Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI) dieron captura a 10 líderes comunitarios y tres comunicadores sociales esta tarde en la ciudad de Santa Bárbara, noroccidente del país.
Según denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el periodista Edgardo Guzmán, del canal Patepluma Tv HD, los responsables de la detención están al mando de un oficial de apellido Álvarez, quienes agredieron a un grupo de ciudadanos que abogaban por el paso de pequeños productores por un retén impuesto por vecinos desde la semana anterior.
Además existe una ordenanza municipal de no permitir la movilización humana y comercial hasta el próximo 12 de abril, como medida para contrarrestar la propagación del Coronavirus o Covid -19, que desde el 11 de marzo hasta este miércoles 01 de abril, se han confirmado 219 casos de coronavirus, de los cuales 14 personas han muerto y 3 recuperados.
Los ciudadanos capturados son líderes comunitarios y periodistas. La lucha era para que los encargados del retén dieran paso a pequeños agricultores que solo buscan vender su producto, y como hoy era día de movilización para un segmento de la población, la gente quería hacer movimientos bancarios y comprar alimentos y volver a sus casas.
En Santa Bárbara hay un cierre absoluto de comercio y banca, según una ordenanza municipal, contrario al Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, que enlista algunos negocios de servicio que deben estar abiertos, informó el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) al COFADEH.
Ante la negativa de la policía de no dejar ingresar a los vecinos de la cabecera departamental de Santa Bárbara, hubo un enfrentamiento violento, los agentes del Estado haciendo uso de su fuerza y abuso de autoridad, capturaron incluso a los comunicadores sociales Edward Fernández, de Tv Más Canal 26; Roger David Iraeta, de Canal 6 Internacional; y Onán Zaldivar, de Patepluma Televisión HD canal 22.
Guzmán, quien es hijo de Iraeta, denunció que a su padre lo llevaron esposado a la DPI. Y con el arresto de los comunicadores sociales, el Estado una vez más violenta el derecho a la libre emisión del pensamiento y libertad de expresión, estipulado en el artículo 72 de la Constitución de la República.
Además, a los periodistas se les decomisó su equipo de transmisión y les borraron el material que grababa el desalojo violento en la calle principal que conecta el centro con el noroccidente del país.
El retén se vuelve más rígido, denunciaron pobladores de Santa Bárbara, por temor a que pasen por allí personas provenientes del departamento de Cortés (zona norte), hasta ahora el más afectado por el COVID-19, y la población santabarbarense no quiere más casos positivos, ya que en el municipio de Colinas, una menor de 13 años, se contagió, sin explicar la línea o relación de adquirir el virus, únicamente que fue a dar a luz, en un hospital sampedrano. Lo que la hace doblemente víctima en la impunidad. Tener coronavirus y ser una menor abusada sexualmente. Colinas está totalmente cerrada, y la gente no tiene acceso a alimentos. Los contagiados pueden ser siete casos en tres municipios, segun información preliminar.
De la agresión de esta tarde, se salvó el vice alcalde Jesús Dubón Bueso, hermano del diputado por el Partido Nacional, Rolando Dubón Bueso, quien al ser identificado por la policía, lo dejaron ir.
Organizaciones locales instaron al Comisionado Municipal de los Derechos Humanos, a que presentara un recurso de Habeas Corpus en favor de los 13 ciudadanos, que al parecer estarán detenidos por varias horas.
El hecho que los defensores de Derechos Humanos no pueden accionar a su labor en medio de esta pandemia, por que no tienen salvoconducto, segun el PCM emitido ante la emergencia del COVID-19, es un error, agregó el MAS, ya que permite al régimen actuar deliberadamente, sin que se sean observados.
Así mismo, los medios de comunicación para los cuales laboran Edward Fernández, Roger David Iraeta y Onán Zaldivar, han condenado la acción violenta de parte de las autoridades policiales.
Mientras que, familiares de los detenidos denunciaron que han podido ver a sus parientes, pero afirmaron que si permitieron el acceso a un médico y un abogado, sin especificar nombres.
En el marco de toque de queda, más de 800 personas han sido capturadas a nivel nacional, por suponerlos responsables de violentar el PCM 021-2020.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, ha enviado información al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunciando al régimen de Juan Orlando Hernández, por acciones que violentan la libertad de expresión y el acceso a la información
