Tegucigalpa.- Este día el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) realizó en el centro Loyola en Tegucigalpa el Foro Público Internacional: “Berta Cáceres y la Justicia para los Pueblos Indígenas”.
El foro contó con panelistas nacionales e internacionales, quienes expusieron su punto de vista en torno a la falta de justicia en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016 en la Esperanza, Intibucá.
Entre los panelistas participaron Ana Eliza Samayoa, abogada experta en DDHH y miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); el abogado Wyatt Gjullin de Earth Ringts International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejos de Pueblos Mayas); Pedro Landa en representación de la Misión de Observación Calificada causa Berta Cáceres, y Berta Zúñiga, Coordinadora General de COPINH e hija de Berta Cáceres.
Berta Zúñiga, coordinadora general de COPINH e hija de la ambientalista asesinada, señaló dos logros importantes del COPINH junto al pueblo lenca en este caso, entre ellos en noviembre de 2018 un veredicto histórico que condenó a 7 hombres por el crimen a nuestra compañera Berta Cáceres; y luego entre el 2021 y 2022 el fallo condenatorio que en contra de Roberto David Castillo, presidente de la empresa DESA, empresa constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Además, señaló que en estos días como COPINH han emitido una alerta Urgente que se mantiene y, aún más, con los acontecidos este fin de semana con la captura del juez Marco Vallecillo (quien lleva el caso de Daniel Atala quien es señalado como uno de los autores intelectuales en el asesinato de la ambientalista).
“Está alerta urgente tiene que ver en que para nosotras existe una injerencia indebidas por parte del grupo económico que es el principal interesado en la construcción de este proyecto hidroeléctrico, que trabajó para detener a nuestra compañera Berta Cáceres, pero que también trabajó para la impunidad y sigue trabajando para la Impunidad en el proceso que nosotros demandamos de justicia y esclarecimiento de los hechos”.
Añadió que sabemos que esas acciones indebidas que no solo son acciones que se hacen en medios de comunicación, que nos han impedido el derecho a réplica, si no que se traducen en otras acciones que presionan a la Corte Suprema de Justicia para la emisión de las sentencias.
Zúniga siguió manifestando que “para nosotras esto es preocupante, porque sabemos que lo que pueda emitir la Sala de lo Penal, lo que pueda decir la Corte Suprema de Justicia, puede afectar negativamente estos esfuerzos para obtener la justicia para nuestra compañera Berta Cáceres.
Añadió que también puede afectar nuestros procesos y nuestra intención de también lograr la captura de los actores intelectuales, entonces en ese sentido reiteremos que estamos en una alerta, porque creemos que todo ese esfuerzo puede ser echado a otras con una decisión que no esté apegada al derecho.
Berta señala que no se ha dejado firme la sentencia contra las siete personas capturadas y aún hay un proceso judicial que está lleno de irregularidades en contra de Daniel Atala.
“Esta sentencia no se ha confirmado debido a presiones indebidas por parte de personas representantes de los intereses de la familia Atala, que hemos denunciado en diferentes momentos”, reiteró Zúniga.
La hija de la ambientalista asesinada recordó que a finales del año pasado se emitió un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en contra de Daniel Atala Midence, que fungió como gerente financiero de la empresa Desa, y que lamentablemente se hizo un procedimiento irregular que no garantizó la captura de esta persona por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Añadió que “hoy es una persona prófuga, que el proceso que se sigue contra esta persona ha iniciado con unas audiencias que están adelantando algunas informaciones o algunas diligencias, sin la presencia de esta persona”.
También mencionó que el juez que lleva este procedimiento es un juez que hoy se encuentra envuelto en un escándalo y al margen de esta situación en particular siempre hemos señalado toda acción que tenga que ver con corrupción, es preocupante y obstaculiza el acceso a las víctimas a la justicia.
El abogado Wyatt Gjullin de Earth Ringts International señala el porque es importante responsabilizar a las empresas de las grabes violaciones a derechos humanos que comenten.
“La importancia es mitigar por lo menos la impunidad, nosotros creemos que sentencias así, de decisiones por apurar, por ejemplo en el caso de la empresa que se logró condenar por violación a los derechos humanos, envía un mensaje poderoso a las empresas del mundo que la violación a los derechos humanos tiene consecuencias”.
Agregó que “no puede mejorar el compartimiento, digamos de las empresas para que respetan los derechos de las comunidades, los derechos de los pueblos indígenas y sus obligaciones bajo de derecho internacional de Derechos Humanos, entonces una razón para presumir eso es disminuir y mitigar la impunidad porque hacer justicia si es posible, hacer justicia para las víctimas del abuso corporativo del abuso estatal y eso puede tomar muchas formas ,no a veces son reparaciones económicas”.
Apolonia Agustín representante de CPO (Consejos de Pueblos Mayas) señala que la lucha de los pueblos indígenas, no solo en Honduras si no también en el resto del mundo, se puede lograr si las comunidades se organizan.
“Lo que nosotros como Consejo del Pueblo Maya y como comunidades hemos luchado y hemos hecho de manera especial, las comunidades organizadas desde siempre vienen luchando exigiendo su justicia que son sociales, económicas y culturales, pero especialmente lo que hemos luchado es a través de los derechos como fundamento de los pueblos indígenas”.
Para Pedro Landa, quien asistió al foro en representación de la Misión de Observación Calificada causa Berta Cáceres, expresa que es un retraso injustificado, reiterado y muchas veces con argumentos que son sutiles o infantiles a lo largo de estos seis u ocho años, que no tengamos en este momento una sentencia firme contra los actores materiales del asesinato de Berta Cáceres.
“Lo único que refleja de estos retrasos son los poderes que controlan nuestro sistema de justicia, y lo hemos podido ver con lo que ha surgido el fin de semana, como la justicia se transa, se vende”, sostuvo.
Añadió que aquí la justicia tiene precio y desde hace años, pues hubo un embajador de Estados Unidos que decía que la serpiente solo pica a los de pies descalzos, y precisamente eso demuestra que el poder económico está estrechamente vinculado.
A renglón seguido señaló que la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad está vinculado también estrechamente con el retraso a la resolución de estas dos percepciones que están pendientes para que los fallos queden firmes.
Agregó que los poderes económicos están interesados en destruir nuestros recursos, en destruir la naturaleza, en destruir los medios de vida, sin importarles si ahí hay o no comunidades.
“También hay que reconocer que de los años 80 a esta fecha ha existido una mutación en Honduras; anteriormente el sector empresarial invertía en tener aliados políticos en el Congreso (Nacional) para tomar decisiones, había otro sector político que tenía el control efectivo de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de la familia Rosenthal. Se lanzaba como candidatura presidencial, pero ellos no les interesaba llegar a la presidencia, era para tener el control de la Corte Suprema de Justicia, para evitar las demandas y sentencias por los delitos ahora lo que ha sucedido”.
Finalizó diciendo que “el cambio que se ha dado es que los empresarios se convirtieron en políticos, y por eso es que nosotros vemos como estas situaciones de retraso indebido e injustificado de dejar firme la sentencia de los dos casos que se han llevado para beneficiar por el asesinato de nuestra colega Berta Cáceres, siguen en esta situación que ya podría considerarse como un reiterado proceso de denegación de justicia.
