Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa. – Este día se instó al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Julián Pacheco, suspender de sus cargos al o los funcionarios policiales involucrados en los hechos que agredieron a estudiantes y defensores de derechos humanos a bordo de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), mientras acompañaban a siete universitarios que se mantenían en una protesta en defensa de la educación pública, el viernes anterior.
Los hechos sucedieron dentro la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH); Ariel Díaz de la Juventud por la Defensa de los Derechos Humanos (JDH); Tomy Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); y Hedme Castro, de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), fueron torturados y posteriormente capturados dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La solicitud de parte de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional consta en el comunicado N° 50 emitido este día. Además, sugiere realizar las investigaciones pertinentes que determinen si hubo o no responsabilidad en las actuaciones de los hechos ocurridos.
Sin embargo, desde ayer, un grupo de organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata destitución del Ministro de Seguridad, Julián Pacheco y la investigación pertinente para la sanción que corresponda. Asimismo, solicitaron la destitución de la Rectora de la UNAH Julieta Castellanos y la deducción de responsabilidades en los hechos ocurridos el viernes en los predios de la máxima casa de estudio.
“No queremos que nos den atol con el dedo, queremos que este comunicado se convierta en hechos contundentes que permitan lavar la cara a la comisión especial del proceso de depuración de la policía!! Dején de coquetear con el gobierno y grupos de poder .. q Queremos Fuera a Leonel Sauceda, Félix Adrián Colindres, Juan Aguilar Godoy y la polícia femenina «la flaca».Fuera, Fuera, Fuera !!!!! compartió Hedme Castro a través de su perfil en facebook.
Ha pasado cinco días de estos hechos que dejaron en total vulnerabilidad la labor de los y las defensoras de derechos humanos, que ejercen su labor en uno de los países considerados más peligrosos para este ejercicio. Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reitera que es deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo.
En el informe, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos (2015), la Comisión ha establecido que el Estado puede ser considerado internacionalmente responsable – por acción u omisión – por no proteger los derechos humanos de las personas defensoras en situaciones en las que los agentes del Estado o personas privadas utilizan indebidamente el derecho penal para obstaculizar sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, la CIDH ha recomendado que los Estados aseguren que las autoridades y los particulares no utilicen el poder punitivo del Estado con el fin de hostigar a las personas defensoras de derechos humanos y que el uso y la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva estén regulados de manera adecuada y que no estén empleadas para obstaculizar la labor de personas defensoras.
Medidas sustitutivas no detendrán labor de defensoría
De los cuatro defensores y dos defensoras de derechos humanos, capturadas el viernes anterior, Hedme Castro fue dejada en libertad horas después, mientras que Carlos del Cid, Ariel Díaz y Tomy Morales, permanecieron hasta el domingo a las dos de la madrugada bajo custodia policial, junto a 22 universitarios que fueron capturados en diferentes momentos el mismo día.
La CIDH, en su informe sobre DDHH del 2015, que los Estados deben reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad, cuyo compromiso se refleje en todos los niveles estatales, sea municipal, estadual o nacional y en todas las esferas de poderes –ejecutivo, legislativo o judicial.
Sin embargo, ese día, los policías hicieron caso omiso a la labor que ejercían, aun y cuando los y las defensoras se identificaron como tales. Al contrario, se emitieron comunicados de prensa desde la UNAH y la Secretaria de Seguridad justificando las agresiones.
Al momento de salir de los juzgados, con más de 30 horas sin dormir, los y las defensoras expresaron su afectación emocional y física, pero reiteraron que no se detendrán en la defensa de los derechos humanos, porque si así fueron tratados ellos y ellas, el trato a la población en general es más repudiable.
El representante del OEIDH, Carlos Del Cid, expresó que, estas horas de prisión han sido duras, sobre todo por la forma brutal por como fuimos capturados, según dictamen forense nos rosearon veneno, nos cao directamente en la cara, en los ojos, a otros en las manos, en la espalda.
“Los médicos dictaminaron que esto me provocó una conjuntivitis química y esto deja en riesgo mi cornea, debo ir al oftalmólogo cuanto antes, si esto hacen con los defensores de los derechos humanos y con los estudiantes que estábamos indefensos y lo hacen oficiales de la calidad de Sauceda y Colindres que no podemos esperar de la tropa para atropellar a los estudiantes”.
La periodista y defensora del ASOPODEHU, Tomy Morales, explicó que, nosotros simple y sencillamente fuimos a la UNAH con el objetivo de proteger la integridad física de los siete jóvenes que se encontraban en ese lugar y estos estudiantes prácticamente ya estaban privados de su libertad. Nunca, jamás, ninguno de los cuatro nos iba a tratar con semejante crueldad, tortura y saña con la que lo hicieron. Nos golpearon, tiraron gas pimienta, esto ha sido descomunal. Pero se da en un contexto para quienes defendemos derechos humanos, derechos de la tierra, ambientalistas, que este régimen está listo para enmudecer las voces de los defensores y defensoras en el país.
Y, el dirigente de la JDH, Ariel Díaz, afirmó que “nunca imaginé que en un supuesto estado de derecho viviéramos estas situaciones”.
Entrando, en este tribunal me encontré a un funcionario público del CONADEH y le manifesté lo inaudito que una sociedad democrática la institución garante de los derechos humanos no haya hecho nada para asegurar nuestra integridad como defensores y defensoras.
Para mí ha sido un momento de reflexión sobre la política en el país, sobre una política de persecución, de criminalización, de mano dura, de estigma contra defensores y defensoras que cuestionamos y desafiamos al status quo.
Por estos hechos, los y las Directores de las siguientes organizaciones: la Juventud por los Derechos Humanos, la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, Asociación Kukulcán, Colectivo Violeta, Movimiento de mujeres Visitación Padilla, Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Red de Nacional de Defensoras, el Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Red Cozumel Trans, y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Red de instituciones por los derechos de niñez y juventud(COIPRODEM), El Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), Comité de Derechos Humanos (CODEH), se declararon en ALERTA PERMANENTE.