Tegucigalpa, Honduras.- Tras 14 horas de encierro lograron su libertad defensores comunitarios, periodistas y un menor de edad, que ayer fueron reprimidos por la agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
El hecho se dio en medio de un desalojo violento que, sin mediar palabra de parte de los agentes represores del Estado lanzaron bombas lacrimógenas y dieron persecución a los defensores que solicitaban el paso en favor de pequeños productores para que fueran a vender al centro de la ciudad, ubicada a 223 kilómetros al noroccidente de Tegucigalpa.
El tramo está cerrado por un retén militar y ciudadano para evitar el tránsito vehicular y el trasiego de personas que provengan del departamento de Cortés, uno de los más afectados por el Coronavirus o COVID-19 con 141 de los 222 casos en Honduras, reportados hasta el 2 de abril.
Defensores en Linea conversó con Angélica Smith, defensora legal que dio acompañamiento a los detenidos y estuvo en la estación policial a cargo del sub comisionado Lorenzo Pineda, desde las siete de la noche de ayer, hasta las seis de la mañana de este jueves, cuando salió con los criminalizados.
Smith aclaró que los detenidos eran siete líderes comunitarios, dos periodistas y un menor de edad (17 años, que permaneció encerrado mientras no llegara un responsable por él).
Ayer se mencionó que eran tres comunicadores sociales apresados mientras daban cobertura al desalojo violento, pero solo estuvieron privados de libertad Edward Fernández, de Tv Más Canal 26; y Roger David Iraeta, de Canal 6 Internacional. Mientras que Onán Zaldivar, de Patepluma Televisión HD canal 22, nunca estuvo allí, afirmó la abogada.
El Ministerio Público evaluó uno por uno a los defensores y periodistas, no encontrando delito en ellos, más bien expresó que la policía debe responder por violentar los derechos humanos específicamente de Fernández e Iraeta. Ya que, si se les acusaba de violentar el toque de queda expresado en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, éste exime a trabajadores de medios de comunicación.
Agregó que, se acordó que la policía debe estar en el marco de sus funciones, ya que, este ataque demuestra las intenciones de la DPI, cuyos agentes tienen perfilados a los periodistas que denuncian acciones arbitrarias contra la ciudadanía, y aprovechó la oportunidad “cayó un grande” decían los policías.
El periodista Roger Iraera, en comunicación con este medio digital, afirmó que los iban a acusar de dañar una patrulla ¿pero cómo sería eso posible? Si estaban grabando el ataque.
Es así que, no hubo denuncia, la DPI no podría argumentar un acto dirigido en un incidente tumultuario y difícilmente se podría individualizar la pena.
“Ellos [la policía]cometieron un error y ahora nos piden disculpas, y que aceptemos que somos responsables, cuando andamos con equipo a mano”, Róger Iraeta, periodista agredido y apresado por la policía y DPI.
Hubo personas que lograron huir de la persecución armada, escondiéndose en propiedades privadas. Como resultado de la cacería, la policía destruyó un hotel cercano. denució Angélica Smith.
Es así que 10 defensores de derechos humanos salieron sin cargos de la posta policial de Santa Bárbara, tras vivir una noche de zozobra, no solo por el encierro, revisión médica, sino porque, en el pueblo se organizó un centenar de personas que, indignadas por las acciones de los uniformados, caminaron hasta la posta para exigir la libertad de sus compañeros.
Hubo disparos frente a la jefatura justo a media noche, no hubo tal toque de queda, no hubo cuidados para evitar el contagio de COVID 19, la indignación era más fuerte.
Mientras tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), permanece a la espera del informe por el recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, que presentó anoche en favor de los líderes comunitarios y comunicadores sociales en el departamento de Santa Bárbara.
