El planeta, nuestra casa común, está perdiendo sus casquetes norte y sur por el calentamiento global que producen los gases de efecto invernadero atrapados en la atmósfera, justo debajo del gran paraguas que nos ha protegido de los rayos directos del sol.
El hielo sólido del ártico y el antártico está resquebrajándose progresivamente a un ritmo que aumenta el volumen de los océanos, provoca el desplazamiento de comunidades costeras, la desaparición de países insulares enteros y una variación drástica del clima, que amenaza nuestra existencia.
De nuevo lo repetimos, no se trata de un castigo divino para que vuelva Noé con su vieja arca a rescatar unos cuantos animales y unas cuantas parejas elegidas. No. Se trata de la mano criminal de las empresas de carbón, petróleo, mineras, represadoras, cementeras y toda esa mafia industrial, que va por ahí con sed de pisto.
Con diversos métodos para retrasar el colapso, la humanidad busca involucrar a los Estados, a las organizaciones de base y a las empresas para alcanzar metas antes del 2030, pero no hay manera hasta ahora de enfrentar la estupidez de los gobiernos y sus socios privados.
Por ejemplo, El Salvador y Honduras, los dos países de Centroamérica los más golpeados por temblores y huracanes, por inundaciones y hundimientos, por incendios forestales y sequedad que producen caravanas de migrantes climáticos, son los dos únicos países de América Latina y el Caribe que no firmaron la semana pasada el histórico Tratado regional de Escazú promovido por la CEPAL, en el seno de las Naciones Unidas.
“El tratado es un instrumento poderoso para prevenir conflictos ambientales, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza, en beneficio de las generaciones actuales y venideras”, dijo al respecto António Guterres, el Secretario General de la ONU.
Para la diplomacia de Bukele y del impostor Hernández, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, acordado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, no es una prioridad.
“Se trata de un acuerdo visionario que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región, para el uso sostenible de las riquezas naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres”, agregó el secretario general de Naciones Unidas.
Algo muy importante en este Tratado es que incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, ellos y ellas se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones, intimidaciones y asesinatos.
En Honduras, después del golpe de Estado han sido asesinados más de 130 defensores y defensoras de la tierra, los territorios, las aguas dulces, las zonas protegidas, los humedales, los litorales, manglares y bosques de coníferas, entre otras riquezas de los pueblos de la humanidad.
Ahora mismo, los pueblos garífunas de la costa atlántica que defienden su ancestralidad, están bajo amenaza del capital turístico y del crimen organizado que incluye municipalidades y consorcios políticos.
Igualmente, en el sur, liderazgos como el de Pedro Canales en Zacate Grande y la organización Más Vida en Valle y Choluteca, enfrentan a los delincuentes de las zonas de desempleo y destrucción, que deliran por la ruta del sur sobre el golfo de Fonseca.
Con este Acuerdo de Escazú se asegura la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y establece una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Sin embargo, la representante de Honduras en Nueva York, Lizzy Flores, prefirió obedecer la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Entre su salud personal por la pandemia del Covid 19 y la seguridad ambiental de todo un país. Y no firmó el 26 de septiembre.
Al respecto Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, explicó que “no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y a nuestras economías”.
Los países de América Latina y el Caribe, excepto Honduras y El Salvador, dieron un paso hacia adelante la semana anterior. El Acuerdo de Escazú, de 26 artículos, logró 31 firmas y nueve naciones ya lo ratificaron en sus parlamentos: Antigua y Bermuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Uruguay. ¡Qué vergüenza, señoras!
En la lista trágica, después de Colombia, Brasil y México, Honduras es la trampa mortal para las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Así está fichado. Y son los proyectos hidroeléctricos, de minería, silvicultura, agroindustria y bancos financiadores, los responsables de los asesinatos.
La familia de Berta Cáceres, por ejemplo, demanda el castigo para los ejecutivos del Banco FICOHSA y el Banco Centroamericano, por financiar Agua Zarca, la empresa que mató a la lideresa del COPINH en marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Por ejemplo, la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón, lleva más de tres años enfrentando a Lenir Pérez, heredero del rapaz Miguel Facussé Barjum, quien movió todo tipo de lealtades en la élite para violar la zona nucleo de la montaña “Carlos Escaleras”, un líder ambiental símbolo asesinado impunemente. Y todavía la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz reclama con vida a 5 dirigentes desaparecidos por defender su hábitat.
En esencia, la diplomacia mercantil de Honduras en Nueva York no firmó el Tratado Escazú porque éste incluye el consentimiento comunitario sobre la realización de proyectos públicos y privados, el respeto al debido proceso, la creación de tribunales de justicia ambiental y la reparación de daños causados a personas por las empresas del crimen organizado.
El artículo 8 relativo al acceso a la justicia en asuntos ambientales establece que el Estado parte asegurará la impugnación de fondo y procedimiento de cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental y de cualquier decisión, acción u omisión relacionada a procesos de toma de decisiones ambientales.
El artículo 9 referido a defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales garantiza un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, sin amenazas ni restricciones.
Este mismo artículo obliga al Estado a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas, y derecho a circular libremente.
Además, el Estado tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
Por eso no firmó Honduras. Por eso.
Sin embargo, el procedimiento para firmar en la sede de la ONU sigue formalmente abierto; es decir, Lizzy Flores aún puede hacerlo. Y aquí se lo vamos a recordar todos los sábados en este programa, para que no lo olvide.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 10 de octubre de 2020
