El Estado mexicano es responsable de las desapariciones forzadas que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, según expertos de la ONU en derechos humanos.
El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo después en ninguna comisaría.
Ella y los familiares de la víctima presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus superiores.
Las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación.
Tales supervisores fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.
“Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directamente llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo”, según un comunicado publicado por el Comité.
México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.
Derechos violados
El Comité de Derechos Humanos señaló que todas las personas tienen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el acceso a recursos judiciales efectivos.
México ha violado todos esos derechos en el presente caso.
“México ha violado todos esos derechos en el presente caso”, dijo el Comité en su dictamen, que destacó que “no se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables”.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
Este órgano solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tomará para implementar el dictamen.
