Madrid.
La comunidad hondureña en España ha presentado una petición de amparo al Parlamento Europeo ante la grave crisis política y social que atraviesa Honduras tras las pasadas elecciones presidenciales, en las que el presidente saliente Juan Orlando Hernández ha sido acusado de fraude electoral.
La petición promovida por la Comunidad Centroamericana en España y la Comunidad hondureña en Madrid lamenta “la crisis política, social e institucional que vive Honduras tras las pasadas elecciones” y denuncia la “escalada represiva contra la población civil”.
El texto, respaldado por una veintena de organizaciones sociales, sindicatos y partidos, reclama, entre otros puntos, “que ningún gobierno de la Unión Europea reconozca al Gobierno de Honduras y la futura proclamación de Juan Orlando Hernández como nuevo presidente”.
La eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, quien participó como miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea en las pasadas elecciones, se ha comprometido a trasladar al pleno de la eurocámara la situación en Honduras para tener “un debate amplio y en profundidad”, y a tender puentes con otros grupos políticos para “aprobar una resolución que sea muy crítica y condenatoria de los actos represivos que han tenido lugar desde el día de la elección”.
En ese sentido, Sánchez Caldentey ha exigido en nombre de Podemos, que se detenga inmediatamente la represión violenta de las manifestaciones pacíficas –en las que han sido asesinadas más de 35 personas y cientos detenidas ilegalmente–, y se esclarezcan las responsabilidades por los crímenes cometidos. “Naciones Unidas lo está pidiendo y es lo mínimo que debería estar pidiendo toda la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede seguir dando la espalda”, ha sentenciado.
La Eurodiputada ha anunciado que el informe final de la MOE se hará público en la segunda semana de febrero y que, previsiblemente, no será hasta entonces cuando se pronuncie la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. “Estoy convencida de que, con ese informe sobre la mesa, todos llegaremos a la misma conclusión: que las elecciones presidenciales de 2017 no podrán ser consideradas ni libres, ni limpias ni democráticas”, concluye.
