Fotos/texto: Sandra Rodríguez
Comayagua, Honduras.- Ante la ausencia de los testigos que presentaría el Ministerio Público (MP), para declarar contra el dirigente campesino e indígena, Carlos Geovany López Cálix, el juez del Tribunal de Sentencia de Comayagua, al centro del país, pospuso el juicio oral y público hasta el próximo cinco de noviembre.
López, acusado por el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Carlos Benjamín, es integrante de la empresa asociativa campesina «9 de julio» ubicada en la comunidad de Las Huertas, San Pedro de Tutule, departamento de La Paz.
La acusación data del 20 de julio del 2010, mismo año en que nueve familias iniciaron un proceso de recuperación de tierras para cultivarlas, tener alimentación, trabajo y medios económicos que ayudaran al sustento familiar.
Cabe señalar que todos los socios fueron acusados por el mismo delito, y gozan de medidas sustitutivas a la prisión, explicó la abogada Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que forma parte del equipo de defensa junto a La Vía Campesina- Honduras.
Para Carlos López no ha sido fácil estos años de persecución, siendo el primero en ser arrestado, “solo me faltaron seis días para los cuatro meses”, narró, al recordar su tiempo en prisión, tras la audiencia inicial el 18 de julio del 2017, por orden del juez de Letras de La Paz, Hugo Danilo Torres Pérez, convirtiéndola en audiencia de revisión de medidas y le decretó prisión preventiva junto a Samuel Edgardo López Martínez (fallecido en extrañas circunstancias el 18 de febrero del 2018).
Estar en el banquillo de los acusados y verse sin Samuel, su compañero de lucha y criminalización le creó tristeza, “mi compañero se fue”, declaró a defensoresenlinea.com, haciendo referencia a su muerte. La madre de Samuel no pudo evitar las lágrimas al pensar que su hijo estuviera hoy también en ese juicio.
“Esta denuncia la tengo casi desde que iniciamos, pero como yo fui el primero que caí detenido, me acusan de todo, no sé de qué van acusar a mis demás compañeros cuando sean capturados” Carlos López
El juicio oral y público llegó hasta la presentación de la prueba documental y testifical, entre ellas la escritura pública de compra-venta de la tierra en litigio (desde 2010), y por el que se acusa de usurpación a López, en perjuicio del terrateniente Carlos Benjamín Arriaga, quién en diciembre del 2017 vendió al Instituto Nacional Agrario (INA), como entre regulador de los procesos correspondientes a la Reforma Agraria.
Por el lote de más de 30 manzanas de tierra, el INA pagó 2.5 millones de lempiras a Arriaga, quien al inicio solicitaba el doble de este monto. Ahora la tierra está a medias en poder la empresa campesina “9 de julio”, quien debe cancelar su valor al Estado de Honduras, pero aún no tienen el título de propiedad, denunció el ex secretario del grupo, Wilman Chávez.
Cuando el Ministerio Público informó la ausencia de dos testigos y se confirmó la no citación de otro, el juez solicitó unos minutos para luego suspender el juicio, el cual no se podría llevar a cabo sin la presencia de los testigos y del supuesto afectado, anunciando la reprogramación para el martes cinco de noviembre a la una y media de la tarde.
Incomodidad alargar el proceso
Cerca de 20 compañeros y compañeras campesinas e indígenas, esposa e hijas, y defensores de la Red Nacional de Defensores de Defensores de la Tierra y Territorio (Renadett) y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (Redhil-Paz), acompañaron a Carlos López, además de procuradores de derechos humanos del Cofadeh, e integrantes de la Central Nacional de Trabajadores del Campos (CNTC).
Desde Cabañas, La Paz, frontera con El Salvador, viajó Valentín Martínez, integrante de la Redhil-Paz, para presenciar por primera vez un juicio oral y público, como parte de la documentación y acompañamiento para lo que el COFADEH los ha formado. “Aquí la justicia camina patas arriba, como dicen, porque es a los pobres que ataca”, determinó.
Por su parte, también de la Redhil-Paz, Maragarita Pineda, quien llegó desde San José, La Paz, afirmó que se regresa muy enojada “porque esta gente no llama a los testigos, pero el fiscal insiste en que siga el juicio, es otro día perdido y no es culpa nuestra que la gente no haga caso (que los testigos no se hayan presentado)”. Ya no teníamos por que volver, pero la justicia se aplica sólo contra el pobre, hay tantos culpables por actos de corrupción y muertes gozando de libertad y nosotros por bagatelas estamos en juicio.
Con 17 años de estar en la defensa del territorio, Vicenta Hernández, en representación de la Renadett e integrante de la base campesina “Nuevo Amanecer” en San Pedro de Tutule, denunció que a veces los testigos citados ni siquiera conocen de los casos, por tal razón no acuden a las audiencias. Sin embargo, alargar este proceso es revictimizar a las víctimas.
El secretario regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de La Paz (CNTC-La Paz), Sebastián Reyes, expresó que la acción del fiscal es confusa, por que insiste en una criminalización de campesinos que ya tienen posesión de la tierra, aunque la denuncia sucedió antes, no tienen por qué criminalizar a los compañeros de la 9 de julio.
Consideró el también integrante de la Renadeth, y que la criminalización contra campesinos y campesinas no cesa por la irresponsabilidad del INA, ya que la mayoría de procesos de recuperación de tierras en La Paz, siguen en lucha para obtenerlas de manera legal.
En la Paz, según registros de la CNTC, más de 700 personas han sido criminalizadas por la defensa de la tierra y el territorio, de estas unas 15 guardan prisión.
Del derecho a la tierra emanan los derechos a la alimentación, vivienda y los demás medios para proveer salud, educación y seguridad social a más del 52 por ciento de la población mundial que es campesina. Solo en Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a una parcela de tierra, en el caso de La Paz, además son indígenas Lencas, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
En el marco de estos derechos campesinos e indígenas el COFADEH en trabajo conjunto con la CNTC y La Vía Campesina, desde hace tres años da formación y acompañamiento legal y de incidencia a la Redhil-Paz y Renadett, de las cuales, algunos de sus integrantes son víctimas de criminalización, persecución, desalojos violentos, amenazas y vigilancia de agentes de seguridad, judiciales y civiles.
