Tegucigalpa, Honduras.- Me dijeron que «si hablaba me iban a matar», eso me dio mucho miedo, porque uno de los oficiales es del pueblo. El que me golpeó nunca lo había visto pero «la cara nunca se me va a perder».
Estas con las declaraciones que ofreció César Arnulfo Blandón Merlo, un joven de 18 años, cuanto fue contactado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para conocer su caso, ocurrido el sábado 9 de mayo, en el valle de Jamastrán, departamento del El Paraíso.
Las torturas se dieron a conocer por videos que circularon en redes sociales y el monitores de violaciones a derechos humanos que realiza la Red de Defensores/as y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, acompañada por el Comité.
El dolor que César expresa en el video, aun se escucha en su tono de voz, la golpiza le dejó fracturas es una costilla, malestar en la cabeza y un brazo descompuesto, según relató su madre, la dirigenta comunitaria, Bienvenida Merlo.
César y su madre son parte de los equipos de vigilancia en el retén de Jutiapa, aldea de Danlí, a veces llega gente que quiere pasar de un solo y nos insultan, pero «no es justo lo que le hicieron a mi cipote”, denunció.
Ese día llegaron tres patrullas, dos oficiales se bajaron, pero otro que iba en una patrulla sin placa ni registro, se reusó a acatar la medida de higiene que está desde hace dos meses, cuando se informó sobre los primero casos de coronavirus en Honduras, y que actualmente reporta 5 casos positivos al 14 de mayo, según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
Hay formas ya establecidas de proceder. Pedimos a la gente que baje del vehículo, fumigamos las llantas y los vidrios, entonces cuando desinfecté el vidrio de la patrulla, el policía dentro creyó que era algo contra él, se bajó y «me pegó un pechugón», relató el joven, al referirse que el agente le golpeó el pecho.
Entre el forceje, al joven lo esposaron y subieron a la patrulla, para trasladarlo la posta de Danlí, pero en la comunidad El Obraje, donde llegaron tres patrullas más, el pueblo que lo iba siguiendo, se impuso en la carretera para que no se lo llevaran.
Al recordar lo que sufrió y las amenazas a muerte, a Cesar se le entrecorta la voz “me querían llevar preso a Danlí, pero la gente se unió a defenderme, era indignante como me trataron, porque yo solo hacía mi labor comunitaria”.
Y en ese lugar, según el César, un inspector de nombre «William» mediante llamada telefónica ordenó que lo soltaran.
Su madre recuerda que, cuando golpeaban a César, otro oficial le dijo a su compañero «soltalo, te has metido a un rollo grande», haciendo caso omiso. Es así que la solidaridad de la gente que se atravesó en El Obraje, no dejó que se lo llevarán a Danlí. Dos horas después, volvieron a la comunidad.
Pese a las amenazas emitidas por la policía contra sus víctimas en el marco de la emergencia, como ha sucedido en otros casos que ha documentado el COFADEH, a las víctimas se les amenaza para que no denuncien, pero la indignación popular rompe ese cerco de miedo y divulga la información a través de redes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde la puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo 021-2020 el pasado marzo, que suspende las garantías constitucionales, existe un “toque de queda” que en la actualidad solo permite a la población salir a hacer diligencias un día cada dos semanas, y en este sentido, doña Bienvenida expuso porqué aun no presentó una denuncia formal contra el policía que atacó a su hijo.
“No he ido a interponer denuncia hasta Danlí, por que aún no me toca circular, esta movilización es de acuerdo al último digito de identificación personal. En otros casos, aumenta la dificultad de denuncia cuando se carece de un medio de transporte privado, porque el servicio público está suspendido evitando la aglomeración de personas.
“Temo que entre más días pasen, esto quede en el olvido, no quiero que el caso se enfríe”, Bienvenida Merlo, madre César.
En videos compartidos en redes sociales, los agentes uniformadas de la Policía Nacional, forcejean a César, quién grita que lo suelten, que no le peguen, por que le están haciendo mucho daño. Mientras los ciudadanos intentan dialogar y mediar para que lo liberen, piden que los lleven detenidos a todos.
Entre el cruce de palabras, César dice «no le pegué a la patrulla», el policía lo acusa de golpear la unidad vehicular, sin registro ni placa, solo la leyenda que es de la Tasa de Seguridad Vehicular.
«Todavía lo pechuguió y lo está haciendo p”#$%» dice uno de los compañeros del joven, quien no deja de gritar pidiendo auxilio.
El oficial de apellido «Gómez» insiste en que nadie le está haciendo algo al joven.
En el primer informe publicado por el COFADEH en el marco de la crisis sanitaria por el COVID 19, concluye que “La actitud de las fuerzas represivas es la misma observada durante las manifestaciones pacíficas de la población por la emergencia institucional de los últimos diez años provocada por el golpe de Estado de 2009”.
Y entre las recomendaciones agrega que la respuesta prioritaria a la pandemia del coronavirus radica en garantizar inmediatamente la seguridad social básica para toda la población, sin sesgos políticos partidarios ni fundamentalismos religiosos; con seguridad social garantizada, bastaría para lograr una cuarentena domiciliar exitosa sin exponernos a toda la población a la autodefensa o a una nueva confrontación con el aparato militar por el desasosiego frente al riesgo mortal del Covi-19 mal gerenciado.
