Esta semana la Corte Suprema de Justicia de Argentina convalidó las condenas contra dos altos funcionarios que ordenaron la represión del 20 de diciembre de 2001 en la que cinco personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas. La decisión sienta un precedente único en Argentina y en la región y confirma que los funcionarios políticos y jefes policiales tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus decisiones.
El gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la represión de las protestas que se habían vuelto masivas en todo el país en el contexto de una profunda crisis económica. Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados en los alrededores de la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de esa orden y otras muchas personas fueron heridas. A casi 23 años de aquel día y después de un extenso camino judicial, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas al entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. Confirmó, de esta manera, que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por cómo se utiliza la fuerza en los operativos.
Esta decisión deja un precedente único para nuestro país y para América Latina en tiempos en los que se legitima el uso de la violencia estatal contra quienes protestan. En democracia, los derechos a reunirse y a manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza estatal debe tener límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades policiales y políticas que ordenan los operativos.
A seis meses de gestión del presidente Javier Milei, elaboramos un informe en el que analizamos las políticas del gobierno argentino para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes quieren manifestar en las calles. El gobierno argentino reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su política de criminalización de la protesta y defendió la represión en una audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales. En esa instancia, representantes de la CIDH y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo antiprotesta del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de los manifestantes.
La semana pasada, en una protesta contra el ajuste a los jubilados, la policía le tiró gas pimienta en los ojos a una niña de 10 años y a un niño de 9. Cada vez más, en América Latina los gobiernos consideran que protestar es un delito o una afrenta al orden público, lo que funciona como justificación para el uso indiscriminado de las llamadas armas menos letales. En «De pies a cabeza» analizamos cómo estas armas afectan a quienes salen a la calle para defender sus derechos.
