATENTAMENTE
Por las organizaciones
María Magdalena López Paulino
Secretaria Ejecutiva de Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
