Tegucigalpa, Honduras. – Desde el 2017 a la fecha, el juicio contra las policías Aracely García y Esther Ponce, se ha reprogramado cinco veces, lo que no permite más prórroga en la búsqueda de justicia para la profesora Agustina Flores.
La misma jueza Wendy Carolina Rivera, encargada del juicio en la Sala I del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hizo un recuento cronológico desde que el expediente llegó el 30 de octubre de 2017, por lo que hoy se considera un expediente muerto.
Este caso se trata sobre las violaciones a los derechos humanos de la defensora de la soberanía en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Agustina Flores, docente que atendiendo el llamado del derrocado presidente José Manuel Zelaya, viajó desde Juticalpa, Olancho, a Tegucigalpa, el 21 de septiembre de ese año cuando el mandatario ingresó al país y se asiló en la Embajada de Brasil.
En la madrugada del 22 de septiembre la Policía Nacional irrumpió la zona aledaña a la Embajada montando persecución contra la oposición al golpe, entre ellas Agustina Flores, siendo brutalmente atacada, golpeada, torturada y apresada por tres semanas. Las policías se ensañaron contra ella, hasta un diente le botaron a punta de golpes en su rostro, relata la declaración de octubre de 2009 ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Hoy, la profesora ya jubilada, no pudo viajar a Tegucigalpa porque se está recuperando de un accidente que le fracturó una pierna, además padece del nervio ciático, entonces la Abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, le notificó a la Jueza la ausencia de su representada.
La togada manifestó que al ser la quinta vez que se reprograma este juicio (2 veces en 2018, 1 en 2019, 1 en 2020 y ahora) cae en mora judicial y es imputable para el Tribunal, por lo que es la alma vez que sucede. Aclaró que en ocasiones anteriores la representación legal de las policías, abogada Eiken Elvir, no se presentó.
“Todas las veces que he ido reprograman el juicio, y esta fecha me encuentro con una fractura, un síndrome ciático y problemas familiares”, declaró Agustina Flores, mediante comunicación telefónica.
Agregó que la situación de país no es alentadora e impacta en la salud emocional, además del mal tiempo por la pandemia del Covid-19, los actos de corrupción provocan estrés y ansiedad.
“Ya no espero nada de estos delincuentes, existe un alto grado de impunidad que permitirá la pena mínima a las policías y estarán en su casa como han estado todo este tiempo”. Es probable que las policías García y Ponce (separada de la Policía Nacional) continuarán en completa libertad sin siquiera cumplir las medidas sustitutivas a la prisión.
Por el delito de vejámenes las policías deberían cumplir entre 3 y 5 años de prisión según la legislatura hondureña. Aunque participaron más elementos policiales en las torturas contra Agustina Flores, hace 12 años, solo a Aracely García y Esther Ponce se logró identificar plenamente.
Por el equipo de defensa se apersonó la abogada Dora Oliva del COFADEH, y por el Ministerio Público el fiscal Walter Mendoza, quienes junto a la procuradora Cárdenas, estaban listos para el desarrollo del juicio que solo se dio por iniciado y continuará el viernes 19 de noviembre de 2021.
Dato: Desde que se dio la captura, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres Flores (asesinada en 2016), se puso en comunicación con Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ya que su hermana, la profesora Agustina había sido atacada y apresada por elementos de la Policía Nacional, durante un desalojo violento en las cercanías a la Embajada de Brasil, la noche del 22 de septiembre, donde estaba desde un día antes, el derrocado presidente José Manuel Zelaya.
Las órdenes de ataque a todo hecho de protesta eran dadas por el presidente de facto Roberto Micheletti con poder sobre las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.
Agustina Flores es hija de la lideresa social, Austraberta Flores, proviene del seno de una familia atacada por su convicción defensora; fue llevada en calidad de depósito durante seis días a una celda de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), hasta la audiencia inicial, donde el juez no aceptó ninguno de los arraigos presentados y la envió al Centro Especial Femenino de Adaptación Social (CEFAS), donde estuvo privada de libertad hasta el 12 de octubre de ese mismo año, tras el pago de una considerable fianza.
