Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- El joven Justin Josué Padilla Zelaya, de 21 años, es una de las víctimas de los ataques policiales y militares hoy martes 17 de septiembre, en la comunidad de El Hatillo, durante una protesta exigiendo se respeten los bienes comunes de la naturaleza en el Parque Nacional La Tigra.
Justín fue impactado en la pelvis, y esta tarde fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela Universitario, hasta donde fue trasladado en un vehículo particular, desde la comunidad ubicada a unos 11 kilómetros del centro capitalino.
Su tío, Reynaldo Girón, integrante de la Comisión pro Defensa de las comunidades del Parque La Tigra, declaró que el plantón era pacifico, y que los hechos se dieron durante la visita del alcalde municipal del Distrito Central (AMDC), Nasry «Tito» Asfura; y el vice ministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ángel Matute, según informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Además informó que Víctor Zúniga, también fue herido de bala, pero que –afortunadamente- estaba fuera de peligro. El joven fue impactado en el hombro derecho y recibió primeros auxilios de defensores que acompañaban la jornada de protestas, en la tercera semana de acciones en defensa de la reserva hidrográfica que abastece del 20 por ciento de agua a Tegucigalpa y alcanza a municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas.
Las tomas en defensa de La Tigra, zona que está amenazada por los construcción de un complejo habitacional de inversión privada con permiso de la AMDC y el ICF, inician desde las cuatro de la mañana, en puntos geográficos como El Hatillo, El Chimbo y San Juan de Río Abajo, aledaños a la capital, y son brutalmente reprimidas por las fuerzas represoras al mando de Juan Hernández, ilegal presidente de Honduras.
El alcalde Asfura ha negado que la construcción de “Bosques de Santa María” no es en zona protegida de La Tigra, y que responde a la necesidad de viviendas, por lo que, la semana pasada se anunció la suspensión del proyecto, no así la cancelación. Será hasta dentro de dos meses que se realice un cabildo abierto para tratar el tema que afecta a la población y atenta contra la vida.
El área de manifestación estaba custodiada por las fuerzas de seguridad pública, quienes empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, piedras y finalmente armas de fuego, sin mediar palabra.
Pese a los ataques de bala y encarcelamientos de tres pobladores, Adán ramos, José Ramírez y Carlos Ortega, enviados supuestamente para investigación a la posta policial de “El Manchén”, los y las defensoras de la Tigra y el agua, no cesaran en las protestas.
Al menos 25 países de América Latina y el Caribe han acordado la protección de los defensores del medioambiente, impulsado por Naciones Unidas, el cual deberá garantizar derechos de acceso a información, participación, y justicia. Pero en este denominado “acuerdo de Escazú” Honduras es uno de los grandes ausentes, pese a que es señalado por organizaciones internacionales como Global Witness como “el país más peligroso del planeta para defender el ambiente”.
Dato: Según Global Witness, 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica.
Cabe señalar que, el denominado Acuerdo de Escazú, marca un avance importante en cuanto al reconocimiento de los Estados de la implicación de la sociedad civil en temas de medioambiente y viene cerrar un ciclo de negociación empezado con la Declaración de Río de 1992.
