El 9 de agosto de 2019, los Tribunales de Jurisdicción Nacional sustituyeron la medida de prisión preventiva por medidas ex carceladoras a los Presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, figuras simbólicas de la criminalización de la oposición política.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos valora la medida sustitutiva aplicada. No obstante lamenta que hayan tenido que permanecer en prisión en condiciones infrahumanas por 19 meses, que la fiscalía no llegó a presentar pruebas de sus responsabilidades en actos constitutivos de delitos, todo lo contrario, coadyuvó a la violación a sus derechos constitucionales.
El proceso ha sido fundamentalmente injusto y viciado por graves violaciones constitucionales, que afectan sus derechos al debido proceso; sus defensas han solicitado que este Tribunal de Jurisdicción Nacional remita el caso a la Corte de Causas Comunes para que puedan litigar los reclamos que surgen de la injusta acusación.
En situaciones similares se encuentran Rommel Baldemar Herrera Portillo y Gustavo Cáceres, ambos aún en prisión preventiva con problemas de salud que incluyen depresión severa, amenaza que pone en grave peligro la vida y bienestar de Rommel Baldemar, mientras Gustavo Cáceres enfrenta trastornos neurológicos e incapacidad.
Los dos casos tienen en común que su detención fue irregular, el proceso judicial nunca logró comprobar su participación en la acción que se perseguía judicialmente, a pesar de ello, la Fiscalía los mantiene recluido en centros penales, en el caso de Rommel en uno de Máxima Seguridad.
El establecimiento de la prisión preventiva debería de tomar en consideración el derecho a la presunción de inocencia y aplicarse de conformidad con los principio de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Durante los últimos años, el Estado ha construido tres “mega cárceles” que parten de un modelo basado en regímenes de máxima seguridad que buscan controlar la actividad delictiva que pudiera originarse al interior de los centros de detención. No obstante es a prisioneros políticos y a defensores del ambiente a quienes ha remitido a este tipo de centros, como ha ocurrido con los defensores de Guapinol en este mes septiembre y con los defensores ambientales de Las Vegas en agosto de 2018. La detención preventiva es acompañado de aislamiento, dicho régimen es aplicado de manera prolongada a todas aquellas personas consideradas “de alta peligrosidad o con conducta agresiva”, sin considerar una evaluación individualizada del riesgo.
El aislamiento ha sido la regla para los prisioneros políticos y defensores del ambiente, medida que resulta claramente opuesta a los estándares de derechos humanos en materia de privación de libertad, y coloca la integridad personal en una situación especial de riesgo y con afectaciones que pueden prevalecer durante toda la vida de las personas sometidas a este régimen.
Los presos políticos deben ser puestos en libertad, no solo porque pueden recibir un mejor tratamiento médico fuera de prisión, sino porque son inocentes de los cargos por los que se le acusa.
A nuestros compañeros, Presos políticos y defensores del ambiente la justicia, y la democracia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus retos a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.
Exigimos libertad inmediata y garantías para la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación y para los que se defienden en libertad;
Exigimos la revisión y cierre inmediato de sus expedientes penales;
Exigimos que de manera inmediata sea atendida de forma adecuada la problemática de salud de nuestros compañeros y que se realicen los estudios, pruebas y protocolos necesarios para descartar cualquier riesgo a su salud;
¡Libertad Ya!
Tegucigalpa, M.D.C, 15 de septiembre de 2019.
