Tegucigalpa.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado a nivel mundial el 10 de diciembre, destacadas defensoras de derechos humanos y diputados con compromiso y conciencia humanista, se han expresado sobre la necesidad de que Honduras avance en las investigaciones y sanción de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente.
El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un hito al proclamar que todo ser humano tiene derecho a ciertos derechos inalienables.
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres ha expresado que “debemos mantenernos firmes ante el aumento de la intolerancia y construir un futuro de dignidad, seguridad, justicia y derechos humanos para todos.»
La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.
El documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), cumplió el pasado 30 de noviembre 41 de años de vida institucional en la defensa y promoción de los derechos humanos, la búsqueda de verdad y justicia sobre las desapariciones forzadas por razones políticas y la preservación de la memoria histórica.
A lo largo de estos años el COFADEH ha acompañado a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y ha obtenido en el Sistema interamericano de Derechos Humanos, importantes sentencias que forman parte de la jurisprudencia en la búsqueda de la justicia para los parientes y familiares de las víctimas.
Sin embargo el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre lo ocurrido con cerca de 200 detenidos desaparecidos y asesinados políticos en el período de 1980 a 1992, aún está en deuda por parte del gobierno de Honduras.
En el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos celebrado el 10 de diciembre, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo a www.defensoresenlinea.com que “yo considero que los pueblos del mundo deberíamos estar siendo sujetas y sujetos de derecho, pero por lo visto hasta ahora es un documento reconocido universalmente, discutido y leído por una gran multitud de los habitantes del planeta pero que está muy lejos de tener el disfrute pleno de los mismos”.
“Han pasado 41 años después de las desapariciones forzadas que se implementaron en nuestro país en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y hasta la vez, la respuesta, la buscamos, la deseamos y la esperamos los familiares”, dijo.
Los gobiernos tienen que asumir esa responsabilidad de la búsqueda, del desentierro de los restos y no que seamos los familiares que todavía andamos con la angustia, con la búsqueda para ubicar y desenterrar los restos y así tener un lugar donde podamos llegar a comunicarnos con ellos y ellas, señaló.
Respecto a la preservación de la memoria histórica sobre las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos, el COFADEH inauguró el pasado 8 de diciembre, la primera fase del Museo contra el Olvido en el valle de Amarateca al norte de Tegucigalpa.
El Museo contra el Olvido será un sitio para conocer lo que ocurrió en la época del terror en Honduras en el que Estados Unidos implementó con la complicidad de los gobiernos hondureños, la Doctrina de Seguridad Nacional, un plan macabro para detener, desaparecer, torturar y asesinar a opositores políticos. El COFADEH registró más de 200 detenidos desaparecidos, en su mayoría hondureños y otros de varias nacionalidades.
El Museo contra el Olvido, fue una casa de campo utilizada como cárcel clandestina donde agentes del estado de Honduras, que integraron “escuadrones de la muerte”, perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil con la Operación Cóndor.
Sobre este gran aporte a la memoria histórica, la Coordinadora General del COFADEH manifestó que el sueño de restaurar y aperturar el Museo contra el Olvido surgió desde que se conoció la existencia de lo que calificó como un “lugar de muerte, de tortura, donde se nublaba la vida y empañaba los ojos de muchas familias”.
Eso en el marco de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Día de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y en el marco de los 41 años de COFADEH, “abrir un espacio como este nos llena de esperanza, pero hay que tener resistencia en la sangre, hay que tener resistencia de conciencia”.
Para COFADEH ese es uno de los productos de resistencia de 41 años. Desde finales de los años 80´s, supimos de la existencia de ese lugar. A principios de los 90, hicimos todo para documentar, para ver cómo se podía involucrar a las autoridades de nuestro país, en este caso el Poder Judicial. Se intervino para hacer ahí inspecciones, y dentro de esas acciones solicitamos las pruebas de luminol en algunos sectores de la casa, explicó la reconocida defensora de derechos humanos.
Las pruebas de luminol se aplicaron en paredes de varios sitios de la casa del terror, de la cárcel clandestina y ahí se encontraron rastros de sangre de personas que fueron cautivas, torturadas y asesinadas en ese lugar, detalló.
“Las pruebas fueron irrefutables y se encontraron cualquier cantidad de sangre humana en dichas pruebas de luminol. Después intervenimos el sitio para realizar procesos de exhumación, tanto en el Museo contra el Olvido como en la casa El Diamante que en ese mismo tiempo, se abrió en sus proximidades, un hospital ilegal que funcionó por muchos años y ahí lo tuvimos intervenido con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, comentó.
Para nosotras esa apertura del Museo contra el Olvido nos alienta y nos sirve de mucho para continuar impulsando la búsqueda de verdad y la aplicación de justicia, resaltó Bertha Oliva.
Entre tanto la ex fiscal y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya dijo que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en el caso de Honduras la agenda es bastante amplia porque hay nuevas formas de violaciones a derechos humanos que se han reeditado, que se están cometiendo nuevamente bajo nuevos formatos y también otras de las cuales no logramos superar.
Rivera Joya apuntó que en general en nuestro país la situación de derechos humanos es muy compleja, crece el fenómeno de la desaparición forzada, están los conflictos medioambientales, la población LGTBIBQ también vive una situación muy fuerte de exclusión al igual que otros grupos sociales.
Pero también está todo el tema de “los crímenes del pasado”, que está pendiente y también afianzar la materialización de un derecho, que es el derecho a conocer la verdad.
“El derecho a conocer la verdad casi siempre lo asociamos a la figura de la desaparición forzada, es así que el derecho a conocer la verdad atraviesa todo el campo de los derechos humanos”, resaltó.
Es un derecho fundamental que se refiere a la obligación de los estados de investigar y esclarecer cualquier violación a derechos humanos y de proporcionar a las víctimas y sus familiares, toda la información completa y veraz sobre los hechos ocurridos, explicó la defensora de derechos humanos.
El derecho a la verdad descansa en las instituciones encargadas de ejercer justicia pero también en las secretarías de estado que puedan realizar investigaciones de carácter administrativo, tipo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), para garantizar la verdad como un hecho histórico que atraviesa el pasado y el presente, precisó.
La abogada Reina Rivera Joya explicó que dicha responsabilidad es tanto de los órganos administrativos como de los del sistema de justicia para investigar y sancionar efectivamente las violaciones a derechos humanos garantizando que las víctimas o sus familias, cuando ésta haya desaparecido, en el caso de la desaparición forzada, puedan saber qué fue lo que ocurrió.
“El derecho a conocer la verdad se encuentra plasmado de manera implícita en el derecho de acceso a la justicia tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión contra la Tortura y la Comisión Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, entre otros tratados”.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I-IDH) también ha hecho alusión sobre este derecho “como fundamental y como parte del derecho de acceso a la justicia y un derecho que precede al derecho a la reparación. El derecho a la verdad tiene múltiples implicaciones y una de ellas es poder reconstruir qué fue lo que pasó, que se haga justicia, que los hechos no se repitan y que se pueda dar una reparación efectiva”.
En el caso de Honduras hay toda una deuda de justicia transicional (verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición) de los crímenes que se cometieron en el pasado en los años 80´s pero también los crímenes del golpe de estado que sería importante para poder abrir un espacio de investigación, de esclarecimiento y de memoria colectiva, señaló Reina Rivera Joya.
Por su parte el diputado Ramón Barrios, miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional expresó a www.defensoresenlinea.com que sin lugar a dudas el Día internacional de los Derechos Humanos es un día para reflexionar sobre la violación y sobre la historia sistemática a que ha sido sometida la ciudadanía hondureña, las familias de las víctimas por parte de la responsabilidad del estado en la desaparición y la muerte de seres humanos que simplemente expresaron sus ideas en la forma que lo consagra la constitución de la República.
Barrios manifestó que “lo más importante es que las víctimas tienen derecho a dos cosas fundamentales: A saber la verdad, a saber qué pasó con sus familiares y de alguna manera la responsabilidad del estado, una vez estableciendo esa verdad, a reparar a las víctimas, a los descendientes, a los familiares. Eso es lo que hace un gobierno cuando vivimos en un estado de derecho”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su publicación de 2014 titulada: “Derecho a la Verdad en las Américas” expresó que el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos por parte de los Estados.
Frente a esta situación, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte (IDH) han establecido las obligaciones que corresponden a los Estados en supuestos de desapariciones forzadas de conformidad con los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
Estas obligaciones se centran en adoptar todas las medidas necesarias para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como para reparar de manera justa y adecuada a los familiares de la víctima. Asimismo, también se estableció como obligación establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo.
Los Estados también tienen la obligación de realizar, de oficio, una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente a fin de establecer la verdad de lo sucedido. La CIDH ha destacado el derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada a saber la verdad sobre lo ocurrido a sus seres queridos, así como la obligación del Estado de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con dicha obligación.
Para los familiares es de suma importancia recibir los cuerpos de las personas que fallecieron, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, y aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su publicación titulada: “Derecho a la Verdad en las Américas”.
