Catacamas, Olancho.- Un grupo de campesinos Nahuas que han venido luchando por la defensa de sus tierras y territorio, continuaran con su proceso de criminalización, luego que una jueza del Juzgado Seccional de Catacamas, Olancho, declara sin lugar la solicitud de aplicación del decreto de Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en relación a la amnistía para presos políticos y presos de conciencia.
La audiencia se realizó en horas de la tarde del lunes 13 de noviembre, donde la juez Jessica Salgado en su resolución emitida declara sin lugar la solicitud de aplicación del decreto de amnistía presentada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), a favor de un grupo de campesino Nahuas de la comunidad de Cuaca, municipio de Gualaco, quienes han sido criminalizado y judicializados por defender su tierra y territorio.
Los campesinos Nahuas afectados con ésta determinación de la jueza Salgado son Pedro Iván Juárez Padilla, Elvin Orlando Munguía Solís, Martin Selvin Escobar Escobar, Laureano Escobar Guillen, Juan Pablo Veliz, Jorge de Jesús Mejía y Julio Edilberto Solís, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por suponerlos responsables de los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de la Corporación Murillo Tejada S.R.L de C.V., representada por el señor Nery Murillo.
«Es una tristeza y una lástima que las autoridades de nuestro pueblo se consideren de esa manera, porque ninguno de nosotros, los criminalizados, hemos hecho nada, solamente trabajar para la comida, todos los cultivos han sido destruidos por el supuesto dueño», señaló Laureano Escobar.
Manifestó además que él nació ahí en la zona y tiene alrededor de 70 años de residir en el lugar.
«Yo tengo 70 años cumplidos, yo nací en ese puesto a donde se llama La Majada que fue a donde se adueñado ese señor y tiene la empresa, y que dice que es la familia, y eso no es nada de cierto; entonces es una lástima que las autoridades que tenemos al frente, que era la esperanza que teníamos, no nos defiendan de personas de esa».
Don Laureano, que es una persona de la tercera edad y que es el que lleva el sustento de su familia, señala que la situación es crítica debido a la pretensión del supuesto terrateniente.
«La situación es crítica, tenemos tres años de no poder sembrar un grano de frijol, los animales andan vagando, los que han quedado, los otros en la llena (lluvias) se ahogaron; entonces es una tristeza total, lamento el caso y que sea Dios que ponga su mano y él nos va a socorrer de todo peligro».
Por su parte Elvin Munguía, otra de las personas criminalizadas, señaló que se sienten decepcionados y afligidos por dicha resolución.
«Nos sentimos un poco afligido al ver que tenemos unos funcionarios públicos que están favoreciendo a los terrateniente, debido a que no dan por aprobado el recurso que propone la abogada defensora nuestra en lo que es la amnistía, sabiendo que sí es aplicable, y ver como la deniegan.
Munguía hizo un llamado a las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia porque considera que parece que hace falta quizá remplazar algunas autoridades que todavía no tiene la competencia para estar en estos puestos y así poder analizar bien lo que es a favor y en contra de los pueblos indígenas.
Con esta resolución, la jueza Salgado decide mantener la criminalización en su contra, desconociendo la labor de defensoría de los campesinos en la comunidad de Cuaca.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) elaborara un recurso de apelación contra esta resolución por considerar que la misma no está apegada a derecho, en vista que el decreto ley número 04-2022 de dicha ley establece que se debe aplicar la amnistía de manera incondicional absoluta e inmediata para defensores de la tierra y el territorio. como es en el presente caso.
